Después de un año telúrico donde se conmovieron los cimientos de nuestro país, el presagio de un año menos agitado se presentía, pero jamás que se detendría en el tiempo como un absurdo paréntesis, dejando en el limbo las muchas tareas pendientes para dirigir al país hacia senderos menos excluyentes y violentos. Una sola persona, el presidente de la República, con la descomunal influencia que mantiene sobre el país, lo puso a marchar al ritmo de su agenda personal. Los tres poderes del Estado, uno como mandamás, otro como obsecuente servidor y el tercero como opositor a su “encrucijada del alma” inevitablemente transitaron por el camino que les trazó Uribe.

Por Juzavil

Foto: George Donnelly, licencia Creative Commons BY

La reaparición del sicariato y de las bandas organizadas en Medellín la han entendido las autoridades como un reflejo del accionar delictivo de “bandas emergentes y/o grupos dedicados al narcotráfico”, situación que si bien puede ser cierta, no demerita una mayor preocupación por parte de autoridades e investigadores sociales. Los otros factores parecen desinteresar a buena parte de la comunidad medellinense, situación preocupante dado que estamos identificando dos tendencias delictivas aberrantes: la aparición de cuerpos desmembrados y la indiferencia de la comunidad, lo que evidencia una especie de letargo cómplice, impensable en otras sociedades en las que un solo caso de este tipo, podría convocar a miles de ciudadanos a manifestarse al respecto.

Los que no están conmigo están contra mí. Relato de cómo una marcha pacífica contra la reelección termina enfrentando a los manifestantes con la Policía. Reflexiones sobre la protesta social en tiempos de Uribe III.

Habrá que sacralizar la vida y la muerte, pero también acompañar a los vivos en la búsqueda de sentido, sin prometer tantos destinos.

Por el caso de Medellín, la política de seguridad democrática parece desarrollarse en términos de amigos y de enemigos, antes que por el bienestar de la sociedad.

La absolución del senador plantea serios interrogantes sobre la política criminal que ha hecho de las recompensas instrumento necesario para combatir el delito.