Las dudas sobre el general Montoya

A muchos no les sorprendió el contenido del artículo que publicara el prestigioso diario Los Angeles Times el pasado 25 de marzo, sobre los posibles vínculos del general Mario Montoya Uribe con los paramilitares, según un informe de la CIA, aunque sí causó curiosidad su aparición. De un tiempo para acá ha crecido notablemente el interés de la prensa norteamericana en los asuntos del patio trasero, más allá de los despachos de la AP, especialmente por la visita de Bush y el escándalo de Chiquita Brands. No sorprende que el mismo diario publicara el domingo un artículo sobre la alcaldesa de Neiva, o que en la Montreal Gazette hablen de las minas antipersonales sin mencionar a Juanes.

Bueno, eso tiene algo de positivo, dado el servilismo de la clase dirigente colombiana a la gran potencia. Desde amenazar con demandar a la prensa estadounidense, pasando por las visitas de los respectivos embajadores, la afirmación de que esa información provino de un “tercer país” (¿cuál?) y del “respaldo total” al alto mando militar, la reacción del gobierno fue inmediata, rápida y sin contratiempo aparente alguno. ¿Por qué? A pesar del presuroso desmentido por parte del presidente Uribe y del sospechoso “homenaje” al general Mario Montoya en la comuna 13 de Medellín, muchos no nos tragamos del todo el cuentico de que el tipo sea un hombre totalmente “limpio”. Al fin y al cabo, en medio del escándalo político y desde antes muchos militares han sido procesados por haber apoyado o al menos haberse hecho los de la vista gorda con los crímenes del paramilitarismo.

Montoya es un general controvertido, presto a satisfacer la necesidad de un alto número de bajas en combate para mostrar “resultados”. Pero desde hace mucho ha sido acusado de estar vinculado con los paramilitares. Algunos afirman que cuando era teniente, hace casi 30 años, formó parte de la organización paramilitar Alianza Anticomunista Americana, durante el gobierno de Turbay. También hay acusaciones en su contra por sus acciones durante el periodo en que fue Jefe de Tarea del Sur. Montoya también fue suspendido por la Procuraduría debido a la negligencia que al parecer facilitó la masacre de Bojayá (Chocó) en 2002, perpetrada por los asesinos de las FARC y de ser uno de los responsables de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales durante la llamada Operación Orión en 2002, que supuestamente fue realizada en colaboración con alias Don Berna en la comuna 13 de Medellín para sacar de allí a los terroristas farianos. Pocos olvidan que Montoya, tras la masacre de Jamundí en la que murieron emboscados diez policías antinarcóticos por miembros del ejército, dijo que “nosotros no estamos esperando a que llegara un grupo para abrir fuego”, o en otras palabras, que la tropa puede disparar así no la estén atacando, triste afirmación que da cuenta de la mentalidad de muchos mandos militares.

Sin embargo, las acusaciones del informe (sin confirmar aún) de la CIA citado por Los Angeles Times son gravísimas y merecen una investigación de verdad, como ha solicitado el mismo acusado. El hecho de que la información provenga al parecer de “muy buena fuente”, como señaló el agregado militar estadounidense, les da algún peso. Pero, ¿no fue acaso sospechoso el “homenaje” que recibió apenas dos días después de publicado el artículo en el barrio que “liberó” en 2002? Muchos de los habitantes que asistieron al acto afirman que no sabían a qué estaban yendo. Por otra parte, algunos testimonios de paramilitares desmovilizados parecen confirmar lo dicho por el Times. Estos actos, como se dijo antes, siembran muchas dudas. Antes de absolver o condenar, deben hacerse las investigaciones. Cuestionar una posible mala actuación de la fuerza pública, contrario a lo que vociferan algunos partidarios del régimen, es una de los actos más patrióticos que existen, pues en ella recae la responsabilidad de la protección y de la seguridad de todos los colombianos. ¿Cómo va a confiar uno en una fuerza que está al servicio o que colabora con grupos ilegales?

El escándalo parapolítico sigue su curso. Mientras los Araújo vuelven a hacer noticia (el padre sigue prófugo y Álvaro Araújo Castro renunció a su fuero para evitar la severidad de la Corte Suprema, no como afirman algunos “juristas”, que se atrevieron a decir que buscaba “agilizar” los procesos), se conocen documentos secretos estadounidenses, desclasificados hace poco, en los que se da cuenta de las advertencias que desde Bogotá hacía el embajador Myles Frechette durante la administración de Samper sobre la connivencia (o negligencia) de los militares con algunos grupos de autodefensa, que degenerarían en el paramilitarismo tras la creación de las Convivir en 1997, defendidas con vehemencia por el presidente Uribe. No es un fenómeno para nada nuevo, como pretenderán algunos. Y Jorge Noguera, ex director del DAS y otro de los hombres más cercanos a Uribe, queda en libertad por un “tecnicismo”.

La verdad es esquiva, pero siguen apareciendo más y más escándalos. ¿Hasta cuándo va a aguantar la tan mentada “institucionalidad”? ¿Dónde quedan las responsabilidades políticas? ¿Si el país no se cae por unas responsabilidades, entonces de cuándo acá salen personas “imprescindibles”, protegidas por el primer mandatario? ¿Cuándo se tomarán medidas extremas para solucionar la crisis? Al paso que vamos, si apenas ahora debatimos lo del Palacio de Justicia y el Proceso 8.000, seguramente en el 2030 se empezará a saber todo, pero de verdad…

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