Primer ministro
Homo UrbanisPor Sentido Común
jueves 8 de junio de 2006 1:14 COT
De todos modos esperé que pasara el día para escribir esta entrada, porque detesto gastar tiempo en cosas que no se van a usar. Como todo parece indicar que el mundo no se acabó hoy y que mañana podrán leerme muchos sobrevivientes del 666, procedo a tratar un tema sobre el que quiero llamar la atención de propios y extraños: El ordenamiento territorial.
La ley 9a. de 1989, o ley de Reforma Urbana, marcó el inicio de una nueva etapa en la planificación municipal, orientada a integrar los distintos factores sociales, económicos, políticos, culturales y ecológicos en un desarrollo sostenible, riñendo con los clásicos procesos de planeación física, encomendados hasta entonces a arquitectos urbanistas.
Luego de ocho años de baja operatividad de la norma en el campo del desarrollo municipal, la ley 388 de 1997, o ley de Ordenamiento Territorial, puso a disposición de los entes territoriales y de los promotores inmobiliarios todo un compendio de instrumentos prácticos que permitirían la aplicación real de la reforma urbana propuesta con la ley 9a., ofreciendo así los ‘dientes’ de que carecía esta, para poder llevar a la práctica los planes de ordenamiento territorial en todo el país, hecho que significó una revolución silenciosa con relación al inicio de la construcción de una cultura de planificación armónica, consensual y participativa que comenzó a dar sus primeros resultados con la expedición paulatina de los POT a lo largo y ancho del territorio nacional.
Entre tanto, con la ley 3a. de 1991, inspirada en los vientos neoliberales que soplaban entonces en el continente, había desaparecido la función edilicia del Estado, y con ella el ICT; en reemplazo se creó la figura del subsidio familiar para vivienda de interés social, administrado desde entonces por el Inurbe, hoy en liquidación. Aunque bastante criticado por sus detractores, este beneficio monetario ha llegado hasta hoy como la única fórmula gubernamental para enfrentar el pavoroso déficit habitacional de nuestro país.
Los numerosos planes de vivienda entregados por Samper durante su gobierno apaciguaron en parte la tensión que se vivía por el proceso 8000; las más de 400 mil viviendas construidas con la ayuda estatal le permitieron al Presidente Pastrana mostrar, al término de su mandato, su mejor indicador en materia de inversión social; pese a todo ello, el gobierno Uribe procedió a decapitar a una entidad que, transformada con el paso del tiempo, escribió gloriosas páginas de la historia de la vivienda popular y el desarrollo urbano de gran parte de nuestras ciudades y municipios. Los nombres de prodigiosos arquitectos como Rogelio Salmona, Pedro Alberto Mejía, Germán Samper y Eduardo Londoño se encuentran íntimamente asociados a los mejores tiempos de la Entidad.
Sin ser la panacea, el subsidio a la demanda ha sido un buen recurso para aliviar la angustia de muchos destechados de nuestro país, pero lamentablemente la ausencia de unas políticas estatales de largo plazo y la entrega paulatina de los bienes y servicios al sector privado para su lucro han marcado un deterioro en la calidad habitacional de las viviendas que hoy se entregan, así como la pérdida del sentido social que marcó su nacimiento. Entre más ‘barata’ resulte la vivienda, menos rentable será para el promotor, de modo que al haber puesto en manos de los privados la elección de los planes de vivienda a ofrecer, estos terminaron inevitablemente ignorando las expectativas de las familias más necesitadas: su labor se orientó a la oferta para sectores más rentables, el tope superior definido por la política del subsidio. Prueba de que no todo se debe privatizar.
El descalabro de los primeros cuatro años del gobierno Uribe en materia de vivienda social, que obedece no solo a lo descrito antes, sino a la improvisación y la ignorancia en la materia con las cuales se ha gobernado en este campo, pecado que seguramente la historia le cobrará cuando ya sea tarde. La absurda fusión de temas tan complejos como la vivienda, el ordenamiento territorial y el medio ambiente en un mismo ministerio, marcaron el comienzo de una anunciada bancarrota en estos tres campos tan vitales. El nombramiento de Cecilia Rodríguez, una desconocida total en el medio, quien afortunadamente terminó de ‘asesora’ en un reality de televisión, así como el posterior de Sandra Suárez, publicista en una pequeña agencia de Medellín y ex jefe de mercadeo de Yardley, ayudaron a la entrada en barrena de una cultura de servidores públicos ampliamente capacitados para manejar por separado los temas del nuevo y flamante ministerio.
