The Colombian Coffeeright: un compromiso disfrazado de modernización

Por: Iván Vargas Chaves*

Un nuevo giro dentro de la tendencia mundial normativa de la propiedad intelectual en Internet, que se impulsa desde EUA y que lesiona gravemente derechos fundamentales, ha tomado recientemente a la sociedad colombiana por sorpresa con la radicación acelerada y el paso en primer debate del proyecto de Ley 201 de 2012 Senado, el cual, si bien ya no conserva un target regulatorio del régimen de responsabilidad de los proveedores de servicios de internet —presente en la otrora archivada Ley Lleras— sí conserva su espíritu.

El Gobierno al respecto ha dicho que esto es cuestión de modernizar la propiedad intelectual en Internet, argumento que por demás resulta reforzado ya que son de público conocimiento los compromisos adquiridos con EUA para la firma del Tratado de Libre Comercio. No obstante, si realmente ello fuere así, conviene preguntarnos cuáles han sido los pronunciamientos de nuestras autoridades sobre los debates de modernización que en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se han estado llevando a cabo, y que incluyen entre otros aspectos, temas tan neurálgicos como la protección de conocimientos tradicionales y las prerrogativas en materia autoral a discapacitados.

Y es que con este proyecto de ley, una de las grandes preocupaciones que nos atañen como ciudadanos de la sociedad de la información es el vernos obligados a dejar el bloqueo de contenidos en Internet en manos de una autoridad administrativa, y no de un juez como siempre lo ha sido, aquellas libertades que no son más que el reflejo de un Estado Social de Derecho, pues ante todo, es el juez mismo, en atención a la figura de reserva judicial, el único que luego de una ponderación y aplicación del debido proceso puede decidir sobre éstos, lo que se traduce en tener la certeza sobre la aplicación de garantías a la libertad de expresión e información y derecho de huelga y competencia.

Lo anterior podría verse reflejado en que con un simple reporte de presunta infracción a esta comisión quedaríamos todos a su merced, seamos o no infractores. En este sentido pensemos en protestas contra regímenes represivos de gobierno —las cuales, como la experiencia misma nos lo enseña ,se han iniciado en Internet—, pensemos también en iniciativas de activistas que podrían ser apaciguadas en la gran red de redes, o en todas las posibilidades existentes para ejercer actos de competencia desleal a través de esta peligrosa herramienta que pretende insertarse en nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, en España, con la entrada en vigencia de la Ley Sinde-Wert, esta es la gran intranquilidad de sus ciudadanos.

Además de lo anterior, hemos visto con tristeza cómo ante la presión ejercida por un gobierno externo (que desde siempre ha propugnado a través de su copyright por una protección excesiva a favor de la gran industria) el nuestro ha cedido y, sabiendo que perjudica los intereses de todos aquellos que lo eligieron, pretende equiparar la duración de los derechos patrimoniales de autor, aumentándola de 50 a 70 años, quebrantando así una justa compensación a la sociedad por la protección legal recibida respecto a estos derechos. Somos también conscientes que en un futuro no muy lejano la sociedad misma se encargará de juzgar a los congresistas que voten a favor de este proyecto de ley, pues estos, apartados de toda objetividad y de sentido por el interés general, favorecieron un monopolio que incluso en el siglo XVIII Diderot con su carta sobre el comercio de libros denunció.

Pues es muy cierto que Diderot como precursor ideológico del sistema autoral colombiano importado del droit d'auteur francés (opuesto al copyright anglosajón), era consciente que este monopolio transgredía un espíritu que hoy permanece y que incluso hoy nos dice que con la explotación comercial deben existir excepciones —por cierto ya reguladas por nuestro régimen— y que en este proyecto no han quedado estipuladas todas la que deberían realmente estar. Así pues, ¿qué ocurriría con el hacking ético o la ingeniería inversa? O, como nos lo propone Carolina Botero, ¿con el uso de contenidos de Internet para educación en bibliotecas y colegios? Entonces vale la pena preguntarnos forzosamente una vez más: ¿es en realidad esta una modernización o una invocación al copyright norteamericano? Las cartas están puestas.

* Abogado especializado en temas de propiedad intelectual y responsabilidad en internet. Realizó estancias de formación e investigación en derecho privado de las nuevas tecnologías en el Institute of European and Comparative Private Law y en la Universidad de Venecia Ca’Foscari. En el año 2011 formó parte de la mesa de concertación convocada por el Congreso de la República de Colombia para la discusión del proyecto de ley 241, conocida en los medios como Ley Lleras.

Etiquetas: copyright, Denis Diderot, Hacking, Ingeniería inversa, Iván Vargas Chaves, ley Lleras, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, prerrogativas discapacitados, propiedad intelectual, protección de conocimientos tradicionales, Proyecto de Ley 201 de 2012, sociedad de la información, TLC

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