Ilustración: Spy Vs Spy / Antonio Prohias
Atontada como siempre, Colombia asistirá en breve a una escena más del interminable sainete nacional con el cual el Gobierno del presidente Uribe mantiene la gobernabilidad y su propia popularidad en un increíble (y supuesto) alto nivel. Se trata esta vez del reversazo que tendrá que dar la reciente orden presidencial de trasladar las "chuzadas" del DAS a la Policía, en momentos en que el tema que inquieta a los colombianos no es el de las interceptaciones en sí mismas, sino saber quien es el autor intelectual del delito y cuales los fines que se persiguen con las ilegales escuchas; respuestas de obvia deducción hasta para mentes con un normal grado de estupidez, pero irresoluble caso por evidencias ocultas o inexistentes y negación a ultranza por parte del principal sospechoso, el Gobierno, como corresponde a estos vergonzosos casos de espionaje al “enemigo”, propios de regímenes totalitaristas.
“A partir de este momento el DAS no ejercerá directamente la competencia para hacer interceptaciones con orden judicial. En cualquier caso, cuando se necesite una interceptación, además de la orden judicial, tendrá que hacerlo con la Policía Nacional…Nosotros creemos que la unificación de inteligencia para adelantar practicas de inteligencia puede conducir no solamente a que haya total transparencia sino también a que se dé más eficacia" – Presidente Álvaro Uribe, a propósito de su pretendida reforma a la inteligencia colombiana de la semana antepasada.
Las “chuzadas” no son nada nuevo y existen desde cuando el señor Graham Bell inventó el teléfono. El asunto aquí es netamente ético. Pareciera ignorar el señor presidente que las interceptaciones que estamos cuestionando los colombianos son las que carecen de una orden judicial, no las otras; en sus continuos bandazos el mandatario no está dando respuesta al país sobre el grave ilícito, responsabilidad política exclusivamente suya, toda vez que el DAS depende directamente de Presidencia, al menos hasta esta semana que termina.
En concepto del senador Jairo Clopatofsky, uribista hasta los tuétanos, desde el viernes pasado la sanción presidencial de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia obliga a Uribe a recular en su propósito de dejar en cabeza de la Policía la función de “chuzar” las comunicaciones privadas de los ciudadanos; también en cumplimiento de la misma ley, el control y supervisión de las actividades de inteligencia y contrainteligencia pasará, de la órbita presidencial, a ser supervisado directamente por el Ministerio de Defensa Nacional o el propio DAS. Como quien dice, pareciera que la administración de la seguridad le quedó grande al Gobierno de la “Seguridad Democrática”. No estemos tan seguros, que él sabe cómo lava sus manos.
Nos surge de inmediato la pregunta ¿Y qué es lo piensa Uribe al momento de tomar una decisión que contraviene la actuación legislativa de su bancada y del propio gobierno cuando además, para variar, parece desconocer el orden institucional? Elemental, mi querido Watson, Uribe gobierna coyunturalmente para la opinión pública.
La opinión reclama un culpable y el gobierno escupe de sus entrañas a dos pequeños funcionarios de rango medio. La opinión rechaza las “chuzadas” y el señorito Juan Manuel propone cerrar el Das. La opinión reacciona condenando la venta del sofá y Uribe le tira las orejas al señorito Juan Manuel. La opinión pide castigo para los responsables y Uribe “castiga” al DAS, quitándole a futuro las “chuzadas” oficiales y chutándoselas a la Policía, donde hace menos de dos años se libró de un enorme escándalo descabezando a varios generales por este mismo hecho. La opinión aún no se repone de los brinquitos del presidente, cuando aparece sancionada una mohosa ley, embolatada en un cajón, que devuelve las “chuzadas” al DAS. ¿Al fin qué, Uribe?
Su simulado arranque de ira ante la revelación periodística de nuevas interceptaciones ilegales, y su reacción automática de posar de víctima para alejar de su gobierno la imagen de victimario, obedece en realidad a la estrategia de confundir y dividir para gobernar. Si algo puede haberle sacado la piedra al señor presidente no es que se haya espiado al partido de oposición, a los magistrados a cargo de temas delicados para el gobierno o a periodistas con las narices metidas en el asunto, pues todo esto se hizo a favor de sus intereses particulares, sino que los espías hayan dado papaya, poniendo en evidencia ante los medios y la opinión el pecado de violar el derecho fundamental a la intimidad.
La ley de Inteligencia y Contrainteligencia patinada por dos de sus mejores espadachines, Marta Lucía Ramírez y Jairo Clopatofsky, resume la intención de este gobierno de profesionalizar el oficio del espía telefónico, encubriéndolo y protegiéndolo de la justicia; en virtud de la reserva y el secreto profesional, los espías involucrados en asuntos de inteligencia y contrainteligencia podrán mantener oculto todo aquello que en virtud del ejercicio de sus actividades, hayan visto, oído o comprendido. Para la protección de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, los espías estarán exonerados del deber de denuncia y no podrán ser obligados a declarar. Pero sobre todo, si usted, Jim, o cualquiera de sus hombres es sorprendido o muerto, nuestro gobierno negará cualquier conocimiento del hecho. Esta grabación se autodestruirá en cinco segundos…
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mircoles 18 de marzo de 2009, 15:14 COT
Este blog está chuzado.