Manifestaciones tras colapso del sistema Transmilenio, Estación General Santander (Avenida NQS), 4 de marzo de 2014 (Foto original: Sandra González Franco).

En tiempos de revocatoria, destitución y la desgracia de una posible interinidad, surge ante los ojos de los ciudadanos el eterno problema de la ciudad: la movilidad. Hace unos días, el diario El Tiempo publicó un artículo que hacía alusión a la falta de planeación de la ciudad; cómo quienes se encargaron de diseñarla, en aras de traer un falso progreso y crecimiento urbano, decidieron trazar avenidas rectas y planas como la apariencia gris y tosca que luego proyectaron, llevándose por delante monumentos y finos espacios arquitectónicos. Como enuncia el artículo, Bogotá fue demolida una y otra vez, volviéndola así la ciudad de “ensayo y error”, y llevando a erigir el leviatán urbano que es el día de hoy.

Claramente, esa fue la filosofía, el trasfondo de esta urbe: un completo caos de cemento que redundó en la imposibilidad de pensar una ciudad en crecimiento, una metrópoli, en volver habitable el conglomerado urbano más importante del país. A nadie se le ocurrió hace varias décadas que la ciudad capital, entrado el siglo XXI, iba a contar con más de 8 millones de habitantes, con una población flotante de más de 10 millones y con una densidad poblacional que, si se excluye la localidad de Sumapaz, supera los 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y fue esa miopía la que llevó a que ciertos académicos en la década de 1970, desde un prestigioso think thank que es irrelevante nombrar, propusieran gastar recursos para demostrar que no valía la pena usar fuentes del erario para construir un metro. Que el sistema existente ya era por sí eficiente y, pues, no requería tal inversión. Que se gastara esa platica en otros menesteres. Así pues, el monstruo de ciudad que se venía se quedó sin una solución estructural para el problema del transporte masivo.

Manifestantes toman vías de Transmilenio y presencia de la fuerza pública, tramo entre estación de Comuneros y estación de Ricaurte (Avenida NQS), 4 de marzo de 2014 (Fotos originales: Ángela Pérez España).

El problema del metro ha estado en el debate público desde entonces. Esta ciudad, por la cantidad de habitantes que tiene y su densidad poblacional, necesita todo un sistema integrado de transporte: metro, buses articulados, buses urbanos tipo SITP, trenes de cercanías, ciclorutas, etc. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas tan solo se han formulado soluciones cortoplacistas: desde la troncal de la Caracas (luego un nido de delincuencia) hasta el afamado Transmilenio (al borde siempre del colapso). Y es tal la visión de “ensayo y error” que quien impulsó el proyecto Transmilenio, con tal de entregar rápido la obra la ciudadanía, aceptó una infraestructura incompatible con los suelos de la ciudad, que llevaría a un imparable reparo de las losas que la conforman. Esto, claramente, ha costado miles de millones de pesos al erario distrital. A los bogotanos les ha costado mucho dinero esa falta de visión. Alguna vez, cuando un experto extranjero en alguno de los tantos foros que se ha hecho sobre el tema cuestionó por qué no se había encaminado todos los esfuerzos financieros en Bogotá para la construcción de un metro y un sistema integrado, algún experto del peñalosismo le respondió que un sistema así era como un Rolls Royce y pues, que solo había dinero para un “Mazdita”. La respuesta del experto redundó en que ese es el problema de los latinoamericanos: que ven la política pública en temas de mejora en movilidad como si fuera un lujo y no como la necesidad que es.

Hoy por hoy, el sistema Transmilenio sigue al borde del colapso y las soluciones alternativas aún no responden a la demanda que tiene la urbe. La ciudadanía constantemente hace manifestaciones para exponer el descontento y cada vez más surge una ciudad con una movilidad imposible. Y no es del todo culpa de los gobiernos socialistas de Petro y Lucho, ni de la mediocre visión de ciudad de Samuel o Peñalosa: es la ausencia de un pacto social, de un acuerdo último y total sobre la movilidad como algo esencial. Es culpa de la ausencia de voluntad política, no solo de los cabildantes y el ejecutivo distrital sino también de la falta de compromiso de empresarios, organizaciones ciudadanas, de la sociedad en su conjunto, para encaminar una solución estructural al problema.