Con diversas salidas en falso y la expedición escalonada de una reglamentación cada vez más enredada, el gobierno ha mostrado su talante falto de escrúpulos, cuando los costos de operación, una de las razones para acabar el Inurbe, se han duplicado entre el ministerio, Fonvivienda y el valor de los contratos de operación asignados a las cajas de compensación, con los nefastos resultados en cuanto al número de subsidios asignados, efectivamente desembolsados y aplicados a favor del beneficiario. Lo anterior sin contar con el escandaloso proceso liquidatorio del Inurbe, que luego de cuatro años de alargues, se ha convertido prácticamente en una fuente de empleo para costosos contratistas desconocedores de los asuntos a su cargo y simplemente referidos por políticos a quienes se adeudan favores.
Parte del mismo talante gubernamental ha sido la indebida utilización del poder político en el ejercicio de acciones poco éticas, como la conocida liberación por Decreto de amplias zonas de reserva ambiental en los cerros orientales de Bogotá, que favorecen a constructores de proyectos localizados inconvenientemente en sitios cuyas licencias se encuentran en entredicho o no existen, pero que ahora contarán con el apoyo gremial de Camacol, bajo la batuta de la la recientemente renunciante viceministra de vivienda, quien salta del sector público al privado, para alegría de los pulpos que ahogan nuestra ciudad con sus edificios irracionalmente planeados, pero financieramente muy buenos para sus bolsillos. El poder del capital.
Pero la más reciente perla en este conflicto de competecias es la intervención de la ministra de la cultura, quien obrando indebidamente como intermediaria entre unos constructores y el Distrito Capital, ha metido decididamente su mano para viabilizar la construcción de un centro comercial que, se sabe ya, acabará colapsando un importante sector de la ciudad, tal como sucedió recientemente con la construcción de otro tristemente célebre bodrio en la autopista norte, por parte de Pedro Gómez.
La injerencia del gobierno nacional en los municipios y en los departamentos ha sido famosa durante estos cuatro años, pero la metida de la mano al alcalde Garzón, por ejemplo el día del paro, deja muy mal parado a este último y siembra muchas dudas sobre el verdadero origen de las ‘ayuditas’. Si Lucho no se cuida, corre peligro su prestigio y hasta su butaca. Lo del centro comercial Santa Fe puede ser el comienzo del fin, si no abre los ojos pronto y actúa aunque sea tardíamente, en beneficio de la ciudad.
Este recuento llega necesariamente al anunciado nombramiento de Juan Lozano (miembro de la casa editorial de El Tiempo, junto con Juan Manuel y Pachito, y ficha de Peñalosa, anque ahora aparece como de Cambio Radical). De entradita se ve que los próximos cuatro años no traerán sorpresas mayores que aquellas a las que estamos acostumbrados últimamente con los ministros. ¿Qué puede saber Juan Lozano sobre ordenamiento, vivienda y medio ambiente? No importa, el importante es el presidente, al fin y al cabo. Si esto no es un pastel rancio, que alguien me explique qué es entonces.
jueves 8 de junio de 2006, 17:25 COT
Claro que cualquiera es mejor que la Suárez, a quien por "chusca" (sí, claro) e inexperta el Petro le dijo que era "vendedora de maquillaje" (gracias a su ley forestal de cuarta). ¿Pero Lozano? Claro que peores los demás nombramientos: el paraco de bajo perfil Luis Alfredo Ramos de embajador en Caracas, el sepulturero del PC Carlos Holguín Sardi a reemplazar a Babas Pretel, la "mami-apretadita" de María Consuelo Araújo para México (porque al maridito lo trasladaron allá.. tan queridos, ¿no?) y ¡el tránsfuga de tránsfugas, Juan Manuel Santos, de Mindefensa!
jueves 8 de junio de 2006, 23:08 COT
Calma, mi querido Julián. Recuerda que el tema en Homo Urbanis no es política, solo vida urbana.
domingo 11 de junio de 2006, 16:25 COT
Atendiendo tu buen sentido común, solo quiero solicitarte una breve explicación, si es posible, sobre tres puntos:
1.-Dónde queda ubicado el Centro Comercial Santa Fe del alcalde Luis Garzón?
2.-Dónde queda ubicado el Centro Comercial de Pedro Gómez?
3.-Cuál es el Centro Comercial que colapsará un sector de Bogotá?
En cuando al contenido del texto, en realidad no parecería adecuado Juan Lozano en ese ministerio. Aunque, en verdad, eso no importa, porque el que nombra, nombra, y punto. ¿No ha sido así desde tiempos inmemoriales? Fíjate que hasta el pueblo se equivoca, al nombrar toda esa horda de parlamentarios cada cuatro años. Abrazo.
domingo 11 de junio de 2006, 23:18 COT
Por supuesto, mi querido Julius!
