Analistas aprueban gestión del gobierno Uribe en materia de seguridad

De izquierda a derecha, Martha Lucía Ramírez, senadora y ex ministra de Defensa; Salud Hernández Mora, moderadora; Juan Carlos Pinzón, viceministro de Defensa; León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris; Román Pérez, de la Fundación Ideas para la Paz; y Alfredo Rangel, de la Fundación Seguridad y Democracia (Fotos: Julián Ortega Martínez/equinoXio)

En el primer foro del ciclo 5 años de Gobierno de Álvaro Uribe: ¿Qué tan bien (o mal) lo ha hecho?, organizado por la revista Semana, los panelistas -salvo uno- coincidieron en que la gestión en materia de seguridad del gobierno del presidente Álvaro Uribe ha sido positiva para Colombia. El evento se realizó, con media hora de retraso, en el Auditorio de la Torre B de la sede de la Federación Nacional de Cafeteros de Bogotá y fue moderado por la columnista Salud Hernández Mora.

Inició la ex ministra de Defensa y actual senadora por el Partido de la U, Martha Lucía Ramírez, quien inició afirmando que ha habido un cambio positivo en la actitud tanto de la fuerza pública como de la ciudadanía en general frente a las amenazas de las guerrillas, por el discurso firme del primer mandatario y las acciones de las Fuerzas Armadas, cuyos resultados son positivos. Señaló que el incremento de la presencia del Estado, representado en ejército y policía, en algunas zonas otrora abatidas por la violencia insurgente o paramilitar, debería ser acompañado por otras instituciones, en especial la rama judicial. Añadió que el debilitamiento de las FARC es "irreversible" debido a las acciones de la fuerza pública y que, no obstante, hablar de "consolidación", como se ha bautizado al plan gubernamental que sirve de continuación al llamado Plan Patriota, era un poco "pretencioso". También habló de la necesidad de reforzar la presencia estatal en las zonas de frontera. Finalizó su intervención insistiendo en la necesidad de herramientas jurídicas, como un Estatuto Orgánico de Seguridad y Defensa, una Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, y una Ley de Seguridad y Defensa que estructure los roles de cada una de las fuerzas (ejército, armada, fuerza aérea, policía) y la complementariedad entre las mismas.

La senadora Martha Lucía Ramírez y la columnista Salud Hernández

Por su parte, el analista Alfredo Rangel, de la Fundación Seguridad y Democracia, resaltó con estadísticas los logros de la Seguridad Democrática, reconociendo que en parte ha continuado con el reforzamiento de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Andrés Pastrana, y que la política de paz, con la desmovilización de los paramilitares, ha contribuido al descenso de crímenes como el secuestro, el homicidio (30% de cuya caída corresponde a Medellín) o las tomas a las poblaciones. Afirmó que la existencia de bandas emergentes de paramilitares, compuestas según él por alrededor de 3.500 hombres, no significa un "resurgimiento" de ese fenómeno. Estuvo de acuerdo en que la percepción de los colombianos, de los inversionistas y de la comunidad internacional en cuanto a la seguridad mejoró y que por primera vez en mucho tiempo ha habido un cambio en la dinámica del conflicto, pues el Estado es el que se ha reforzado mientras que los grupos ilegales se han debilitado.

No obstante, Rangel criticó al gobierno por no tener una estrategia "eficaz" contra el narcotráfico y dijo que estaba equivocado al insistir en la reducción de los cultivos y en la aspersión, porque "las maticas no tienen la culpa" y porque las estadísticas demuestran que Colombia duplicó la producción de la cocaína, a pesar de cortar a la mitad el área de cultivo, y de las extradiciones y las grandes incautaciones del alcaloide, aunque reconoció que el gobierno ya se percató de esta situación. Asimismo, la seguridad ciudadana ha sido un "lunar", por el aumento de delitos contra el patrimonio en zonas urbanas. Agregó que los retos estaban en la ejecución del inmenso presupuesto en defensa para el incremento de la movilidad y del pie de fuerza. El panorama, según él, es de una "inmensa mejoría […] como nunca había sucedido en los últimos decenios".

Prosiguió Román Pérez, coordinador del área de seguridad y postconflicto de la Fundación Ideas Para La Paz, quien empezó pidiendo "despersonalizar" el tema de seguridad de la figura del presidente Álvaro Uribe, pues al final la política de seguridad continuará aun sin que Uribe esté. Para él, en la dinámica del conflicto hay procesos y hechos que no pueden atribuirse propiamente a la política de seguridad, como el rearme de bandas disidentes o emergentes de desmovilizados de las AUC, ejércitos privados que se forman por dinero. Respecto de ciertas políticas, reconoció que en 2002 los márgenes para tomar decisiones eran limitados y que es necesario corregir las consecuencias no deseadas de asuntos como el incremento del pie de fuerza, que produce un déficit de mandos para que ejerzan control de la fuerza.