Finalmente, cabe señalar que si nunca se da un pacto social por la movilidad y no se instituye la voluntad política para lograrla, como menciona el artículo antes citado, Bogotá continuaría siendo un “sueño de ciudad inconcluso”, un “juego inmemorial de piezas intercambiables” que, en comparación a las grandes urbes, no sería más que un gigante amorfo y amotriz, con millones de transeúntes que nunca se pusieron de acuerdo para enderezarla.

La mañana de hoy parecía ser fascinante; no obstante, las noticias matutinas espantaron la tranquilidad que reinaba con una nueva pilatuna del Dr. Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia. ¡No! Esta vez no eran sus estridentes y —aceptémoslo todos— “envidiables” fiestas, sino la medida que tomó respecto a la privatización del manejo turístico del Coliseo Romano. Hasta ahora, Berlusconi, para la humilde concepción de quien les escribe, era un político convencional: de mayorías, escándalos y altibajos. Se podría decir que sus estridentes y —por favor, ¡aceptémoslo, muchachos!— “envidiables” fiestas no eran una gran problemática, siempre y cuando no se usaran los recursos del Estado para satisfacer tales agasajos. Sin embargo, el asunto del manejo privado de un monumento insignia de la historia de la humanidad sí tiene fuertes repercusiones, más aún con la discusión respecto a qué tan bueno es permitir que este monumento nade en las hondas piscinas de la eficiencia económica. ¡Es verdad! El mantenimiento de este monumento puede costar varios millones de euros al año, pero ¿es prudente dejarlo en manos privadas para su mera explotación?

Esto trae a colación una discusión que se da en las “arenas” de la economía: “eficiencia económica privada” ó “manejo público”. Usualmente, los resultados de la misma se materializan en recortes presupuestales en temas sensibles para el desarrollo social y cultural de las naciones. Un ejemplo de esto se puede evidenciar con el asunto de las asignaciones territoriales a salud y educación o en su defecto, con el manejo pensional en nuestro país. Es muy curioso que los “paladines” de la eficiencia económica defienden religiosamente su bendita “eficiencia” hasta incluso llegar a inmolarse en un recinto en donde no prime este pensamiento “fiscalista” y “eficientista” del manejo público. Pero no hacen lo mismo cuando este manejo “eficientista” afecta los intereses de los grupos de poder. Volviendo al tema de las asignaciones territoriales, en 2007 se disminuyó el incremento potencial que la Nación asignaba a salud y educación de los departamentos y municipios, supuestamente, por mantener bajo control el déficit fiscal. Pero… ¡oh sorpresa! La Nación siguió aportando un monstruoso gasto bélico, que hoy por hoy, se calcula en 5 billones de pesos anuales. ¿No tendrían estos “paladines de la eficiencia económica” que amarrarse dinamita en la cintura y hacerse estallar frente al Ministerio de Defensa por ese despilfarro de recursos? (pues sólo “compraron” con ellos un par de shows mediáticos con manos y cabezas de guerrilleros muertos)

Lo mismo ocurre con el asunto pensional. Es verdad que el problema de la pirámide poblacional ha causado un revuelo y más aún cuando está comprometida la sostenibilidad del Sistema. Pero, al igual que Berlusconi, ¿no es descabellado ceder el “Coliseo Romano” del bienestar futuro de los trabajadores a un puñado de Administradores de Fondos de Pensiones que mantienen sujetos los ahorros de todos al vaivén del mercado bursátil? Sobre todo cuando el colombiano común ve que cuando hay buen desempeño, el capital aumenta mil veces menos que cuando disminuye en un marco de pérdidas. Lo mismo ocurre con la discusión de la diferenciación en las edades de jubilación: para muchos, las mujeres, por el hecho de trabajar menos, ganar menos y vivir más tiempo, es suficiente para concretar que su edad de jubilación sea igual a los varones: “¡es que cuesta puntos del PIB mantener la diferencia!”, decía algún fanático de la eficiencia en algún espacio de discusión cibernético.

