Sí se pudo
Columnas > La política en taconesPor Pilar Ramírez
domingo 28 de agosto de 2011 15:58 COT
Una joven veracruzana quiso ser policía. Hizo su solicitud y acudió a la capacitación correspondiente; tuvo un excelente desempeño que le valió el segundo sitio en su grupo. Orgullosa llegó a su casa, donde su hermano la increpó por andarse metiendo en cosas que son de hombres, intentó agredirla pero ella echó mano de lo aprendido en sus cursos y lo repelió. El hermano, al darse cuenta de que la fuerza que supuestamente le daba superioridad no había sido suficiente, rompió una botella y la hirió en el vientre. La joven acudió a hacer la denuncia correspondiente, pero el Ministerio Público que la atendió no levantó el acta; dijo simplemente que el caso no lo ameritaba porque caía en el ámbito privado y le aconsejó resolver los problemas familiares en casa.
Este hecho, contado en el Congreso de Veracruz durante la sesión del 23 de agosto, por la diputada Martha Lilia Chávez González, es una de las tantas historias de agresión a las mujeres que suceden todos los días y muchas de las cuales terminan con la muerte. Numerosas vidas de mujeres son tomadas por hermanos, padres, esposos, ex esposos o jefes con una doble agresión: la del victimario y la de las autoridades que ante la falta de un marco legal apropiado, pero sobre todo, ante la falta de voluntad para castigar a los agresores, han hecho crecer la impunidad en los asesinatos por razón de género, que no son más que los miles de casos donde una mujer termina muerta por el hecho de ser mujer.
El pretexto puede ser “meterse en cosas de hombres”, como la intención de ser policía, los celos o los llamados “motivos de honor”, en los que los agresores sienten disminuido su “honor de hombres” por la conducta de las mujeres. Lo peor del caso es que todavía existen leyes que justifican las agresiones por esos motivos.
Los feminicidios existen. No los ven sólo quienes no quieren hacerlo. Esta ceguera prevaleció en Veracruz todo el sexenio anterior, error que se corrigió el pasado 23 de agosto, cuando Veracruz se convirtió el la entidad número siete que reforma su marco legal para tipificar el feminicidio. Por unanimidad fue aprobada la iniciativa, turnada por el gobernador del estado, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal; del Código de Procedimientos Penales; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para tipificar el feminicidio en Veracruz.
Muy probablemente algunos funcionarios de la actual administración se estuviesen revolviendo en su silla cuando el dictamen era aprobado, los mismos que en el sexenio pasado impidieron que estas reformas prosperaran. Altos funcionarios que en público aducían razones jurídicas y en privado exhibían que el verdadero motivo de su negativa era un profundo sexismo que manifestaban con comentarios y bromas machistas de mal gusto y que hoy no se atreven a comentar públicamente su opinión para no quedar mal con su jefe, el gobernador del estado, de cuya oficina partió justamente la iniciativa.
Sobre la iniciativa, es justo decir que se le reconoce al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no sólo por haber enviado la iniciativa de reforma, sino que lo hizo en un momento en que no había cálculo electoral, político quizá ―porque ya escuché objeciones en ese sentido―, pero además de ser perfectamente legítimo, ¿qué acción de gobierno no tiene un sentido de esta naturaleza? Lo cierto es que fue escuchado el reclamo para dar este primer paso en el combate a la impunidad en el asesinato de mujeres.
Otro aspecto importante del proceso veracruzano para tipificar el feminicidio fue la invitación abierta a participar en las sesiones de análisis de la iniciativa y donde los grupos feministas que han trabajado activamente para exponer la necesidad de estas reformas legales ante la recurrencia del asesinato de mujeres fueron bien recibidos. Allí estuvo, por supuesto, Mayela García y otras mujeres integrantes del Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres (cidem) y del Observatorio de Género y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, quienes han trabajado intensamente en el tema y sus opiniones expertas fueron reconocidas y bienvenidas en el proceso de elaboración del dictamen.
La apertura a esta participación no es un logro menor, si se revisan los casos de otras entidades, donde la lucha política desatada por el tema pone en grave riesgo los posibles beneficios de la reforma legal, como en el caso de Guanajuato, donde la tipificación del feminicidio nació siendo letra muerta y donde la Procuraduría de Justicia no investiga los homicidios de mujeres con protocolos de género. Los 16 asesinatos de mujeres que han ocurrido en lo que va del 2011 han recibido el mismo tratamiento, antes y después de la reforma.
¿Qué sigue? Difusión de las nuevas disposiciones. Que la población sepa que el feminicidio es un delito grave y podrá ser sancionado con penas de cuarenta a setenta años de prisión, que el proceso de investigación y las medidas precautorias serán específicos para estos casos. En síntesis, que las reformas legales dan paso a un tratamiento especial a los casos de asesinato de mujeres. También es urgente la capacitación a los ministerios públicos y a los representantes del poder judicial, para que la ley se convierta verdaderamente en instrumento para hacer frente a la impunidad en el delito de feminicidio.
“Sí se pudo” corearon muchas de las asistentes a la sesión del Congreso. Yo diría: ¿no que no se podía?
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Tacón alto. Javier Duarte de Ochoa, Martha Lilia Chávez González, Brenda Abigail Reyes Aguirre, Carlos Aceves Amezcua y Ricardo Ahued Bardahuil se solidarizaron con los trabajadores del STIRT, especialmente con las madres del gremio, para este regreso a clases. Lo mejor del caso: demostraron que la perspectiva de género supera las posibles diferencias entre poderes o entre siglas partidistas.
