Políticas de derecho de autor en Colombia seguirán desconociendo interés público
Columnas > Libreta de NotasPor carobotero
lunes 29 de marzo de 2010 0:01 COT
En una entrevista el nuevo jefe de la Dirección Nacional de Derecho de Autor señala que son muchos los retos que enfrenta desde su cargo precisando que deberá “crear las condiciones para que en Colombia los creadores puedan vivir con dignidad de su trabajo, que los consumidores de bienes culturales opten por comprar legalmente de acuerdo con su conciencia, que la real aplicación de estos derechos haga que el compromiso con su cumplimiento sea una realidad, que las industrias culturales colombianas tengan éxito en los mercados extranjeros, que las sociedades colectivas proporcionen al mercado soluciones y licencias en forma eficiente y transparente, que los usuarios de las obras sean respetados en su calidad de beneficiarios de los derechos de autor y conexos”, termina la entrevista diciendo “El reto es hacer de Colombia un país de los creadores y para los creadores y que los derechos de autor sea la mejor manera de lograr este objetivo”.
Por loable que se vean sus declaraciones esta visión continúa reforzando la mirada “privativa” que desde hace años tiene el gobierno colombiano en esta materia. El gobierno colombiano centra el discurso del derecho de autor en el beneficio económico que ese sistema jurídico debería (tengo más que dudas razonables de que lo haga para la mayoría) reportar al autor y se olvida de la otra cara de la moneda: la sociedad, ya que no podemos desconocer que estamos hablando de la circulación de nuestras expresiones culturales. Nuevamente el interés público queda relegado, sólo aparece en esta entrevista en una preocupación, cuando el doctor Monroy señala que trabajará para actualizar las “excepciones y limitaciones” al sistema tan necesarias en la educación en línea (eso sí, debo decir ¡por fín!). Efectivamente en la educación, como en otros sectores, las excepciones están desactualizadas, lo que no permite al docente realizar en el aula virtual (por ejemplo) lo que es su práctica común en el aula análoga.
A pesar de que podría hablar un buen rato sobre esto la verdadera esencia de la entrevista son las declaraciones que hace el doctor Monroy en materia de los dos temas centrales hoy en política internacional y propiedad intelectual: las negociaciones del ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) y las leyes antidescargas P2P que es lo que me gustaría contarles hoy.
Sobre el ACTA: El año pasado ya les contaba detalles que se conocían del ACTA. El ACTA es un acuerdo que negocian actualmente en secreto varios países y que modificaría sustancialmente el mapa internacional en propiedad intelectual. Si las normas legales en esta materia dependían hace unos años de un esquema internacional de acuerdos generales que luego pasaron al terreno de los tratados de comercio bilaterales, hoy son unos países los que han asumido el liderazgo y desean fijar ellos las nuevas reglas.
Gracias a todo un movimiento que se ha abierto en la red para exigir transparencia en estas negociaciones, hoy es mucho lo que sabemos del ACTA y todo indica que lo que se hará será reforzar el sistema de propiedad intelectual obligando a renegociar los tratados de la OMPI, estableciendo el 3 strikes out (con el tercer llamado de atención que hace el proveedor de Internet a un usuario en el sentido de que está descargando material de sitios P2P se le puede privar del servicio de acceso a la red) como mecanismo para controlar las páginas de descargas P2P y la generación de nuevas acciones y normas judiciales y penales.
En el caso del derecho de autor el sistema durante buena parte del siglo XX estaba sustentado en un sistema internacional que dio origen a la OMPI; luego fue parcialmente reemplazado por un esquema comercial (con la suscripción del GATTS y el montaje de la OMC) que busca fortalecer los mecanismos de implementación. Hacia finales del siglo XX la exitosa reacción de países en desarrollo que empiezan a requerir nuevas formas de equilibrios (con Brasil, China, India y otros a la cabeza) amenaza los poderes tradicionales y por tanto la posibilidad de influir y reforzar la propiedad intelectual la desvían los países desarrollados hacia los tratados bilaterales de comercio (conocidos como TLC) y ahora a una negociación secreta de unos pocos en la que se impondrán los nuevos mínimos internacionales que luego se extenderán al resto reemplazando a OMPI (como ya anunció el profesor Michael Geist).
Colombia no forma parte del grupo de secretos negociadores del ACTA, pero en la entrevista frente a la pregunta sobre la posición del país la respuesta es que estamos dispuestos a analizar los tratados que refuercen la pelea contra la piratería porque no solo lo demandan nuestros compromisos legales e internacionales, sino también porque considera el gobierno que la protección de estos derechos es lo más conveniente para los países en desarrollo. Es decir, ¡seremos uno de los primeros países en hacer fila para entrar en ACTA!