No obstante, la corta visión que proporciona la “eficiencia económica” hace olvidar a estos fundamentalistas de la economía que, en muchas ocasiones, la razón de ser de esos “punticos del PIB” adicionales es una compensación a un problema social: las mujeres ganan menos no por voluntad, sino por un problema de segregación laboral que redunda en menores salarios: según estudios, una mujer puede ganar hasta un 30% menos que un hombre en las mismas condiciones. De la misma manera, el rol social de la mujer y, sobre todo en un país latinoamericano, hace que su aporte a la sociedad no sólo sea como trabajadora convencional sino como quien guía el engranaje familiar, asunto que resulta de 24 horas al día.

Todo lo anterior lleva a reflexionar qué pretenden los “pastores religiosos de la eficiencia económica”. ¿Se debe dejar todo al vaivén del mercado? ¿Lo que “cueste” y no “les cueste” recortarlo? Y si “les cuesta”, ¿se debe entonces crear toda una pantomima metodológica para explicar por qué no se puede recortar? En ese orden de ideas, el cuento de la “eficiencia económica” resulta terriblemente absurdo cuando se menoscaba el bienestar del ciudadano y más aún, cuando también se arruina el bienestar social y desarrollo cultural de una comunidad. ¡Da susto! ¡Da susto que un día se proponga que cada edificio y cada cuadra responda por su pedazo de calle, pues se piense más eficiente que el manejo de una administración central! ¿Y los grandes monumentos? ¡Ni modos! ¡Convertirlos en centros comerciales!

Es una realidad. El planeta entero se está desgastando y de hecho, la mentira que nuestra forma de vida es sostenible es tan frágil como nuestro hábitat. De una u otra manera, el homo sapiens sapiens, dotado con la razón e imaginación, debe concentrar sus esfuerzos en encontrar los mecanismos para no sólo asegurar su supervivencia, sino también la de La Tierra. Hasta que dicha especie no encuentre otro lugar en el Universo a dónde encausar un éxodo, debe cuidar, ordenar y hacer perdurar su casa. De lo contrario, la especie, como muchas otras que pasaron por el planeta, desaparecerá (y más grave aún, ¡con sus dioses y todo!).

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En alguna ocasión, precisamente en una cátedra de Política Económica en la Universidad de los Andes, el Dr. Juan Carlos Echavarría criticaba fuertemente a algunos parlamentarios —léase Jorge Enrique Robledo— sobre sus intervenciones procaces contra el manejo que se le había dado a la economía. Con ínfulas de “gran científico” y alardeando de sus doctorados, este reconocido economista criticó al parlamentario por no conocer ni saber sobre cómo actuar ante los problemas económicos nacionales. No obstante, algo de lo que el Dr. Echavarría carece, por la ignorancia propia del autismo que produce ser un economista ortodoxo, es el conocimiento de los manejos e impactos políticos de las decisiones económicas.

Pues sí. Así en los modelos y los estudios formales y econométricos con todos los juguetes técnicos en regla concuerden en disminuir salarios para aumentar el empleo, los impactos políticos y sociales —nefastos por cierto— de aumentar el IVA y disminuir la tenta para sanear el fisco, entre otras propuestas descabelladas, sobresalen volviendo totalmente inviables la sola formulación de las mismas. Es más, en muchas ocasiones, son iniciativas que por Constitución, y al ser Colombia un estado medianamente moderno (así el Presidente se haya esforzado por devolverlo al oscurantismo), se deben tramitar por vía legislativa. Por tanto, sin importar lo religiosamente uribistas que sean muchos parlamentarios, ¿quién de ellos se atrevería a tramitar una iniciativa que incremente el IVA, disminuya los salarios, entre otras totalmente impopulares?

No obstante, aunque para quien está a cargo de la administración pública es inconveniente anunciar que va promover este tipo de iniciativas, existen algunos otros osados que niegan rotundamente el hecho de algún día irán a hacerlo. Ese es el caso del actual candidato a la presidencia Juan Manuel Santos y su asesor económico estrella, Dr. Juan Carlos Echeverri (curiosamente, los apellidos Echeverri y Echavarría son oriundos de la lengua vasca y traducen algo así como “dueño de casa”). Para enfrentar a Antanas Mockus en el debate, Santos, de la manera más olímpica que pudo, anunció a “lengua explayada” que no subirá los impuestos en su administración. De la misma manera, para meterse al bolsillo a los cerca de 2.000.000 de beneficiados por el SENA, anunció que tampoco desmontará los parafiscales. Pero… ¡Oh sorpresa! Su asesor, uno de los más aberrantes ortodoxos, ha sido el “paladín” de la formalidad laboral y empresarial cuya forma de encaminarla, según muchos de sus escritos, es desmontar dichos parafiscales.

