Vivir en el error
Columnas > La Biblioteca > La política en taconesPor Pilar Ramírez
mircoles 8 de abril de 2009 7:22 COT
Hace años el “hueso” solía ser la garantía de una vida cómoda, es decir un cargo al que se le roía todo lo que era posible. Todo mundo intuía que los funcionarios recibían mucho más de lo que aparecía legalmente en un comprobante de pago y además de los ingresos –dependiendo del nivel y la institución de que se tratara- las prebendas incluían viajes, automóvil, chofer que atendía no sólo al funcionario sino a su familia, ayuda para gasolina que generalmente sobrepasaba lo que el servidor público gastaba en combustible para cumplir con su tarea y “gastos de representación”, concepto que nunca he entendido completamente pero que aparentemente es lo que pagamos los contribuyentes a los funcionarios para que coman y beban a sus anchas amparados en el membrete de la dependencia que representan. En años más recientes y más tecnologizado el “hueso” incluye también servicio de telefonía celular e internet móvil.
Con el advenimiento de la era de la transparencia hemos podido ver, como dice Federico Campbell, palabras más palabras menos, cómo los funcionarios se apropian de los bienes públicos de manera legal. La ambición sigue siendo la misma, las motivaciones para llegar a un cargo público no han cambiado esencialmente, sólo que ahora es “transparente”. La ventaja para los ciudadanos es que al hacerse pública la información sobre las canonjías de los altos funcionarios aparecen mecanismos para frenar los excesos.
La intención de los consejeros electorales de asignarse salarios de 325 mil pesos mensuales por un trabajo que aún no desempeñan y por logros que aún no obtienen ya que todavía no conducen ningún proceso electoral, resultaba exorbitante. Si se considera que el aumentito de sueldo se lo dieron en un contexto de crisis económica, los consejeros serían la verdadera kriptonita para Supermán si vivieran en Metrópolis. Lo más insólito es que ante la indignación popular, la crítica de los medios y el exhorto de la Cámara de Diputados, los consejeros primero se resistieron a cancelar el incremento salarial y cuando no tuvieron más remedio que recular en la decisión, uno de ellos tuvo cara para rechazar que fuese por presión de los legisladores.
Por supuesto que las habas de la ambición y la búsqueda del dinero fácil se cuecen en muchas partes. Allí están los directivos de la aseguradora AIG con sus escandalosísimos y multimillonarios sobresueldos, cobrados después de que el gobierno le inyectara recursos para evitar la quiebra. Una diferencia verdaderamente significativa estuvo en la reacción ciudadana. Mientras en México la protesta más severa ocurrió en los medios, en Estados Unidos los contribuyentes realizaron manifestaciones contra los ejecutivos. Los activistas se hicieron presentes durante la comparecencia del representante de AIG ante el Congreso y le espetaron en pancartas toda suerte de reclamos. Los directivos de la Unidad de Productos Financieros de AIG, a quienes se responsabiliza del derrumbe de la aseguradora, cobraron por un trabajo que no hicieron, igual que pretendían los consejeros del IFE, darse la recompensa antes de mostrar sus resultados.
La llamada “ley anticodicia” en Estados Unidos, que grava ahora con una tasa de 90% las primas de los ejecutivos; y la ley de salarios máximos en México, que sólo avanzó ante el temor de una reacción negativa de los votantes y que estipula que ningún funcionario puede percibir un salario mayor al del presidente de la República intentan detener una ambición que coloca a los directivos o a los funcionarios como miembros de una casta cuyos privilegios emanan de ella misma, pero que se pagan con la contribución de los ciudadanos.
En España, también debido a los excesos en las percepciones de funcionarios, algunas regiones han intentado establecer un criterio proporcional al número de habitantes para determinar los sueldos de los alcaldes, lo cual suena lógico pues de ello dependerá la magnitud del trabajo que desarrolla el servidor público. Con esa lógica, el alcalde panista de Querétaro parecería equiparar su tarea con la del Presidente del país, pues su salario asciende a 132 mil pesos, mientras que el segundo recibe poco más de 145 mil pesos. Como dijera el escorpión cuando la rana lo ayudó a cruzar el río, no importa el color del partido por el que se llega a los cargos públicos, aprovecharlos está en su naturaleza.
