En estos momentos de euforia, donde los superlativos están a la orden del día, con el pulpo Paul incluido, decir que España apenas le pudo ganar con lo justo a un joven equipo alemán en trance de formación, con escaso roce internacional, de suyo constituye un sacrilegio.

Cuando el árbitro pitó el fin del partido contra España, mi hijo menor se volteó y me miró como si regresara de un sueño. Suspiró y me dijo: “Qué verracos”. En la pantalla se veían los rostros agotados de los paraguayos, entre los que se destacaba el de Haedo Valdez, levantando los brazos ante sus hinchas, respondiendo a los aplausos de propios y extraños que premiaban su entrega en la cancha.

De paso por Caucasia (Antioquia), me encontré con la vereda Las Malvinas. Esta vereda se encuentra ubicada en la Troncal de la Paz, pasando el Puente Carlos Lleras Restrepo. a 4 km de la cabecera municipal de Caucasia y que comunica esta población con los municipios de Zaragoza y el Bagre.

La primera impresión cuando me bajé del bus en el que me transportaba fue la casa semidestruida por acción de una granada que recientemente se había lanzado a los habitantes de esta vivienda.

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A veces da la impresión que la excesiva exposición masiva de propaganda oficialista eclipsa la definición castiza de democracia. Como se había señalado en un artículo anterior, el hecho que en ciertas zonas del país haya la libertad de votar no quiere decir que se esté viviendo en una democracia. La democracia per se es el gobierno del pueblo para el pueblo, en donde el juicio y participación de los ciudadanos son el trampolín que llevan al desarrollo de cualquier nación. Es decir que no siempre la representación aboga por los intereses nacionales.

Los principales proyectos de la actual administración, como el andamiaje de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, la reelección presidencial, la perpetuación del Sistema General de Participaciones, entre otros, fueron impulsados y tramitados con ayuda de votos que hoy se encuentran en las principales cárceles del país o, en su defecto, investigados por los delitos que ya el público conoce. Es decir, el tránsito de esas iniciativas de naturaleza legislativa, por ser en parte impulsadas por legisladores que fueron elegidos con ayuda de grupos al margen de la ley, es totalmente ilegítimo… una cosa es la representación popular, en cabeza de sus parlamentarios independientemente de la cámara a la que pertenezcan, y otra cosa son parlamentarios elegidos por votos coercitivos, es decir, por ciudadanos que votaban con un rifle apuntándoles a la cabeza. En el mejor de los casos, elegidos con votos obtenidos con “platica” de los dueños de tales rifles…

Teniendo en cuenta lo anterior, el hecho que el actual Congreso de la República haya sido elegido por sufragio, como lo establece la Constitución y las leyes, no quiere decir que se esté haciendo democracia. Menos cuando los legisladores que conforman la coalición ni siquiera discuten los proyectos que vienen del ejecutivo y sólo se limitan a votarlos; como se dice en la jerga legislativa, “pasarlos a pupitrazo limpio”. Este escenario hace recordar cierto parlamento del año 1933, cuyas mayorías fueron elegidas por una intensa campaña de intimidación y permitieron que, el jefe de Estado, el Reichskanzler, le despojara a la corporación sus facultades legislativas llevando a que él pudiera concentrar el poder. El actual Congreso de la República, desafortunadamente, tiene esa característica: se parece a ese Reichstag, el cual no se encargaba del control político y de la defensa de la concepción misma de democracia afincada en la división de poderes y la institucionalidad, sino de parecer una especie de tribuna llena de “porristas” vitoreando todas las iniciativas del régimen.

La oposición en Colombia, al igual que en ese Reichstag, fue aplastada desconsideradamente. La propaganda se encargó de reducirlos a ser antítesis de la paz, a ocultar la buena administración y sólo resaltó abruptamente sus desaciertos. Los pocos focos de oposición que aún quedan para limitar el poder y desligar los procesos políticos del peor de los autoritarismos, tambalean por no recibir apoyos del gobierno central. El esquema administrativo de carácter centralista, en cabeza de un dictador, acaba con cualquier movimiento que se le oponga.

Ahora, el Congreso tramita un referendo, acción autoritaria disfrazada de democracia por las cerca de 4 millones de firmas que lo apoyan, en donde pretenden perpetuar en el poder a un dictador, que en su tercer periodo concentrará los tres poderes públicos en aras de mantener sus políticas agroindustriales y de seguridad, las cuales, como se ha demostrado hasta la saciedad, ha defendido los intereses de las mismas “20 familias”. La oposición no tiene la más mínima posibilidad de atajar este aplastador movimiento parlamentario, que tiene la totalidad de los votos necesarios para pasar la iniciativa.

