[Especial 2009] Medellín, ¡la más asesinada!

Por Juzavil

La ciudad de Medellín viene padeciendo una nueva oleada de violencia, expresada en el aumento de asesinatos que hacen recordar las décadas de 1980 y 1990 en las que fue señalada como una de las ciudades más violentas del mundo. Épocas en las cuales no sólo el Cartel de Medellín se convirtió en una implacable máquina de terror para todos los colombianos; también, a principios de los noventa se establecieron grupos guerrilleros en diversas zonas de la ciudad: el ELN con los Comandos Armados del Pueblo –CAP-, el MIR COAR y las Milicias Populares de las FARC se apoderaron de diversos barrios de la ciudad. Finalmente, aparecen los paramilitares, primero en una particular mixtura con la delincuencia común y los residuos del Cartel de Medellín, y luego con la pugna entre los bloques Metro y el Cacique Nutibara que condujo a la victoria de los comandados por Don Berna. 

Todo este panorama de violencia parecía haberse superado, a decir de muchos, gracias a la Seguridad Democrática, a las Operaciones Mariscal y Orión en la Comuna 13, al proceso de desmovilización de los paramilitares y a la política de convivencia de la administración Fajardo. Evidentemente, estos factores fueron claves para frenar los índices de violencia en Medellín, pero, desafortunadamente, de manera superflua y bastante controvertible.

En este proceso se logró desterrar a la guerrilla de la Comuna 13, reincorporar a la vida civil a los paramilitares y disminuir considerablemente los asesinatos, pero los procedimientos no fueron los mejores, pues este desarrollo estuvo marcado por la acción conjunta de las fuerzas armadas con los grupos paramilitares. En cuanto a la reinserción de estos grupos, se denunciaron los reclutamientos de jóvenes para que engrosaran las filas de los paramilitares en el proceso de entrega de armas en el año 2003 del Bloque Cacique Nutibara que lideraba alias Don Berna.

Este suceso se convirtió en el paradigma del proceso de reinserción nacional y de la política de Seguridad Democrática, puesto que se consideró como la gran estrategia de presión a estos grupos para la dejación de armas. De esta forma, el presidente Uribe, el ex Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo y el entonces alcalde Sergio Fajardo se encargaron de consolidar la imagen de una ciudad que se constituía como ejemplo de convivencia y “pacificación” social.

Sin embargo, este cuento de hadas se ha venido desvaneciendo cuando nos topamos con la realidad que vive la capital de Antioquia en lo que tiene que ver con homicidios: hasta el 30 de noviembre de 2009, Medicina Legal registraba un reporte de 1.969 homicidios. Aunque estas cifras no llegan a los índices de principios de 1990 —más de 6.000—, se puede evidenciar una tendencia creciente desde 2007. Los números muestran una problemática que se mantiene en el tiempo y que tiende a acrecentarse, puesto que a diario se registran asesinatos en diversos puntos de la ciudad.

El eslogan de la administración Fajardo, Medellín la más educada, parece haberse venido a tierra, pues aunque se han llevado a cabo importantes proyectos educativos, el incremento de asesinatos parece opacar el impacto social de dichas acciones gubernamentales. La administración Fajardo-Salazar no calculó el daño que se hizo a la ciudad, cuando se les entregó el poder a diversos notables de la criminalidad en Medellín. No se pueden olvidar los escándalos de las vinculaciones del ex secretario de gobierno Gustavo Villegas, del ex jefe de fiscalías Guillermo León Valencia Cossio y del ex comandante de la Policía de Medellín Marco Antonio Pedreros con el narcotráfico y el paramilitarismo.

Ahora bien, más allá de las cifras que nos presentan datos importantes en materia estadística, lo más relevante de esta situación radica en el análisis cualitativo del fenómeno, es decir, las variables, características, tiempos y circunstancias de dichos asesinatos, pues la forma de matar y, sobre todo, las víctimas, llaman la atención por la sevicia y la utilización de armamento sofisticado para cometer estos hechos. Un primer aspecto es la reaparición del sicariato y de las bandas en la ciudad: es frecuente escuchar los nombres de Los Mondongueros, Los Triana, La Banca, La Treinta, La Pastora, como las organizaciones responsables de diversos actos que, para los más optimistas eran expresiones de un pasado muy lejano. Un segundo tema es la aparición de cuerpos desmembrados en diversos lugares, y por último, debe considerarse el alto número de mujeres y jóvenes asesinados en esta ola de violencia.

La reaparición del sicariato y de las bandas organizadas la han entendido las autoridades como un reflejo del accionar delictivo de “bandas emergentes y/o grupos dedicados al narcotráfico”, situación que si bien puede ser cierta, no demerita una mayor preocupación por parte de autoridades e investigadores sociales. Los otros factores parecen desinteresar a buena parte de la comunidad medellinense, situación preocupante dado que estamos identificando dos tendencias delictivas aberrantes: la aparición de cuerpos desmembrados y la indiferencia de la comunidad, lo que evidencia una especie de letargo cómplice, impensable en otras sociedades en las que un solo caso de este tipo, podría convocar a miles de ciudadanos a manifestarse al respecto.

Desde 2007 se pueden mencionar más de 15 casos de este tipo en diversos puntos de la ciudad y del Valle de Aburrá, entre ellos, el caso de la psicóloga Marjorie Kisner Mira, que fue asesinada por un ex paramilitar reinsertado y miembro del programa Pospenado de la Alcaldía de Medellín. En el caso de las mujeres, no hay mayores denuncias o campañas de rechazo al respecto, no se manejan cifras consolidadas, pero lo cierto es que en 2009 se volvió costumbre ver asesinadas mujeres y jóvenes estudiantes incluso cerca de sus instituciones educativas.

