Cualquier regulación que busque restringir el acceso (es el caso de la Ley Lleras) a Internet y a lo que allí circula compromete otros derechos fundamentales de los ciudadanos; por tanto debe ser mirada con lupa y restringirse lo más posible para evitar daños mayores. Digo todo esto, aunque afirme también que no cabe duda que a los autores y titulares que soportan su actividad económica en el derecho de autor les asiste un interés legítimo en conseguir medidas más efectivas para evitar la violación de sus derechos en el entorno digital, pero debemos hacerlo como mínimo conciliando y logrando equilibrios entre los diferentes intereses.

En su informe del año 2007 la CIA vinculó a su amigo personal el general Mario Montoya con el escándalo de los falso positivos¿cuánto tiempo va ser capaz de seguir negando el ex-presidente colombiano Álvaro Uribe sus relación con el legado de violaciones de los derechos que salpican su presidencia?

Juan Gabriel Gómez publicó una entrada en su blog en donde relata como su decisión de donar US$75 a Wikileaks fue frustrada por su banco con dilaciones que luego, ante su insistencia, revelaron la verdadera razón: “lleva implícito un riesgo de carácter reputacional para nuestra organización”.

Proporcionado por una al parecer una filial de wikileaks en las Islas Caimán, llegó a equinoXio el informe del FBI sobre una investigación iniciada contra un niño japonés, que no solo compromete la seguridad de Estados Unidos, sino también sus relaciones con Colombia, demostrando que la campaña de desprestigio contra el expresidente Uribe no sólo llega a las universidades estadounidenses, sino también a las escuelas del mayor aliado de Colombia.