Ahora bien, para completar, Santamaría, entre otros economistas ortodoxos de la onda “santista”, no sólo han gastado papel y bites en sitios web haciendo estudios de lo fabuloso que es desmontar parafiscales, crear impuestos planos (flat tax), entre otras propuestas antielectorales, sino que también han propuesto trasladar las obligaciones de las mencionadas contribuciones al erario nacional. Es decir, resumiendo, lo que Santos, o más bien, sus asesores siempre han abanderado, es quitarle las cargas parafiscales al empresariado y poner a que los colombianos los paguen. Pero, y si Santos dijo que no iba a subir impuestos así reciba un país terriblemente endeudado, con un déficit primario galopante y con el fuerte gasto en “balas democráticas”, ¿cómo hará para cubrir las obligaciones de los parafiscales una vez desmontados?

Desafortunadamente, les comento, a los cerca de 6,6 millones de colombianos que lo acompañaron con su voto en primera vuelta, que su candidato acaba de decir y en público, una de las mentiras más grandes del presente siglo. Es más, dicha mentira se pelea el primer puesto con que aquella de tinte 'obdulista' que a las FARC las "derrotó" la Seguridad Democrática.

Así pues, finalmente, es imperioso que en Colombia se analice con prudencia a quién se va a apoyar en la segunda vuelta presidencial. Si usted de casualidad trabaja en la actual administración nacional o es contratista de Acción Social, pues ni modos, le toca votar por Santos pues de lo contrario contribuirá a que el índice de desempleo rompa la barrera sin método estadístico novedoso y “marrullero” que lo contenga. Si en serio cree que otra vía es posible, deseche, por primera vez en la historia de este país, apoyar la propuesta política de una persona sobre cuya imagen recae lo peor del establecimiento… ¡Está por verse qué pasará el próximo 20 de junio! ¡Nadie ha ganado aún!

Si en algo los Marcos Palacio de la segunda mitad del siglo XXI deben estar de acuerdo es en clasificar en sus estudios históricos al gobierno de Uribe como aquel que no fue capaz de brindarles a los problemas una solución estructural: para frenar el terrorismo de los insurgentes usó, como para apagar fuego con gasolina, el terrorismo de Estado; para acabar con la pobreza dio gala de una fuerte política asistencialista que se limitó a “medio aliviarla” con subsidios mensuales; para aumentar el empleo se creyó y religiosamente siguió la “teoría de la copa rebosada”: darles gabelas a los grandes capitalistas con la ilusión de que a éstos, algún día, se les rebosaría la riqueza, la cual caería sobre la población en forma de empleo. En fin. Muchas “soluciones” pero los problemas, como uñas de hippie, ¡ahí, creciendo!

Ahora bien, trayendo a colación la devastación en materia social y económica que los sistemas financieros paralelos e ilegales produjeron en el suroccidente colombiano, ha pasado casi 1 año y medio y nada de soluciones estructurales. En aras de no extender la presente columna en disertaciones del “por qué”, algo que la opinión pública debe saber es que los Esquemas Ponzi o “pirámides” son fenómenos presentes en todas las economías de mercado del mundo. Incluso se podría aseverar sin mayor reflexión que, en economías como la estadounidense, el fenómeno podría apreciarse hasta en cada esquina. Así pues, el problema no es que existan dichas pirámides. El problema, y de mucho cuidado, es que éstas se multipliquen y desplacen a los sistemas financieros formales y legales.

Obviamente, lo anterior tiene sus razones; en primer lugar, si alguien pide un microcrédito en una entidad bancaria y ésta le sale con que los intereses se van a liquidar al 33% efectivo anual más una comisión del 7,5% y de otra parte, la misma persona quiere abrir un CDT y le dicen que por las condiciones del mercado éste no superará el 4% efectivo anual, existe un serio problema estructural en los procesos financieros de la economía colombiana. A la diferencia entre las dos tasas se le conoce como margen de intermediación el cual, en este caso específico, puede llegar a ser hasta de 30 puntos; 30 puntos de diferencia en donde la banca tradicional juega a “todos ponen, yo gano y no reparto nada”. Es imperioso además sumarle algo adicional a lo anterior: Colombia es tan rica, la gente es tan pudiente que, sin más tapujos, se da el lujo de pagar por mantener un sector financiero que pelea por el primer puesto del más caro del continente. Por tanto, ¿cómo no iban a surgir esquemas paralelos e ilegales?