La situación de violencia en Medellín responde a las irregularidades cometidas durante los procesos de retoma de la Comuna 13 con las Operaciones Orión y Mariscal y, sobre todo, con el posterior proceso de reinserción de los paramilitares en 2003. Pero el hecho que le colocó el broche a toda esta seguidilla de errores fue la extradición de los jefes paramilitares en mayo de 2008, en la medida que dejaron acéfalos a estos grupos que continuaron delinquiendo.

Aunque la extradición de los jefes paramilitares fue determinante para que se fraguaran diversas pugnas al interior del neo-paramilitarismo —así denomina al nuevo fenómeno el informe de Nuevo Arco Iris—, no significó ni mucho menos la desaparición de las redes criminales de estas organizaciones, ya no con el eslogan de Cacique Nutibara o Bloque Metro, sino con otras expresiones, muchas de ellas incluso algo míticas, como es el caso de la Oficina de Envigado.

La articulación y comunicación de estas organizaciones neo-paramilitares se manifiestan de diversas formas en la ciudad, mediante el control de plazas de vicio, de casinos, de casas de lenocinio y de préstamos usureros como el Paga Diario, vinculados con muchos de los asesinatos ocurridos en la ciudad. Todas estas expresiones hacen parte del panorama social de la ciudad, sin que la administración municipal se manifieste al respecto.

Pero más allá de esto, un hecho que parece insulso demuestra la capacidad de articulación y dominio territorial de estas organizaciones en Medellín. Se trata de la denominada bienvenida del diciembre en Medellín, un acto ensordecedor que se experimenta todos los primeros de diciembre, en donde estos grupos hacen retumbar grandes cantidades de pólvora por toda la ciudad. Es un hecho que todo el mundo comenta, porque son pocos los que pueden dormir ese día ante semejante estallido de pólvora que, al decir de los pobladores de la periferia de Medellín, es coordinado por los jefes de los paras en los barrios de la ciudad.

El cuento de hadas que nos contaron las autoridades cuando se iniciaba la seguridad democrática ya no es creíble en la ciudad, la administración Fajardo-Salazar —las menciono juntas porque parecen ser lo mismo— no ha hecho otra cosa que manejar un discurso sofistico sobre el problema, haciendo creer que en Medellín hubo una Transformación social, promulgando la ciudad postal que enuncia constantemente la implementación de eventos como la Asamblea del BID, la venida de los reyes de España, la alcaldesa de Milán o los futuros Juegos Sudamericanos que de poco o nada le han servido a la ciudad para un verdadero crecimiento social.

El alcalde Salazar se ha empeñado en desconocer las cifras sobre violencia que se presentan en la ciudad, como las de desplazamiento intraurbano entregadas por la Personería de Medellín, que registran  546 declaraciones de desplazamiento al interior de la ciudad, que para el alcalde no son fidedignas pues no se hace un seguimiento riguroso al tema. Lo cierto es que en Medellín se está viviendo un ambiente tenso por el incremento de asesinatos y desplazamientos intraurbanos, sin mencionar otros fenómenos, como la desaparición forzosa, que evidencian un accionar de grupos armados con gran capacidad de hacer daño.

No pueden seguir los mandatarios escudándose en justificaciones superfluas para explicar el agudizamiento de la violencia, pues se menciona reiteradamente que ya no se asesina a la gente de la oposición, a los sindicalistas o a los líderes comunitarios. En este último caso la realidad también contradice a los gobernantes, pues, en días anteriores fue asesinado John Alexánder Pulgarín, líder comunitario de la comuna 8, que se encontraba con medidas cautelares pues era un testigo en procesos llevados contra varios jefes ex paras de la ciudad. Lo más indignante del caso es el silencio del alcalde frente a éste y otros casos similares.

Los mandatarios deben dejar de escudarse en el asunto de que toda la violencia se trata de simples narcotraficantes o bandas emergentes, como si solamente importaran los crímenes perpetrados por las FARC. Pareciera que el discurso de la seguridad democrática, emanado desde Palacio, tuviese gran asidero en las autoridades de Medellín. Por algo será que se maximizan los problemas de la capital de la república gobernada por la oposición y se minimizan los actos de violencia en Medellín, gobernada por un alcalde apoyado por el uribismo.

En Medellín, las autoridades municipales deben ofrecer muchas explicaciones frente a lo sucedido, dejando de lado tanta retórica frente a su ejercicio administrativo y, más bien, respondiendo al por qué se le ha entregado nuevamente la ciudad al crimen organizado. Igualmente, le cabe gran responsabilidad al gobierno nacional; no son suficientes los escandalosos consejos comunitarios que se han hecho en la ciudad o la publicitada presencia de los altos mandos militares en la ciudad y el Valle de Aburrá. Entre otras cosas, ¿por qué se publicitarán tanto?

Etiquetas: Alonso Salazar, Antioquia, asesinatos, bandas emergentes, comuna 13, crimen organizado, delincuencia, hampa, homicidios, indiferencia, John Alexánder Pulgarín, Marjorie Kisner Mira, Medellín, neoparamilitarismo, oficina de Envigado, paramilitarismo, personería de Medellín, Seguridad democrática, Sergio Fajardo, sicariato, terrorismo, violencia, violencia en Colombia

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