Lo que la excesiva propaganda oficialista ha eclipsado a esos 4 millones de ciudadanos es que “la popularidad no significa democracia”. Pinochet era popular, Stalin también lo fue y ni hablar del Führer en la década de 1930. ¿El hecho de ser populares hace de sus administraciones ejemplos de democracia? ¿El hecho de tener a sus pies un Parlamento elegido por voto que vitorean intereses particulares hace de sus sistemas monumentos del gobierno popular? La verdad, es punto que todo colombiano se debe cuestionar, antes de sostener lo que muchos “demócratas de bolsillo” salen a decir en los escenarios internacionales: “Colombia es la democracia más estable de América Latina”.

Fotos: Marsares

El desfile en Bogotá no presagiaba nada distinto a lo mismo de otros años. Más pancartas que gente, los mismos dinosaurios, las mismas quejas, la misma desaprobación a Uribe. Los mismos discursos cansados, repetidos, obsoletos, el mismo recorrido, el mismo escenario y las mismas consignas.

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El segundo inciso del artículo 3 de la ley 133 de 1994 señala: “todas las confesiones e iglesias son igualmente libres ante la ley”, asunto que da comienzo a un Estado abierto sin someterse a los designios de ninguna religión en particular. No obstante, tras la promulgación de la ley en mención, no quedó claro un reglamento o estatuto que establezca derechos y deberes en asuntos de educación, espacios públicos, naturaleza económica de la actividad y requisitos específicos de operación. Pese a que se relegó en parte a las autoridades municipales y distritales, resulta necesario establecer parámetros a lo largo de la nación para que la “operación” de las confesiones o iglesias no vayan en contravía de los intereses del colectivo.

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Luego de absolver disciplinariamente al ministro Diego Palacio, al embajador Sabas Pretelt y a otros tres implicados, el Procurador Alejandro Ordóñez no objetó que su delegado ante la Corte Suprema pidiera la condena de Teodolindo Avendaño en el proceso que se le sigue por cohecho. El país se asombra. ¿Cómo es posible que se pueda sancionar al que recibió las prebendas y se absuelva a los que se las otorgaron?

Varias precisiones:

Los procesos disciplinarios investigan y sancionan faltas disciplinarias y no delitos. Se examina en ellos si el funcionario faltó a los deberes que el cargo le impone. Puede suceder que cometa una falta y ésta no constituya un delito, como por ejemplo, en el caso de los guardianes de las cárceles, contraer deudas o efectuar negocios con familiares de los reclusos. Otra caso puede ser el de quien ejerce el cargo pese a estar suspendido, o quien efectúa nombramientos desobedeciendo el congelamiento de la nómina por directiva presidencial.

También puede darse el caso de que un funcionario cometa un delito que no constituya falta disciplinaria como matar al amante de la esposa, causar daños al medio ambiente en un terreno de su propiedad, o injuriar al vecino por problemas particulares. La razón es que no cometió las conductas en razón de su cargo.

Sin embargo, hay conductas que caben tanto en el campo disciplinario como en el penal y éste es el caso del cohecho. Ofrecer prebendas a cambio de actuaciones que favorezcan sus intereses, o los de un tercero, hace que el funcionario incurra en una falta gravísima, cuya sanción es la destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos, aparte del proceso penal que deberá seguírsele.

El cohecho, como bien se sabe, es un delito de doble vía, es decir, para que se estructure se necesita que haya un funcionario que ofrezca y otro que acepte. Si yo ofrezco pero el otro no acepta, no hay cohecho, como tampoco si yo tuerzo mi decisión sin que haya habido ofrecimiento de por medio. Se cometen otros delitos, pero no el de cohecho.

En el caso de Teodolindo Avendaño, representante a la Cámara, cuyo voto era crucial en la Comisión Primera para decidir la suerte de la reelección presidencial, el procurador delegado ante la Corte Suprema, Jorge Alberto González Vásquez, tiene un concepto muy claro sobre su responsabilidad penal. Según sus palabras, Teodolindo “fue el eslabón de una acción criminal” que no es otra que una conspiración para torcer la voluntad del legislador a favor del presidente de la república, hecho notorio dada su apabullante popularidad en las encuestas sobre intención de voto.

Esto quiere decir que tanto Teodolindo como Yidis Medina no actuaron solos. En palabras de González, “Yidis se retracta de su propuesta de archivo y Teodolindo no vota, omitiendo los deberes de su cargo, por haber recibido promesa remuneratoria”, que se concreta para el procurador González en más de 200 millones de pesos, producto de la venta de la Notaría 67, calificando este monto como “el precio del delito”.

En otros términos, González le da pleno valor a la versión de Yidis Medina, contradiciendo a su jefe, el Procurador General, quien, al absolver a los cinco funcionarios del gobierno, desechó las declaraciones de Medina por contradictorias.

