La banalización del DIH en Colombia

Durante los últimos años, la expresión Derecho Internacional Humanitario (DIH, un conjunto de normas destinadas a proteger a las personas no beligerantes en los conflictos armados) ha aparecido constantemente en artículos de prensa, libros, ponencias y trabajos académicos, así como en informes, páginas de internet y declaraciones tanto del Estado, al que siempre se le reclamó su protección y aplicación, como de los grupos armados ilegales (también conocidos como "actores armados"), que empezaron a usar la dichosa sigla para legitimar su accionar y deslegitimar el de sus enemigos. El discurso de "nosotros somos los buenos y ellos los malos"  es suficiente para sentir que pueden emplear el término a su antojo.

Las Farc, que alguna vez tuvieron una plataforma ideológica de izquierda (incluido un partido político que fue prácticamente exterminado), han degenerado en una mafia asesina que no distingue entre civiles, militares, policías ni paramilitares, y que se nutre de las extorsiones, los secuestros y el narcotráfico para sostenerse, mientras apelan a un discurso, cada vez más hueco, de "justicia social". Se autoproclaman "ejército" de un pueblo al que masacran, roban, ultrajan y desprecian. Ya ni siquiera buscan el poder (al menos el gubernamental), pues es más cómodo para ellas permanecer encerradas en "las montañas de Colombia" y salir de vez en cuando de su "repliegue estratégico" para sembrar el terror entre una población civil que, así sea disimuladamente, los detesta. Su existencia y su accionar le hace daño a la izquierda democrática, que a pesar de sus avances electorales, sigue siendo minoritaria en un país donde todavía algunos sectores vinculan esa tendencia política con la subversión.

Por su parte, los paramilitares, en un inicio ejércitos privados al servicio de grandes terratenientes para protegerlos de la subversión, igualmente tomaron vuelo y se convirtieron en otra mafia asesina que, además de masacrar gente acusándola de subversiva, actuó (y actúa) en connivencia con sectores del Estado, permeó estructuras sociales en muchas partes del país y ahora, tras un proceso de desmovilización carente de reglas claras, lleno de vacíos y de desconfianza y en el que las víctimas son tratadas peor que los victimarios, se aprestan a consolidar el poder obtenido a punta de bala, sangre, violaciones y narcotráfico. Lo peor es que existen sectores importantes de la "opinión" que aplauden o, al menos, poco descalifican o censuran a estos criminales, quizás por considerarlos "un mal menor" al lado de la guerrilla, o simplemente por tener "rabo de paja" pues las financiaron alguna vez, mientras siguen infiltrándose en todas partes. Hasta el ex jefe militar de las Auc terminó denunciando nuevos hechos de violencia, que confirman que el paramilitarismo no se ha acabado.

Y, por último, el Estado, que a pesar de intentar por todos los medios terminar con el conflicto, por la vía del diálogo o, en la actualidad, mediante la "salida militar", se queda corto a la hora de llenar los espacios de poder que dejan los desmovilizados (espacios que son llenados por otros "actores armados" a manera de justicia privada) y de obtener resultados contundentes en el marco de la denominada política de seguridad democrática (ningún miembro del Secretariado de las Farc ha sido capturado, por ejemplo). Esto último ocasiona, por un lado, presiones intensas en los mandos militares y de policía, la cual en ciertos casos acaba provocando que algunos de ellos realicen detenciones extrajudiciales y violen también los derechos humanos, amparados en algunos mecanismos de la política central del primer gobierno Uribe; y por el otro, que la mentada connivencia de sectores del Ejército con los paramilitares o con el narcotráfico borre los esfuerzos de la tropa por consolidar su presencia en el territorio nacional y los avances (reales o no) conseguidos por la Fuerza Pública en los derechos humanos, amén de impedir que parte de la población civil vuelva a confiar en ella. Además, la desigual presencia estatal, especialmente en las zonas rurales, deja bastante vulnerables a sus agentes y permite atrocidades como la de la semana anterior.

En medio del fuego cruzado quedan los civiles, a los que el DIH defiende normativamente, pero que no puede proteger de la "lógica de la confrontación armada" ni de la "espiral de violencia donde las partes afectadas ya no recuerdan, no saben o no les importa quién fue el primero en atacar, quién es la víctima y quién el victimario original, lo que les permite justificar sus acciones violentas, evadir su responsabilidad y acusar al enemigo de ser el causante del conflicto". La población civil es reducida a una suerte de abstracción dentro de la lógica de la guerra, financiada en parte por la mafia del narcotráfico. No es tratada como personas, individuos, seres humanos, sino como "terroristas", "subversivos", "comunistas", "oligarcas", "neoliberales" u "objetivos militares múltiples", según el caso. Y las víctimas son dejadas de lado en los "procesos de paz", mientras que los victimarios obtienen múltiples beneficios de una justicia cenicienta y coja. Ojalá la propuesta de proscribir legalmente el paramilitarismo sirva, al menos de manera formal, para abrir la controversia sobre la llamada ‘guerra sucia’, el terrorismo para-estatal y la banalización del Derecho Internacional Humanitario. Pero esa es sólo una parte, claro está.

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