Si en Colombia, tras el terremoto social y económico que produjeron las pirámides, todos esperaban una solución estructural, ¡pues no! Se los llevó el estribillo presidencial “trabajar, trabajar y trabajar”, pero a cambio de no tener un rédito decente tras un producto financiero y pagar altísimos costos por tenerlo. Se hablaron de créditos blandos, pero como la banca es tan implacable a la hora de cobrar y a la vez tan torpe a la hora de mejorar su eficiencia, esto no tuvo ningún efecto. Se quiso hacer una “reforma financiera” pero ésta no pasó de “refritar” lo que existía en materia de Defensor del Cliente junto con sus multifondos, que sólo le terminó destiñendo lo “financiero” y la empezó a vestir de “pensional”. Para resumir, el gobierno de Álvaro Uribe no tuvo los pantalones para hacer una reforma estructural en materia financiera, en la cual pusiera en cintura al sector, planteara los mecanismos jurídicos y operativos para que éste fuera más eficiente (por ende no tan caro) y abanderara la democratización y acceso masivo al crédito. Pero… ¡no pudo! ¡no lo dejaron! ¡no le dio la gana!

La solución que hoy por hoy se está planteando es instaurar Zonas Francas en los territorios devastados por el fenómeno de los sistemas financieros paralelos. ¿Zonas Francas? ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene el suroccidente de sufrir por profundos problemas como el mencionado en la presente columna? Las Zonas Francas, como están concebidas, sólo atraerán inversionistas fanáticos de la producción extractiva e incluso, en línea con una intervención que el senador Juan Fernando Cristo hizo en algún debate sobre el tema, sólo se pondrán ahí amigos del gobierno. ¿Será esto una solución estructural, o sólo será una solución tipo “Seguridad Democrática”? Es prudente entonces que la población y los nuevos legisladores piensen en estas temáticas. Que de una vez por todas, planteen soluciones estructurales y dejen de darles analgésicos a los “cánceres” que sufre el país en general.

NOTA: Este es un llamado para todos aquellos legisladores jóvenes y “nuevos” que buscaron matizar su forma tradicional de conseguir votos con un discurso de “renovación”. Ojalá que así como se explayaron en recursos y burocracia para lograr votación en las zonas devastadas por el fenómeno aquí descrito, tengan también la osadía de encaminar las reformas que el suroccidente y Colombia necesitan.

La verdad, haciendo una breve evaluación del último gobierno, no se puede asegurar el avance en materia política, económica y social en los últimos 8 años. La crítica es la siguiente: pese a que las carreteras se encuentran plagadas de militares y se les ha hecho una pompa mediática a las bajas de un puñado de rebeldes, en otros planos, que también son importantes, el país tuvo un retroceso evidente. En primer lugar, en materia política y administrativa, pese a que desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 se buscó la autonomía de poderes e incluso, la participación democrática y participativa, el exceso de presidencialismo y los monstruos burocráticos han opacado todo el esfuerzo de los constituyentes para sacar a Colombia de su condición de “República Bananera”… ¡Y ni hablar de la “recentralización política y administrativa” en la cual se ha encaminado el actual gobierno!

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El día jueves, más o menos a las 4 de la tarde, se supo la noticia que el rey del pop se encontraba agonizando en un hospital de Los Ángeles. Unos minutos después, todas las tiendas de discos de la ciudad tenían encendidas sus pantallas con videos y conciertos del célebre personaje, y en muchos tumultos, se encontraban personas respondiendo con un ¡no lo puedo creer! a su interlocutor. Como era de esperarse, los medios de comunicación nacionales pusieron la noticia en primera plana, y el día viernes, ese fue el acontecimiento que sacudió al ciudadano del común. Ahora bien, la pregunta que se debe hacer es, ¿por qué este suceso tan irrelevante logró eclipsar el impacto de la opinión pública sobre el hecho que Colombia se encuentra oficialmente en recesión económica?