Como retos, Pérez planteó la sostenibilidad de la seguridad democrática en el tiempo, pues factores como la economía o la ayuda de los Estados Unidos cambian constantemente (en este último caso, la campaña electoral cambia las prioridades de ese país respecto del exterior), la necesidad de extender las mejoras en seguridad en las zonas donde no ha mejorado la situación y de "quebrar" la reproducción de la violencia, señalando que las desmovilizaciones de algunos guerrilleros no son voluntarias sino producto de la presión militar. Habló de algunas cosas por hacer, como mantener el pie de fuerza y destinarlo para lo que haga falta (policía rural, mandos), introducir cambios en los programas de desmovilización (haciendo énfasis en los mandos medios para evitar que reconstituyan grupos violentos) y desarrollar una estrategia de "contramovilización", para evitar el reclutamiento de los grupos armados ilegales. Dijo que había la necesidad de cambiar los criterios de evaluación de los éxitos de estas políticas, como abandonar el llamado body count, y de fortalecer el Ministerio de Defensa y de luchar contra la corrupción dentro de la fuerza pública, pensando en soluciones, como reformar la justicia penal militar. La mejora en la seguridad, a su juicio, ha sido "espectacular".

A diferencia de sus compañeros de foro, León Valencia, de la Corporación Arco Iris, fue más crítico de los resultados de la Política de Seguridad Democrática. Inició su intervención manifestando su temor de que la llegada de Uribe al poder en 2002 produjera en el país algo similar a lo sucedido en Antioquia, donde según él se recrudeció la violencia cuando terminó su periodo en la gobernación, si bien dijo que los hechos mostraban signos de lo contrario. Valencia afirmó que había que medir los resultados respecto de los propósitos que se hicieron cuando se planteó la política y la inversión realizada. Según él, dichos resultados son "precarios", por cuanto, a pesar de que las Fuerzas Armadas se pusieron a la ofensiva, y como tal deben medirse los "daños" que éstas hacen a la guerrilla, no se ha logrado derrotar a las FARC, sino que éstas están "vivas" y han logrado "defenderse", mantener su retaguardia en el Piedemonte Amazónico y desplazarse a zonas como Nariño que tradicionalmente eran ajenas al conflicto, a pesar de haber perdido igualmente zonas. Respecto de la "pacificación" del norte del país mediante la "negociación" de las AUC, afirmó que la desmovilización del fenómeno paramilitar ha sido parcial y que la parapolítica ha cambiado la percepción desde afuera del Estado colombiano, antes víctima, luego victimario, por las alianzas del paramilitarismo con sectores políticos que eran "Estado" en ciertas regiones del país y sus crímenes (más de 10.000 desaparecidos entre 1999 y 2003, cifra que aumentaría a 30.000, "peor que en las dictaduras del Cono Sur").

Para Valencia, las redes del narcotráfico están "intactas", y no hay control de 23 de los 40 principales mandos y de cerca de 900 mandos medios, y manifestó que "nadie estaba contento" con la negociación, ni siquiera los paramilitares (ante lo cual, Rangel apuntó que eso era signo de que es una "buena" negociación). El destape de la parapolítica, resaltó, no se dio por la seguridad democrática sino porque el Estado, en especial la justicia, "empezó a actuar". Igualmente criticó a las universidades por no haber estudiado desde la academia la parapolítica, a diferencia de su fundación. Respecto de los recursos, citó como "esfuerzos del país" el aumento del gasto en defensa (de 3,6% del PIB en el gobierno Pastrana a casi 5% en la actualidad) y de la presencia y el control estadounidense, y que esos esfuerzos eran "desproporcionados" al compararlos con los resultados. Finalizó diciendo que el tema de la seguridad no se iba a resolver por la vía militar sino por la negociación, buscando una "reconciliación nacional", calificando de "equivocada" la estategia del gobierno y que ésta estaba causando una "tragedia" nacional a los colombianos, como los desaparecidos o la muerte de los 11 diputados a manos de las FARC.

