Corto circuito
impuesto de guerraPor Sentido Común
viernes 11 de noviembre de 2005 9:56 COT
Botando corriente:
ReUribe le acaba de echar firma a un sorpresivo Decreto, con el que autoriza un alza retroactiva en las tarifas de energía facturadas por las no bien reputadas empresas costeñas Electrocosta y Electrocaribe, cuando las promesas de éstas desde hace varios años fueron “aumento de cobertura y disminución de tarifas y apagones”.
Con esta medida nuestro Soberano no solo sienta otro mal precedente frente al manejo de temas como la ineficiencia y la corrupción en los servicios públicos, sino que lesiona aún más la economía del pueblo raso, que supuestamente le rinde admiración, si hemos de creer en las encuestas. La metida de mano al bolsillo de los costeños representa en esta ocasión la bicoca de 67 mil millones de pesos, que gracias a los buenos oficios del ministro Mejía (nada que ver conmigo), se diferirán a dos años, en los cuales, ténganlo por seguro, habrá otras alzas adicionales. Para tranquilidad de todos, estarán exentos los estratos 1 y 2, que ya no tienen como pagar las facturas aún con descuento.
Recordemos que durante su segunda campaña política, la del referendo, ReUribe manifestó en la Costa que “el país ha malgastado en muy buena proporción las regalías y eso nos preocupa enormemente. Si el país (sic) hubiera invertido bien las regalías, el cuento de los servicios públicos (sic) sería diferente”. Sus palabras eran otro sofisma de distracción, pues en tres años de gobierno la situación sigue igual o peor, y no precisamente porque no se haya aprobado el referendo, sino porque no se tiene una verdadera voluntad política para controlar los desmanes producidos por la corrupción. El problema de los servicios públicos en la costa es bien complejo, pues encarna círculos viciosos de politiquería, corrupción e ineficiencia, por lo que la acción del Gobierno resulta paliativa frente a la magnitud del problema y perjudicial para el interés general.
Pero tal vez el peor daño que causa el Decreto, es la jurisprudencia sentada contra uno de los pocos derechos que aún conservábamos los usuarios de los servicios públicos, como era el no cobro retroactivo por errores de facturación o de planeación por parte del operador. Pues nada, así como los bogotanos hemos ido cancelando en nuestra factura el negociado impune del Guavio, los colombianos seguiremos pagando el costo de la doble moral de nuestros “líderes” y nuestro propio apendejamiento frente a ellos.
No dudo de la inconstitucionalidad del acto de gobierno y sugiero a los legos en la materia que me leen, lo demanden por lesivo de los derechos del gobernado y abuso de autoridad por parte del gobernante.