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El debate que se suscitó en el Senado de la República a lo largo de 2006 y 2007 con el proyecto de Acto Legislativo 11 de 2006 –hoy sancionado como Acto Legislativo 04 de 2007– dejó en muchos de los simpatizantes de la descentralización política y administrativa profundas reflexiones sobre qué tan incólume se encuentra la esencia de la Constitución de 1991. El hecho de que, a discreción del gobierno nacional central, se mesure o expanda la descentralización proclamada en la Carta Magna según consideraciones estratégicas de la mera coyuntura hace ver los designios de la autonomía regional y local para el desarrollo como un simple “saludo a la bandera”.

Muchos economistas, sobre todo de naturaleza ortodoxa, salieron a defender la iniciativa gubernamental aduciendo que las finanzas del Estado estaban en peligro si no se aprobaba ese proyecto de Acto Legislativo. No obstante, lo hermético y sesgado de su raciocinio les impedía pensar que su extensa evaluación econométrica y científica se convertía en el think tank de una administración que aminoraba el proceso descentralizador, con tal de poder financiar la costosa guerra contra el terrorismo. En pocas palabras, su retórica matemática y ortodoxa sirvió de idiota útil para cambiar el destino de unos recursos de un rubro a otro. Pero, ¿qué hay de la tan anhelada descentralización? ¿El alejar cada vez más el Estado de los ciudadanos generará el país competitivo de cara al oscuro siglo XXI?

En medio del debate, la oposición señaló que disminuir la participación dentro del presupuesto de las entidades territoriales ampliaba el margen de inversión del gobierno nacional central. Esto tendría alguna utilidad si se tuviera un gobierno central preocupado por el desarrollo regional y local. Pero no es así. Los rubros de más (los cuales, obviamente no se ahorran sino que se gastan en otra cosa) se van en apropiaciones estratégicas para los intereses del gobierno de turno que, si está maniatado a intereses económicos de unos pocos, termina en los bolsillos sin retorno del gran capital. Las regiones y municipios, cada vez más rezagadas, terminan desligándose del juego e interacción de sus economías por el exceso de centralismo; ahora, sólo el triángulo económico (Medellín, Cali y Bogotá), en donde de casualidad se encuentra la Zona Franca de Occidente, es el único fragmento de la nación que tendría oportunidades, pero ¿qué hay de la periferia que está tan azotada por el abandono, la pobreza y la falta de oportunidades?

Es pues hora de hablar de un nuevo modelo de Estado y de propuestas alternativas de ordenamiento territorial, en donde las regiones y las entidades territoriales conciban una autonomía real ante el desarrollo económico y no “nominal” en una Constitución que agoniza gracias a un régimen autoritario. La autonomía regional y el acercar cada vez más el Estado a los ciudadanos conllevará a una dinamización de los procesos económicos que lleven hasta el palmo de tierra más olvidado a probar un poco del desarrollo que sólo se concentraba en las grandes urbes.

Finalmente, antes de lanzar una propuesta de nueva organización regional y de administración estatal, es necesario detectar a los enemigos de dicha. En primer lugar, se debe tener en cuenta la cultura política del ciudadano de a pie. Como se insinuó en un escrito anterior, la ausencia de control ciudadano sobre los procesos administrativos y presupuestales es el peor enemigo de la autonomía regional. Así pues, el proceso confederativo de una nueva república debe empezar por cambiar la concepción de democracia.

El día en que miremos a la democracia más allá de la retórica útil para sostener dictaduras del siglo XXI y que el ciudadano, el centro de ésta, tiene derechos pero deberes frente a la vigilancia de los procesos administrativos, se podrá hablar de autonomía regional y de confederación. De lo contrario, se podría pasar por alto los impasses de la época federalista, aquellos que devinieron en el movimiento de la Regeneración y que impusieron un centralismo autocrático, aquel que hoy desangra la posibilidad del desarrollo integral a lo largo y ancho de la nación.

