Criminalizar el pensamiento

Nota: A partir de ahora, esta columna saldrá los días 12 y 27 de cada mes.

Gran preocupación ha causado entre la prensa independiente nipona (que es más bien poca) un polémico proyecto llamado Kyōbōzai-hōan (共謀罪法案, "ley [contra la] conspiración"), que se tramita en la Dieta desde 2003 y que pone en grave riesgo las libertades civiles. Redactada tras la adhesión de Japón a los protocolos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (también conocida como la Convención de Palermo), es tan estricta que el solo hecho de estar de acuerdo con otra persona puede interpretarse como "conspiración" y, de ser considerado una "amenaza" a la seguridad nacional, ser castigado penalmente. La ley fue descartada antes de finalizar la legislatura el pasado 18 de junio, pues el partido de gobierno, el Liberal Democrático, desistió de la misma y el opositor Partido Demócrata de Japón se negó a votarla.

En Japón, la oposición a la aprobación de la norma ha sido bastante grande, especialmente entre organizaciones de derechos humanos y defensoras de la libertad de expresión. A muchos les recuerda los tiempos del militarismo japonés, que terminaron trágicamente en Hiroshima y Nagasaki, cuando legislaciones similares servían para "callar" a los que se atrevían a oponerse a la locura imperial. En el mismo parlamento parece no haber claridad sobre esta ley, que tipifica 619 conductas criminales. Los temores de los comunicadores son evidentes: "aquellos que no quieren que se escriban [ciertos] artículos, que no quieren que la gente sepa sobre las cosas malas que han hecho… si obtienen esta ley, pueden fácilmente arrestarnos cual criminales en cualquier momento", expresa Katsuhisa Miyake, periodista independiente que perdió una demanda de una gran corporación de préstamos sobre la cual escribió en algunas revistas semanales. Miyake ganó la apelación.

No obstante, las presiones llegaron hace unos días, nada más y nada menos que de la misma Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que hace apenas unas semanas "urgió" al parlamento nipón a aprobar la ley. Así las cosas, en la próxima legislatura, que inicia en septiembre, los partidos oficialistas estarán listos para proponer nuevamente el proyecto, mientras que la oposición insistirá en que Japón ya tiene leyes internas suficientes para tratar los delitos que trata de prevenir y penalizar la Convención de Palermo, como afirma la socialdemócrata Mizuho Fukushima: "no hay necesidad de destruir el sistema penal japonés y crear una ley de conspiración".  El abogado Yūichi Kaido explica que el concepto de "conspiración" prácticamente no existe en la legislación nipona y que dicha sociedad no comprendería "castigar aunque no se haya cometido todavía crimen alguno". De este modo, en Japón se volverían comunes las detenciones por decir "algo" contra el gobierno, por reunirse en algún lugar o por "planear" alguna acción criminal. Lo peor es que, de ser finalmente promulgada la norma, el problema sería la ausencia de una reglamentación para, digamos, recolectar las pruebas. La sospecha sería suficiente para arrestar a una persona.

Sin duda, luego del 11-S (o desde antes) las libertades civiles se han ido estrechando, incluso en los países desarrollados. En Europa las cosas van por el mismo camino, especialmente si de la libertad de prensa se trata. En Lituania, a pesar de haber libertad formal, casi nadie se atreve a meterse con el gobierno. Y ni hablar de nuestra amada patria, en la que la "autocensura de los cocteles" ha impuesto el unanimismo y el pensamiento único. La libertad, uno de los bastiones de la democracia, se desmorona poco a poco, como si fuera el precio que supuestamente hay que pagar por la "seguridad". Cualquier parecido con la realidad colombiana no es coincidencia, definitivamente.

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