Rudos y técnicos
Columnas > La política en taconesPor Pilar Ramírez
jueves 19 de noviembre de 2009 13:40 COT
Con una desafortunada coincidencia numérica, el pasado 17 de noviembre el estado de Veracruz se convirtió en la entidad número 17 en aprobar la reforma constitucional conocida como ley antiaborto que, con el argumento de proteger la vida desde la concepción, desconoce los derechos de las mujeres y en la práctica condena de manera especial a las mujeres más pobres.
El proceso veracruzano estuvo marcado por una serie de acontecimientos significativos que dan cuenta, no de la diversidad de puntos de vista éticos o ideológicos, sino de cómo la demarcación geopolítica del tema del aborto, que atañe de manera esencial a las mujeres, ha sido utilizada como instrumento de los acuerdos partidistas entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). En mayo del 2008, cuando la mayoritaria bancada panista del Congreso de Baja California presentó la iniciativa de reforma a la Constitución para proteger la vida desde el momento de la concepción señaló de forma explícita en su exposición de motivos que esta iniciativa era una respuesta a la despenalización del aborto lograda por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La reforma fue aprobada, lo cual era esperable con el control del PAN sobre el Congreso bajacaliforniano, en enero de 2009. La argumentación panista anunciaba con claridad que no se trataba de una reforma local sino de una andana para intentar revertir la legislación del Distrito Federal, con mayor ahínco después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera un revés al conservadurismo, al declarar en agosto del año anterior que la despenalización era constitucional y que no violentaba el derecho a la vida.
El panismo ha utilizado todos los recursos de poder y políticos a su alcance para sumar entidades que aprueben la reforma criminalizadora de las mujeres que ejercen su derecho a elegir. De los ahora 17 estados con ley antiaborto, el PAN ha presentado la iniciativa en diez, cinco gobernados por el PAN y cinco por el PRI, en siete estados la iniciativa ha sido por cuenta del PRI, en uno de los cuales –Campeche- la promoción estuvo a cargo del ejecutivo estatal y en el estado de Jalisco el artífice de la reforma fue una iniciativa popular.
El triunfo conservador se considera natural en las seis entidades gobernadas por el PAN, pero los legisladores que han votado en contra de la iniciativa ha hecho un reclamo recurrente al PRI al que le echan en cara olvidar la tradición histórica de la defensa por el estado laico en aras de acuerdos con el gobierno federal y con las cúpulas del poder de la Iglesia Católica, con lo cual no sólo olvida a las mujeres y la aparente defensa de sus derechos sino el privilegio de un culto en razón de su poderío. La sesión en la que el Congreso veracruzano aprobó la reforma al artículo cuarto de la Constitución estatal mostró que la defensa de la equidad de género puede estar por encima de los acuerdos partidistas. La diputada priista Dalia Pérez Castañeda fue la única que votó en sentido contrario a su bancada con una fundamentación impecable sobre las implicaciones de salud pública, democráticas y de respeto a los derechos de las mujeres que respaldan el rechazo a una ley que criminaliza la libertad a decidir sobre la maternidad. Por otra parte, el discurso de la diputada perredista Margarita Guillaumín habría movido irremediablemente a reflexión en el remoto caso de que los diputados hubiesen tenido libertad para votar.
Las otras diputadas priistas se vieron obligadas a soportar con estoicismo los escandalosos reclamos que recibían desde la galería por traicionar a su género. La diputada Elvia Ruiz Cesáreo tuvo un ataque de amnesia y se olvidó de las clases populares que dice proteger desde la CNOP y Bernardina Tequiliquihua mostró que si las indígenas son marginadas es porque no tienen, como ella, una curul.
Los dardos de los asistentes al Congreso tenían como blanco fundamental a los priistas porque era un sentir general que a pesar del desacuerdo, los panistas no hacían sino dar continuidad al fundamentalismo que les ha caracterizado, pero era la postura del PRI la que causaba más indignación, ya que se percibía como una traición a los votantes, a las mujeres y a sus propios principios por acuerdos políticos. Quizá por esta razón, los legisladores intentaron atenuar el desaguisado con una reforma al código penal que cancela la cárcel como pena a las mujeres que abortan y la catafixió por un “tratamiento integral a cargo del estado”. Como bien se dijo allí, además de delincuentes, locas o perturbadas.
Después de que en los días previos la prensa dio cuenta de las protestas de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos, el PRI y el PAN no pudieron evitar sucumbir al acarreo para animar su voto con los gritos pagados de muchos asistentes. Utilizando la técnica poco recomendable pero eficaz del ethnic profiling, o escaneo étnico, se podía distinguir a los convocados por el PRI y por el panismo.
Los primeros eran grupos de colonos. Me paseaba entre ellos y les preguntaba de qué colonia iban, ellos ingenua y rápidamente contestaban de la Campo de Tiro, de la Patricio Chirinos, de Lomas de San Roque. Les inquiría quién era su coordinador y enseguida lo señalaban. Ninguno quería malversar su inversión de tiempo y perder los beneficios pequeños o grandes que les hubiesen ofrecido por un error de registro; algunos incluso ya lo portaban, pues una treintena de colonos iban ataviados con chamarras rompevientos blancas y nuevas que recibieron para ir a “demostrar el apoyo”.
La porra panista llevaba bolsas y ropa de marca, perfumes así como los ya tradicionales carteles que muestran fetos superdotados que hablan. En el grupo pro ley antiaborto los más iracundos eran, de manera desconcertante, los varones adolescentes; a la salida supe que la mayoría de ellos eran estudiantes de una universidad particular del Puerto de Veracruz quienes con la misma disciplina de las huestes priistas, esperaban el autobús que los llevaría de regreso a sus hogares. El Congreso de Veracruz utilizó de manera muy ruda la técnica legislativa contra las mujeres, y por las consecuencias que tendrá a nivel nacional, no será sólo en contra de las veracruzanas sino de las mujeres de todo el país.
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