Sobre los 3 strikes out. Este tema también lo he abordado en varias oportunidades haciendo seguimiento, especialmente a lo que viene sucediendo en Nueva Zelanda, Francia, España y el Reino Unido, en donde se han presentado proyectos de ley que buscan combatir los sitios de desacargas P2P y para ello se vienen discutiendo varios sistemas. Uno de ellos es el conocido como 3 strikes out, que consiste en asignar la responsabilidad al ISP (proveedor de acceso a Internet en inglés) de quitar la conexión a una persona a la que se le ha avisado por tercera vez que se encuentra descargando contenido protegido de Internet. La controversia está servida desde varios ángulos: la responsabilidad del ISP, el diseño de un mecanismo administrativo en una medida tradicionalmente judicial, la presunción de ilegalidad en las descargas P2P, etc.
En este caso las declaraciones del doctor Monroy son más contundentes: se va a trabajar en legislaciones antidescargas P2P como las que se vienen discutiendo en España, Francia y el Reino Unido para evitar las descargas y regular la responsabilidad de los proveedores de Internet.
Desafortunadamente el Estado colombiano está comprometido con una visión lineal de “producto-consumo” en la propiedad intelectual, una visión que se describe en el documento Conpes sobre el tema como una cadena que genera valor: “comienza por el creador, pasa por la producción, llega al distribuidor y comercializador, y finalmente termina en el público que demanda la utilización de esos contenidos". Se trata de una visión absolutamente limitada y miope del alcance que para un país como Colombia tiene la propiedad intelectual, dejando de lado a la sociedad y la posibilidad de ver otras opciones que en todo caso conviven con esa realidad consumista, pero que en muchos aspectos y sectores la sobrepasan pues realmente la cultura es circular y tiene que serlo para mantener su dinamismo y su gran valor social, ubicándose bastante lejos del simple "consumo".
En una época marcada por las Tecnologías de la Comunicación y la Información que son por esencia interactivas, cuyas capacidades promueven la cocreación y la colaboración, es por lo menos triste saber que nuestra apuesta de país está formulada exclusivamente para favorecer un modelo de negocio del siglo XX. Ojalá como sociedad seamos capaces de dar la pelea y equilibrar el sistema en un tema en el que hemos sido tradicionalmente simplemente espectadores.
lunes 29 de marzo de 2010, 09:45 COT
Fíjate Caro que la política tiene que ver con todo. En un Estado neoliberalmente mafioso, los derechos de autor funcionan (imperfectamente) para el esquema de negocio que mencionas. La sociedad dejaría de ser espectadora y se haría partícipe con la llegada de un Estado legal , con presidente legal y ciudadanos legales. Legal la idea ¿no?
SC
domingo 4 de abril de 2010, 04:53 COT
Títere, seguramente tienes razón, como siempre
sbado 23 de abril de 2011, 13:02 COT
LEY LLERAS O LEY SAYCO ACINPRO ?
El proyecto no debería haber sido bautizado como ley Lleras, sino como Ley Monroy.
Por eso, hemos solicitado a la Procuraduría, es que investigue si existe un interés de parte del actual director de la Dirección Nacional del derecho de Autor ( Juan Carlos Monroy ), ex empleado de sayco acinpro, en presuntamente favorecer los intereses de sus anteriores empleadores, pues el sentido mesiánico que le está dando a su cargo, para resucitar el derecho de autor, pudo haberle entorpecido al momento de redactar el proyecto de ley bautizado como Ley Lleras. Recordemos que las editoras musicales, verdaderas dueñas de sayco y acinpro, son las directamente beneficiadas con ese proyecto de Ley, lo mismo que los canales internacionales de televisión, también asesorados por Monroy, antes de acceder a ese cargo público. Ejemplo de ello, es la redacción y revisión del proyecto de decreto que le hizo al Presidente Santos y que desembocó en el decreto 3942 de 2.010. El aludido Decreto, manifiestamente viciado de ilegalidad e incostitucionalidad, intentó rescatar a sayco y acinpro, de una caótica situación en que lo tenían sumido las jurisprudencias de la Corte Constitucional, intención en la que fracasó, pues es tan extra limitado que ningún alcalde del país le ha dado aplicación.
La desproporcionada actuación del señor Monroy, fue tan inusitada que burlando una decisión del Consejo de Estado de no suspender unas económicas tarifas para el pago de derechos de autor dictadas por el Gobierno Nacional, este funcionario las derogó una vez se dictó el aludido decreto, diciendo que el estado no podía fijar dicho precio a sabiendas de que la ley lo autoriza, lo cual, fue contrariado hace poco por el mismo Consejo de Estado.