El suscrito columnista, recordando los acontecimientos políticos más importantes de la historia reciente de Colombia, ha logrado determinar que lo mejor que le hubiese podido pasar a Álvaro Uribe era desistir de su segundo mandato. Incluso, es posible que con sólo los logros mediáticos de la Seguridad Democrática y el haber aprovechado el boom económico latinoamericano de 2005 y 2006, este Presidente hubiese quedado como una figura histórica… incluso, sus “adalides”, hoy quienes le echan codazos o están decidiendo si le echan codo o no, le hubiesen erigido un monumento, quizá para reemplazar la vieja y percudida estatua del “enano” en la Plaza de Bolívar.

Pero no fue así. Su ambición de poder y la perpetuación de todo lo que está detrás de él impidieron que Álvaro Uribe quedara consignado en el “Pobladores” del año 2090 como aquel “respiro” de principios de siglo. De hecho, si no se hubiese reelegido, su sucesor, posiblemente Vargas Lleras o alguno de los Santos, también hubiese quedado como un rey en los primeros años de gobierno 2006-2010 y le hubiese podido echar toda la culpa de los desbarajustes económicos de final de periodo a la irresponsabilidad de unos gringos en Wall Street. Finalmente, el periodo 2010-2014 hubiese quedado en manos de la oposición, independientemente si es el PDA o el ala progresista del partido Liberal, con un país totalmente devastado por la crisis, consumido por la guerrilla, entre otros problemas, para que algún “Laureano Gómez” de la década de 2050 escriba libros de historia echándoles la culpa de todos los problemas de la primera mitad del siglo XXI. La falta de visión histórica del Primer Mandatario y su necesidad de poder inmediato, posiblemente, sea el plato de algún Marco Palacio de 2080, para que le ponga el título de una de las administraciones más cuestionadas y con más escándalos de la historia de Colombia.

En el año 90, el suscrito columnista apenas gozaba del recién adquirido “uso de razón” con las “mechas” del Pibe Valderrama y la “metida de pata” de Higuita en el partido contra Camerún. Pero lo que sí es cierto es que sonaba en aquel periodo cómo el gobierno nacional se arrodillaba a uno de los criminales más grandes de la historia reciente de la humanidad, al punto de hacerle una cárcel propia de donde se fugó sin mayor tapujo. ¡Qué escándalo! De hecho, se lo recuerdan a César Gaviria cada vez que hace acusaciones relacionadas con el narcotráfico a la presente administración.

En medio del single de Supercampeones, el sonar de Vilma Palma y la ilusión que la Selección Colombia ganara un mundial de futbol, se precipitó, según la gran mayoría, uno de los gobiernos más corruptos. El proceso 8.000, los llamados narco-casetes, entre muchas pruebas, mostraban cómo a la campaña "Samper Presidente" entraron dineros del narcotráfico; el “Pacto Social”, uno de los Planes de Desarrollo más completos y coherentes realizados hasta la fecha, se diluyó en medio de negociaciones con el Congreso de la República para que el Presidente al menos terminara su mandato. Ese escándalo, y con toda la razón del caso, le quitó gobernabilidad a una administración que pudo haber sido el emblema de gobierno progresista del continente.

Finalmente, en la época que el suscrito columnista “brillaba” baldosas al son de las notas de Ricarena en las afamadas fiestas de 15 años, vino el gobierno, según muchos foristas de eltiempo.com, “pro-terrorista”. Hablando con los conservadores, concordaron en que Pastrana le había entregado el país a las FARC, sin contar con que fue una administración a la que le tocó afrontar la crisis del UPAC y de 1999, algo que a la luz de los comentarios de ignorantes en asuntos económicos fue “culpa del gobierno de turno”.

Mientras el suscrito columnista se encontraba inmerso en el profundo estudio teórico de la economía en las aulas de la Universidad de los Andes y cuyas únicas lecturas eran Nicholson, Varian, Mankiw, Sala-i-Marti, Wooldrige y Gujarati, se subió al poder un hombre que prometió acabar con la guerrilla. El avasallador movimiento político y la expansiva propaganda hacían imposible argumentar algo en contra de esa administración. Mientras el suscrito columnista estaba un día completo confinado en la biblioteca del CEDE estudiando econometría, ese presidente había estado en la mañana en Puerto Leguízamo, había almorzado en Valledupar, se había echado un “picadito” en Istmina y había pernoctado en Villavicencio. El ritmo de este presidente, condensado en el estribillo reggaetonero “trabajar, trabajar y trabajar”, hacía ver ínfimo cualquier trabajo de la oposición. Incluso varias veces, el suscrito columnista dudó en irse en contra del Referendo, apoyar a Lucho a la Alcaldía y comentar que militaba en la oposición… con tanta propaganda, alguna vez surgió el cuestionamiento, "¿será que ese tipo tiene razón?"

