El doble moralismo democrático
Estancias > Primera planaPor Julián Rosero Navarrete
sbado 11 de julio de 2009 6:58 COT
Simpatizantes de Manuel Zelaya sostienen un afiche con la portada de un diario local, el 29 de junio de 2009, día posterior al golpe de estado que lo sacó del poder (Foto: Yamil Gonzales vía Flickr, licencia CC-BY-SA)
Un sinfín de columnistas en toda la red han opinado y bosquejado el problema que está viviendo Honduras. Unos dicen que un monstruo dictatorial acechaba la política del país centroamericano y, paradójicamente, hubo un guiño “institucional” para que con las armas del Estado se destituyera al actual presidente, sacándolo en piyama un domingo en la madrugada y expulsarlo de su país con una M-16 arriándolo por la espalda. ¡Qué forma tan democrática de deshacerse de un mandatario que le quería preguntar al pueblo que gobernaba si estaba de acuerdo o no con hacerle unos ajustes a la Constitución para buscar su reelección!
Ahora, lo más gracioso aún es que, como dicho hondureño estaba en la onda del denominado “parche de los 4”, cualquier acción que tomase para gobernar a su país otro periodo más se la iba a tildar de intentar instaurar una dictadura civil como las que promueve el “tétrico” socialismo del siglo XXI. De la misma manera, los “adalides” de la democracia, aquellos que apoyan la segunda reelección, ojo, no sólo la primera, sino la segunda reelección de un mandatario, sostienen que fue un acto legítimo y constitucional, en donde nunca se violó el designio ni la institucionalidad de la vecina nación, por lo que se rasgan las vestiduras cuando ellos consideran que erróneamente se lo ha estado llamando “Golpe de Estado”. Es peligrosamente irónico que encuadernándose todo como un “Golpe” existan personas que no lo vean así y que, además, lo consideren “constitucional e institucional”. Es como cuando a una banda de Satanic Black Metal la acusan de enviar mensajes satánicos a la juventud y ellos digan que no es así. ¡Absurdo!
Lo que pasó en Honduras es en toda su expresión un Golpe, con las armas del Estado, que a la brava sacó de sus funciones institucionales y constitucionales a un mandatario elegido popularmente, violando todo su derecho a mantenerse en el poder hasta que culmine. Es más, esos golpistas “demócratas”, se pasaron por la faja uno de los derechos de cualquier régimen democrático y es el derecho de un mandatario para consultar al pueblo, a través de los mecanismos vigentes, si se hace o no un cambio en la Constitución. Es decir, ni siquiera se tramitó tal, como en cierto país democrático en donde a punta de arreglos clientelistas, con ayuda de parlamentarios no propiamente elegidos por el pueblo, de manera olímpica y super “democrática” se modificó de la manera más antijurídica un “articulito”, con el cual se posibilitó la reelección de un mandatario. Incluso, en el mismo país, se buscó un referendo (claro, para cambiar la Constitución), financiado quién sabe con dineros qué tan limpios, para buscar una segunda reelección. Pero no, en ese país democrático buscaba reelegir un “santo”, no un demonio del “parche de los 4”, entonces, pese a toda la ilegalidad, esa reelección sí es democrática.
Plinio Apuleyo y José Obdulio, los “paladines” de la democracia, han puesto el grito en el cielo de cómo los “mamertos”, entre ellos el mismo Insulza, no son capaces de comprender el acto tan democrático que ocurrió, en donde todos los estamentos del Estado se confabularon para sacar a punta de coletazos a un presidente en piyama un domingo en la madrugada. Es así como se debe reflexionar y se debe a toda costa decantar esa doble moral, por la cual os Joseph Goebbels de la dictadura civil deciden a quién sacar a la fuerza y a quién no, y si se debe considerar o no un Golpe de Estado, de entrada un acto emblemático con el cual se inician las tiranías.
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Así que, nadie en Colombia, y menos si apoya, acolita o aprueba la forma en que se está buscando perpetuar la actual administración (incluso, se podría decir que hasta el hecho mismo), tiene la más mínima autoridad moral para criticar las intenciones del Presidente Zelaya, y menos, para considerar legítimo la manera en que se lo destituyó. Es más, si así fuese, esos mismos “adalides de la democracia” deben ser consecuentes y concebir legítimo que mucho europeo “riquito” —como dice el excelentísimo y democrático Presidente Uribe— considere una loable acción popular la existencia de un grupo armado que golpee militarmente una administración con sed de perpetuarse en el poder a toda costa y que comete los atropellos que ya todo el mundo conoce. Si estos europeos riquitos pasan por torpes ignorantes al considerar ello, ¿de qué pasarán nuestros intelectuales, “adalides” de la democracia como Plinio y José Obdulio, al apoyar y sustentar nefasto acto de violencia y violación de derechos políticos?