¿Y los cohechadores?

Infortunadamente González no podía pronunciarse sobre ellos, como tampoco la Corte Suprema de Justicia, por falta de competencia. Le corresponde a la fiscalía realizar esta tarea y si se tiene en cuenta no sólo las declaraciones de la propia Medina, sino también el aumento de sus patrimonios y las crónicas periodísticas de la época que relataron el encuentro de Palacio, Pretelt y los demás con los parlamentarios Teodolindo y Yidis, cambiando su voto la una y dejando de asistir a la votación el otro, la posibilidad de una acusación en su contra se fortalece en grado sumo.

¿Y el proceso disciplinario?

Ordóñez ya no se muestra tan radical como al comienzo cuando desechó el proyecto de fallo sancionatorio que le dejó su antecesor, Edgardo Maya. Dice que el caso no está cerrado puesto que hay pedidos de reposición de la providencia. De igual forma señala que sólo puede fallar sobre lo que hay en la investigación y que allí no aparecen pruebas sobre la supuesta "venta" de la Notaría 67.Es cierto que sólo se puede fallar sobre lo que se encuentra en la investigación, pero hay muchos y variados elementos de prueba que tuvo en cuenta su antecesor para el proyecto de fallo condenatorio y que Ordóñez desechó.

Aunque en principio se descarta que la revoque, la contundencia de las pruebas incriminatorias es de tal magnitud que bastaría para que la Sala Plena de la Corte Suprema le abriera un proceso disciplinario, y dado que es una falta gravísima por haber cometido un delito (prevaricato) en razón de su cargo, podría ser destituido.

Conociendo a la actual Corte Suprema, la situación se le torna complicada al Procurador Ordóñez, metido a estas alturas en camisa de once varas. Si revoca, su credibilidad queda seriamente cuestionada y de paso se resiente gravemente la legitimidad del gobierno. Si confirma el fallo absolutorio, su destitución lo arrojaría al ostracismo jurídico y político, aparte del proceso penal consiguiente.

El Procurador necesita su Ariadna para salir del laberinto en que se encuentra. ¿Alguien se le mide?

Mientras una encuesta reciente muestra que los colombianos nos creemos el ombligo del mundo, éste sigue su marcha sin darse por aludido. ¿A quién le importa que, por ejemplo, Noemí Sanín se haya devuelto a su cómoda embajada, declarándose “decepcionada”, luego de comprobar que sin el guiño de Uribe su linda figura apenas clasifica para entrevistas nostálgicas? Noemí es como la Amparo Grisales de la política. Es la diva, pero, aparte de la constancia histórica, la juventud manda. Hoy la moda es parecerse a Uribe, con estatura homeopática y gafas incluidas. Noemí, por fortuna, tiene el consuelo de exclamar, al estilo de la Grisales: “no seré feliz pero tengo embajada”.

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La declaración de Germán Vargas Lleras de que “Cambio Radical no será un obstáculo en la aprobación” del referendo sigue causando revuelo en el mundo político, sobre todo porque el apoyo es incondicional, es decir, se accedió a aprobar el proyecto en su tránsito por el Senado “sin condiciones”. En otras palabras, apoyarán el cambio de pregunta (“haya ejercido” por “haya sido elegido”) que le abrirá las puertas al presidente Uribe para su segunda reelección en el 2010.

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En Colombia existe un serio problema en la concepción misma de la democracia, al punto de ni siquiera saber si en realidad vivimos en una. Trayendo a colación el 50 aniversario de la revolución cubana, el diario Granma publicó todos los aciertos del régimen, entre éstos, todo lo relacionado en materia de salud. De hecho, la OMS acierta en la veracidad de los espectaculares indicadores como la expectativa de vida y la baja mortalidad infantil en la Isla. De otra parte, en materia de educación, la calidad de sus universidades y la accesibilidad a ellas por parte del ciudadano común es lo que tienen para mostrarle al mundo de 50 años de dictadura popular.

Ahora bien, cuando se trata de comparar los logros de la Revolución en materia de salud y educación con países como Colombia, inmediatamente se escuchan las voces de los contradictores quienes traen a colación la cruda represión por parte del régimen comunista, exaltando todo lo anacrónico de su coercitiva forma de hacer las cosas. Es más, señalan que “aquí vivimos en una democracia” y con más fervor si son simpatizantes acérrimos de la actual administración. No obstante, a veces parece que emplean la palabra democracia por existir aquí en Colombia la posibilidad de votar para elegir gobernantes, más no por su verdadero significado: “el gobierno del pueblo y para el pueblo”.