Pero no, efectivamente no la tenía, no la tiene y no la tendrá. Según estudiosos de los ciclos políticos, el segundo mandato siempre es deficiente en comparación con el primero. En el caso colombiano, no sólo fue deficiente sino que sacó a la luz los desaciertos de la primera administración, ocultos y sigilosos detrás del impacto propagandístico. Haciendo el recuento, la pésima política económica encaminada devino en una recesión interna paralela al desbarajuste mundial; los fuertes escándalos como la parapolítica, los falsos positivos y el enfrentamiento anti-institucional contra las Altas Cortes hacen ver el proceso 8.000 tan malvado como el “tin tin corre-corre” que jugaban los niños de los años 90. La entrada del “maestro” Job (como dice Jesús Piñacué) a la "Casa de Nari", el intento de volver a Jorge Noguera embajador de Milán, las "chuzadas", entre otras, hacen ver a La Catedral como un chascarrillo abusivo de “inocentes”. Y ni hablar de la corrupción de la Yidispolítica, Carimagua, las travesuras de ciertos vástagos, entre otros, que no tienen comparación con los "pequeños" escándalos de las últimas administraciones.

Con todo esto es prudente preguntarse, en serio, por fuera de los que ingenuamente creen que “pueden viajar tranquilos a sus fincas”, ¿qué escribirá el Marco Palacios de 2080 sobre la presente administración? Y más aún, ¿cómo juzgará el historiador de esa época la pasividad de la población civil ante los sucesos aquí mencionados?

Hace unos meses vimos la fuerza de un paro cívico laboral, aquel que organizaron los sindicatos de la rama judicial. Pese a que no se lograron alcanzar todas las peticiones de los líderes del sector, la presión que generó la parálisis de las labores llevó a una pequeña crisis del gobierno central, llevando a que se sentara a negociar y lograra al menos concertar parte del pliego de los demandantes. El paro podía continuar, puesto que las leyes establecen que es una forma legítima y legal de obtener reivindicaciones laborales. De hecho, los funcionarios y todos aquellos que le huyeron a “esquirolandia” podían mantener cesantes sus labores, puesto que no había ningún problema en protestar; sus familias igual comían ya que de todos modos les iba a llegar su salario mensual.

Ahora, este tipo de paros laborales no se dan en sectores cuyos empleados no tienen la gracia de recibir salarios mensuales. Para ser concretos, el paro de transportadores no tuvo un final como el del sector judicial; en este caso, cada día que los camioneros detenían sus labores no percibían ganancias. Con la suma de los días, estas pérdidas venían subiendo al punto que a final de mes, estos trabajadores no logran reunir los recursos suficientes para llevar el sustento a sus familias. ¿Quién puede pelear por mejores condiciones laborales bajo esas circunstancias? Esto llevará a que, definitivamente, los transportadores no puedan hacer nada para parar la sobreoferta de vehículos de carga, para cambiar las tablas de fletes y para hacer que el gobierno desmonte esa ridícula “escalera tributaria” que hace de la gasolina colombiana la más cara del planeta.

De ninguna manera se puede hacer una resistencia popular para lograr condiciones dignas de trabajo que beneficien a la colectividad, si gracias a esta resistencia se encuentra comprometido el “pan de cada día”. Eso explica por qué en Colombia, un país de pésimas condiciones laborales, bajos salarios reales y, además, el único en América Latina con cifras de desempleo de dos dígitos, no se vean avasalladores movimientos populares en pro de las reivindicaciones laborales y paros masivos de trabajadores.

Una joven estudiante de estratos populares hacía alusión alguna vez a que, el colombiano común tiene apenas lo suficiente para sobrevivir y el constante miedo a perder lo poco que tiene por demandar mejores condiciones. ¿Será que esto tiene condenada a la sociedad colombiana a vivir como con el esquema del dadda bengalí (def. esquema usurero que lleva a los pobres a trabajar a penas para subsistir)?