Para responder a Valencia, Rangel subrayó que los crímenes citados ocurrieron antes del ascenso de Uribe al poder y que el primer mandatario estaba acabando con la parapolítica, encerrando en las cárceles a los políticos y permitiendo a las víctimas denunciar. Pérez señaló que no se podía equiparar al paramilitarismo con el Estado (que según él son "las instituciones"), y calificó de visión "vieja" aquella según la cual el "Estado está al servicio de unas élites". Hernández repuso preguntándole con algo de ironía "¿No? ¿En Colombia no?", causando la risa de un sector del auditorio. Para Pérez, la corrupción no formaba parte "integral" del Estado y citando el ejemplo de Italia, hay que "limpiar la casa", sin poner en duda las instituciones. Ramírez apuntó que era lógico que el proceso de desmovilización de las AUC, que desbordó lo planeado, tuviera algunas fallas, pero que los éxitos eran mayores y permitían justificarlo. Criticó la "doble moral" de los colombianos, que en un comienzo se negaba a reconocer la existencia de las autodefensas y ahora se escandaliza cuando se pone el tema sobre la mesa.

El viceministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el analista León Valencia

El último en intervenir fue Juan Carlos Pinzón, viceministro de Defensa, quien afirmó que "no hay indicador en materia de seguridad que no haya mejorado en Colombia" durante el gobierno Uribe, destacando los logros en materia económica y social (crecimiento económico, el mayor en 20 años, y reducción de la pobreza). Reconoció la modernización de las Fuerzas Armadas durante el gobierno Pastrana, y destacó la implementación formal de una política de seguridad que el país necesitó por años y el liderazgo del presidente Uribe, que ha "motivado a los colombianos" a actuar en el tema. Subrayó la ofensiva de las Fuerzas Armadas, que servía entre otras cosas para prevenir crímenes en contra de la integridad de los colombianos. Como consecuencia, las FARC, "en la medida que pueden" por el "acoso" de las Fuerzas Armadas, se han replegado, en contraste con épocas en las que 500 ó 600 guerrilleros se tomaban poblaciones como Mitú, capital del departamento del Vaupés, al sudeste del país, o realizado acciones que "impacten" sicológicamente en la población civil y en los medios, como los carros-bomba, en lugar de golpear "militarmente". Respecto de los "mal llamados paramilitares", resaltó que la Ley de Justicia en Paz establece unos "castigos" que no existían en Colombia ni en países como Guatemala o El Salvador y que el gobierno ha decidido "políticamente" impedir el surgimiento y consolidación de nuevas bandas criminales.

Pinzón defendió la política antidrogas, con la aspersión de cultivos, y que la respuesta de los narcotraficantes había conducido a un debate interno para cambiar la estrategia. Resaltó el fortalecimiento de la fuerza pública (pie de fuerza, equipo, inteligencia) y el esfuerzo para controlar territorialmente las zonas apartadas (coincidiendo con Ramírez en la necesidad del acompañamiento de los jueces y de los programas sociales). Habló de la reforma a la educación militar y policial, de roles y misiones de cada fuerza, y de la Justicia Penal Militar, que, según él, podría pasar a la rama judicial, saliendo del ministerio de Defensa. Cerró diciendo que los beneficios de la seguridad estaban tocando a todos los colombianos, porque en Colombia, a diferencia de otros países, "la seguridad es un medio para el bienestar". La senadora Ramírez acotó diciendo que ninguno de los panelistas había mencionado la necesidad de tratar el problema del desplazamiento forzado y resaltando la prioridad de la educación de militares y policías, criticando la exigencia de muchos colombianos de que ellos se comportaran "sofisticadamente" cuando su nivel educativo no suele ser el mejor.

¿Y el proceso con el ELN?

Los panelistas acordaron, en líneas generales, que el proceso de paz, actualmente en fase de exploración, con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) va por buen camino, por su decisión de abandonar la lucha armada y la voluntad del gobierno, según Rangel. Pérez señaló que la dirigencia del ELN era cada vez más débil para controlar a sus hombres, que las condiciones de seguridad incentivan una posible participación en política y que la radicalización de las FARC ha hecho que el ELN se aparte de este grupo terrorista, pero expresó sus dudas sobre la desmovilización "total" de la guerrilla procubana. Valencia, quien formó parte del comando central de esa guerrilla en los años 80, expresó que el ELN, a pesar de los obstáculos, tiene la voluntad de negociar y que era importante asimismo lo expresado por el ELN en el sentido de liberar a los secuestrados en su poder, insistiendo que la única salida al conflicto con cualquier actor armado, incluidos los paramilitares, era mediante el diálogo, para quitarles la justificación política que dichos grupos pudieran tener.

El foro puede escucharse en su integridad en la página web de la emisora de la Universidad Nacional. El ciclo continúa el miércoles 22 de agosto, con el tema de la economía.

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