¿Si será que hay una persecución indebida de los máximos representantes de la justicia contra un determinado grupo de personas, de un grupo político específico? Es la queja que se oye.

Después de un año telúrico donde se conmovieron los cimientos de nuestro país, el presagio de un año menos agitado se presentía, pero jamás que se detendría en el tiempo como un absurdo paréntesis, dejando en el limbo las muchas tareas pendientes para dirigir al país hacia senderos menos excluyentes y violentos. Una sola persona, el presidente de la República, con la descomunal influencia que mantiene sobre el país, lo puso a marchar al ritmo de su agenda personal. Los tres poderes del Estado, uno como mandamás, otro como obsecuente servidor y el tercero como opositor a su “encrucijada del alma” inevitablemente transitaron por el camino que les trazó Uribe.

Grave que a uno no le crean si no cruza pulgar e índice, pone la mano en el pecho, llama testigos o pone a su divinidad como garante, porque está diciendo a voz en cuello que sus palabras generan duda y que necesita avales para dotarlas de credibilidad.

Dados los importantes procesos que tiene la Fiscalía para decidir, encabezados por la parapolítica y la yidispolítica, que involucran a personas de los afectos del presidente Uribe, es explicable el temor de la Corte Suprema.

No importa el problema que se le atraviese, el primer mandatario siempre tiene una respuesta que valoriza sus intereses, o por lo menos los deja intactos, resguardándose de todo mal y peligro.

Si en derecho la actuación de los magistrados provocará un hondo debate con impredecibles consecuencias, la tormenta política que desata esta decisión responsable y seria de la Corte será aún mayor.