¿Justos por pecadores?
Estancias > PolíticaPor Julián Rosero Navarrete
viernes 11 de junio de 2010 2:39 COT
En algo que si se debe estar de acuerdo es en todo el sufrimiento que en carne viva debió vivir el Coronel (r) Plazas Vega. De hecho, ese sufrimiento se reflejó en muchas ocasiones, así su recia formación militar lo embadurnara de una actitud osca frente a la vida; “¡los mató el M-19!”, le gritó a un grupo de enardecidos manifestantes, después de un reprochable acto de violencia impulsado por una profunda desesperación. ¡Y pues sí! Los eventos acontecidos en noviembre de 1985 son de mucha importancia para la historia nacional. Es más, así como los norteamericanos tienen bibliotecas enteras, anaqueles y anaqueles de libros sobre su guerra civil, los colombianos las deberíamos tener pero sobre estudios y análisis de la Toma del Palacio de Justicia y la operación 'Antonio Nariño' por los Derechos del Hombre.
Existen varias posiciones sobre el asunto: desde parcializados documentales para la web en donde el gran culpable de todo es el M-19, hasta los análisis literarios de periodistas como Olga Béhar, quien describe los desaciertos del ejército en la retoma. Personalmente y al parecer, la periodista en mención puede tener parte de la historia, sobre todo cuando el ejército entró a las instalaciones disparando a diestra y siniestra. Es más, hasta el mismo hijo de Alfonso Reyes Echandía mencionó en la Comisión de la Verdad instalada en 2005 que las balas encontradas en el cuerpo de su padre pertenecían a fusiles del ejército nacional.
La Comisión de la Verdad, instaurada para el estudio de estos eventos, le muestra a Colombia parte de los sucesos acontecidos y, desafortunadamente para los fanáticos de la brutalidad coercitiva de las armas del Estado, que el ejército sí tuvo responsabilidad en la desaparición de rehenes, e incluso, en el asesinato de los mismos. Existen sentencias de sobrevivientes de la toma en donde denunciaban la brutalidad de los soldados, quienes llegaron a clasificar a los sufridos civiles en medio de la debacle, juzgándolos por estrato social. “¡Me dijo que era guerrillera por ser de estrato 2!”, comentó para las mencionadas audiencias alguna empleada que trabajaba en las instalaciones.
De otra parte, cuando el comandante de la operación, Andrés Almarales, decidió enviar al Dr. Arciniegas —delegado que se encontraba en el momento de la toma— para que hablara con los militares y persuadirlos con ello de no disparar más al 4to. piso —donde se encontraba los rehenes—, según varios sobrevivientes, el fuego se recrudeció. De la misma manera, existen sentencias de demanda en donde, de acuerdo con una evaluación de peritos técnicos, la conflagración empezó tras un corto circuito debido el estrépito de las balas. Sin embargo, lo que se ha señalado y ha estado profundamente documentado es que, una vez terminada la toma, las evidencias fueron modificadas haciendo imposible cualquier análisis riguroso. Obviamente, esto no fue realizado por los guerrilleros toda vez que a excepción de dos, ninguno sobrevivió. Sólo Clara Helena Enciso e Irma Franco salieron ilesas, contando con que ésta última fue llevada a la casa del florero, torturada y posteriormente, desaparecida.
En aras de no centrar el presente análisis en los detalles de esos días, la Toma del Palacio adquiere importancia por su incidencia y todos los factores políticos que concentró. En primer lugar, los magistrados de la Corte eran de avanzada; fueron quienes establecieron la diferencia entre delito político y delito común, al expedir la sentencia a favor de un italiano residente en Colombia al que su país pedía en extradición por pertenecer a las Brigadas Rojas. Por otro lado, era una Corte comprometida con la lucha frontal contra el narcotráfico y eso era una piedra en el zapato para muchos estamentos del Estado que habían sido infiltrados por este flagelo. Así que con lo anterior se puede inferir que, tanto para los narcotraficantes como para los agentes de extrema derecha, dicha Corte tenía que desaparecer.
De otra parte, entran a la historia los idiotas útiles: el M-19. La toma por parte de esta agrupación guerrillera estaba anunciada desde hacía varios meses. En los diarios de la época se había publicado la noticia de las intenciones del grupo y, de otra parte, la torpeza de los guerrilleros los había puesto en evidencia. No obstante, a mucha gente le interesaba la toma, razón por la cual se les permitió hacerla. Es más, existen denuncias por parte de familiares de algunos policías que custodiaban el Palacio en las que mencionaban que, días antes de la toma, la seguridad de las instalaciones se disminuyó, por lo que no sólo se permitió al grupo guerrillero tomarlo sino que, además, se buscó la manera de facilitarlo. Queda entonces reflexionar, ¿quiénes y con qué fin hicieron esto?
Después, llegan los “héroes de la patria” con todo el despliegue y se exceden a la hora de retomar el Palacio. Plazas Vega, magnánimo gracias a su fuero militar e imprudente por su afán de retomar las instalaciones, les sirvió, quién sabe si de manera inconsciente o ingenua, a los narcotraficantes, ayudándoles a destruir los archivos tras el fuerte bombardeo, y a la extrema derecha, al deshacerse de tajo de los guerrilleros y a su vez, de los magistrados “de avanzada”. Hoy Plazas Vega se encuentra padeciendo y sufriendo las consecuencias de su imprudencia.
El tal, todavía hay mucho qué estudiar y qué escribir sobre este evento tan importante de la historia nacional.
Finalmente, la Toma del Palacio de Justicia no ha terminado aún. Comenzó iniciando el año de 1985 cuando por torpeza, los guerrilleros del M-19 extraviaron los planes escritos en hojas de papel y hoy por hoy, tras el juicio y sentencia de Plazas Vega, la historia se encuentra en otra fase. ¡Quién sabe si acercándose al final! Lo que sí es cierto, es que el evento de la sentencia que falla contra el ex coronel se funde con el juicio del director de la UIAF, Mario Aranguren, mostrando la faceta implacable de la justicia colombiana y la fuerte preocupación por parte del ejecutivo que no ha podido tomarla. Es más, el día de ayer se reunió la cúpula militar con el Presidente de la República para analizar el caso Plazas Vega, obviamente, con el mal sabor de boca que les produjo también el caso de Aranguren.
¿Será que, si la Justicia sigue así de independiente e implacable, verán necesario un golpe de estado para que Juan Manuel y otros paladines de la Seguridad Democrática puedan trabajar tranquilos el próximo periodo presidencial?