Volviendo al caso cubano, así muchos no lo crean, también existe la posibilidad de votar para elegir gobernantes. Cada manzana de cada ciudad cubana elige un precandidato para componer las asambleas municipales, y estas asambleas municipales eligen los miembros de las asambleas de las ciudades. Por encima de este último órgano, se encuentra la Asamblea Nacional, elegida por voto popular; finalmente, esta última se encarga de elegir a su Presidente y al Presidente del Consejo de Ministros, quien es el Líder Nacional. En el caso colombiano, el asunto puede ser similar. Se eligen ediles y concejales para los municipios y los distritos especiales, quienes componen una Junta de Administradora Local (JAL) y un Concejo Municipal o Distrital, los cuales se encargan de hacer un control político y administrativo, y velan por el ordenamiento de las respectivas entidades territoriales. Se eligen Asambleas Departamentales y también se escogen representantes por cada región del país y senadores por circunscripción nacional, quienes componen el poder legislativo. Por último, en Colombia se eligen alcaldes municipales y distritales, gobernadores y el presidente de la república.

El hecho que en los dos países se “elijan” representantes no quiere decir estrictamente que se encuentre en una democracia. En el caso cubano, el Presidente del Consejo de Ministros y el Presidente de la Asamblea Nacional, ha sido por casi 50 años Fidel Castro y, actualmente, es sucedido por su hermano Raúl. En el caso colombiano, excepto contados casos, han sido 200 años de las mismas “20 familias”. Es más, en la actualidad, al mejor estilo venezolano, se busca que un solo líder concentre el poder por 12 años, contando además con la pretensión de mantener perenne su programa de gobierno a través de sus adalides y paladines políticos, más o menos hasta 2020. Es decir, casi 20 años de “democracia” hecha por el mismo político, con toda la concentración de poder que eso implica.

Esto, sin embargo, no es el único problema que nubla el concepto de democracia en Colombia por el lado electoral. Cuando se observa los niveles de abstencionismo, se puede apreciar que menos de la mitad de los colombianos sufragan. La actual administración fue elegida por poco más de 7 millones de habitantes, lo que resulta ser casi la cuarta parte de los 26 millones que pueden votar. De hecho, para esas elecciones, de 26 millones tan sólo votaron poco más de 11 millones. ¿A qué se debe el problema de abstencionismo? ¿Es difícil ejercer el derecho al voto por parte de muchos? ¿Existe entonces un problema de representación en Colombia?

Ahora, con el reciente escándalo de la Parapolítica e interesantes trabajos realizados por Claudia López, Alfredo Rangel, León Valencia, Iván Cepeda, entre otros intelectuales, muchos de los patrones electorales se debían a la presencia de grupos armados ilegales en muchas zonas en muchas zonas del país; se abrió paso el denominado voto coercitivo. ¡Y ni hablar de la compra de votos que resulta tan común a lo largo y ancho del territorio nacional! Así pues, en aras de compilar lo anterior, y tomando sólo el asunto electoral, ¿en serio Colombia es un país democrático?

Trascendiendo del mero voto, la democracia no sólo significa la elección per se de los gobernantes. La democracia también significa el control que la ciudadanía hace sobre las administraciones públicas, frente a su gestión y la ejecución de la política pública. Pero cuando se ven casos abominables de corrupción y desfalcos públicos, la última en reaccionar siempre es la ciudadanía. No sólo por la asimetría en la información o la mera apatía de algunos, sino por el desconocimiento, ineficacia o ausencia de los instrumentos necesarios para ejercer tal control. De la misma manera, la vigilancia o veeduría en la correcta ejecución de proyectos también es ajena al actuar del ciudadano de a pie.

A veces es incomprensible que en una ciudad como Bogotá, la ciudadanía no se pronuncie para hacer pagar a los responsables de la pésima malla vial del sistema Transmilenio. O cómo la ciudadanía no amonesta políticamente a los responsables de la ejecución de proyectos relacionados con el mantenimiento, adecuación y construcción de vías en los municipios y departamentos. De la misma manera, es incomprensible cómo la ciudadanía no se pronuncia cuando se nombran en cargos de alta dirección pública personas terriblemente incompetentes en habilidades, inadecuadas por su perfil profesional. ¡Con decir que ahora tenemos un Ministro que ni siquiera está profesional o técnicamente capacitado para la cartera que se le asignó!

Lo que queda por decir es que la democracia en un país como Colombia no pasa de ser una ilusión, ya que no existe en realidad una participación real por parte del ciudadano. La política pública muchas veces se enfoca a ciertos grupos de presión obviando políticas necesarias para solucionar problemas de carácter estructural, y de otra parte, el poder, siempre concentrado, busca quedar usando todas las vías posibles en las manos de los mismos… pero no importa, ¡aquí podemos “votar”!