Te respondo ampliando algunos detalles, aunque en realidad son los temas en desarrollo de este blog, sobre los cuales volveré con mayor información próximamente.
La primera referencia a la ministra Sandra Suárez (¿te es familiar?) y su ex viceministra de vivienda y ahora Directora de Camacol, Beatriz Uribe, es muy importante porque denota el carácter de la Administración Uribe, no solo de incompetencia en muchos campos, sino de indelicadeza y falta de ética, al producir un decreto tan puntual (los cerros orientales de Bogotá), donde desafectaron una buena franja que se consideraba reserva ambiental, con la que se protegía el ecosistema, para beneficiar a unos constructores amigos (¿y socios?) que podrán ahora talar bosques y construir bloques de cemento para que la gente no tengamos que ver las montañas emblemáticas de Bogotá.
El centro comercial Santa Fé, construido por Pedro Gómez, está situado en el costado occidental de la autopista norte, llegando casi al portal de la 170, es decir, sobre la entrada a Bogotá por la carretera que viene de Tunja o Bucaramanga. La implantación es casi que encima de esta vía arteria (20 metros).
El centro comercial, hotel y vivienda, en el que intervino doña Elvira Cuervo de Jaramillo como ministra de cultura para avalar la licencia, sin tener facultad para ello, queda en la carrera 7a, unos metros al norte del Hotel Casa Medina, en la conocida Villa Adelaida (antigua casona de don Agistín Nieto Caballero y primera sede del Moderno), casa declarada patrimonio histórico hace muchos años y que quedaría prácticamante asfixiada por las contrucciones. Los constructores son Manuel Abajó Abajó, Holguines (de Cali) y Conconcreto.
El otro centro comercial referido es uno que construiría Pedro Gómez a pocas cuadras de Villa Adelaida (en Rosales), que también tiene muchas objeciones de los vecinos del sector y ciudadanía en general.
En cuanto a lo de Juan Lozano, nuevo ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial siento contradecirte de cabo a rabo. No puedes caer en tal error, afirmando que siempre ha sido así, porque si miramos hacia atrás, lo que vemos son excelentes ministros de Estado, gente de carácter y dominio de los temas a cargo, aunque excepciones habrá, y en este gobierno parecen la norma. Y no creas, entre la horda de parlamentarios, hay gente muy buena, calificada y rabajadora. Lo malo del Congreso es su mala reputación, pero eso sucede en casi todo el mundo. (¿Por qué será).
lunes 12 de junio de 2006, 10:18 COT
Aunque no sea ilegal, comparto contigo, Sentido Común, que falta a la ética y buena presentación que doña Beatriz Uribe salte de un rubro del sector público al sector privado en el mismo rubro. ¿No vendrían bien unos años de inhabilidad para estos casos?: que el ex ministro de Comercio Exterior, por ejemplo, no pueda formar parte de Analdex o de una empresa importadora o exportadores durante los siguientes 5 años a la salida del cargo.
Desafectar los cerros orientales ha sido un viejo anhelo de los constructores e inmobiliarios, y siempre hubo gente que consideró eso una locura; pero parece que la locura se acaba de cometer.
Lo de Rosales también me parece un poco exagerado: poner ahí un centro comercial. Recuerdo el antiguo barrios Sears, tranquilo, de vecindario conocido, una delicia para vivir para quienes tuvimos la fortuna de hacerlo, y mira cómo se volvió con Galerías incrustado ahí: un barrio de nadie, un poco peligroso en las noches, y nada de vecindario amable.
En fin, apreciado don Sentido Común, hay cositas que producen desazón.
Y a todas estas, ¿el POT? ¿Nadie lo respeta?
Por último, quiero corregirme en cuanto a que si pudo entenderse, de mi comentario de arriba, que todos los congresistas son malas personas, no lo quise decir: hay excepciones, hay parlamentarios estudiosos, que asisten a las sesiones, que son un aporte legislativo. ¡Pero es que la mayoría…!
Abrazo.
lunes 12 de junio de 2006, 23:53 COT
Julio: Sí existe la inhabilidad de que hablas y está contemplada en el Estatuto Anticorrupción o Código Único Disciplinario. La cosa es hacerlo cumplir, lo que es competencia de la Procuraduría.
Los POT se cumplen regularmente en todo el país, salvo en los casos en que hay dinero o influencias de por medio…
viernes 7 de julio de 2006, 08:34 COT
Muy bueno el tema, el articulo y el debate: seguirè visitando la página!
Un saludo, Doppiafila
viernes 7 de julio de 2006, 10:54 COT
Doppia: Si, el tema es bueno y da para hablar mucho. Esta es su casa!
sbado 8 de julio de 2006, 08:36 COT
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