Dictadura de los jueces
ColumnasPor Fabio Villegas Botero
martes 28 de junio de 2011 6:31 COT
Se viene difundiendo una sensación de malestar y de rechazo a las actuaciones de la rama judicial, muy especialmente de las dos Cortes más importantes, la Constitucional y la Suprema de Justicia, aunque no menos contra el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, los Tribunales… Se llega a decir que se ha implantado una “dictadura de los jueces”.
El hecho real es que el país está viviendo una degradación moral y una corrupción como quizás nunca la había habido a todo lo largo de su historia. Que un gran número de congresistas y funcionarios del alto gobierno nacional sean acusados y aun condenados por parapolítica o farcpolítica; que sean llamados a juicio militares y policías hasta de alto rango por falsos positivos o crímenes vergonzosos; que gobernadores, alcaldes y funcionarios de todo rango sean destituídos y juzgados por violaciones graves en sus funciones; que la Corte Constitucional declare inexequibles leyes consideradas de trascendencia del Congreso o inconstitucionales muchos actos del Ejecutivo; que en multitud de instituciones como en las obras públicas, la salud, la educación y otras se tenga que condenar una corrupción y unos perjuicios monstruosos al Estado y a los ciudadanos, a más de violaciones de todo género, hace que las actuaciones de la justicia desconcierten a muchos que habían confiado plenamente en sus representantes, sus conmilitones, sus parientes.
No. No se trata de ninguna dictadura de los jueces. Si algún cambio político radical se difundió por doquier tras la Revolución Francesa fue la separación de poderes del Estado: uno legisla, otro ejecuta y otro juzga; ninguno puede incursionar en el ámbito del otro. Es más. Uno de los cambios notables de la nueva constitución que cumple ya 20 años, fue la supresión del antiguo artículo 121 que consagraba un casi permanente estado de sitio (velada dictadura del ejecutivo), y la creación de la Corte Constitucional para que las leyes y los gobernantes tengan que ajustarse a las normas sagradas del país. Los jueces, en especial las altas Cortes, tienen el deber sagrado de juzgar y condenar a quienes las violan. Los romanos decían: “dura lex, sed lex”, la ley es dura pero es la ley. ¿Que sean imperfectas? Claro. Pero mientras están vigentes se tienen que respetar. ¿Que los jueces se puedan equivocar? También. Pero si no son corruptos o venales (y habría que probarlo) nos tenemos que atener a sus juicios.
¿Si será que hay una persecución indebida de los máximos representantes de la justicia contra un determinado grupo de personas, de un grupo político específico? Es la queja que se oye. Y piden que se les reconozca la “presunción de inocencia”. Se ha dicho mil veces que el poder corrompe y yo añadiría que mucho más si se junta con plata y con armas. Creo que el país es consciente de la gran corrupción que existe y los jueces tienen obligación de actuar al respecto. Cuando lo hacen, ¿no merecerán la presunción de responsabilidad e imparcialidad en sus juicios?
martes 28 de junio de 2011, 09:23 COT
Si el ejecutivo y el legislativo son focos de corrupción, la rama judicial no se queda atrás. En este país, abogados y jueces chanchulleros y ladrones es lo que hay. Que no se las vengan a dar ahora de ser la única rama impoluta que existe.