De ternas y tornados
Estancias > PolíticaPor Marsares
mircoles 4 de noviembre de 2009 1:32 COT
La terna para Fiscal General de la Nación, en la que se reemplazó al controvertido Juan Ángel Palacio por el Consejero de Estado Marco Antonio Velilla, fue de nuevo declarada “inviable” por la Corte Suprema, ratificando su posición de que el titular del ente acusador debe ser un abogado penalista, dados los procesos que debe enfrentar en el ejercicio de su cargo, que no puede delegar en sus asesores.
La ley en la roca
En principio el gobierno tiene razón. La Constitución exige unos requisitos mínimos para desempeñar dicho cargo y si los ternados los llenan, es obligatorio para la Corte Suprema escoger el más idóneo. No hacerlo es faltar a un deber que le impone la Constitución como lo afirma el ministro Fabio Valencia Cossio.
La Corte Suprema no puede exigir requisitos que la Constitución no contempla. Al hacerlo suplanta al legislador rompiendo la separación de poderes. La Constitución no exige un experto penal pues se entiende que los altos cargos del Estado son ante todo políticos, desempeñados por líderes que fortalezcan las instituciones a su cargo, asesorados por expertos.
Pensando con el deseo
Para la fiscalía es deseable que sea abogado penalista, pero excepto Alfonso Gómez Méndez, los demás fiscales no lo han sido. Alfonso Valdivieso es especialista en desarrollo económico, Gustavo De Greiff, en derecho administrativo y fue Consejero de Estado, al igual que Luis Camilo Osorio, que además fue Registrador Nacional del Estado Civil y conjuez del antiguo Tribunal Disciplinario. Incluso, el fiscal saliente, Mario Iguarán, es especialista en derecho comparado y en Alta Dirección del Estado, aunque ostenta una especialización en Casación penal.
¿Penalista? El criterio jurídico no es propio de una rama del derecho. Se adquiere con el conocimiento de sus principios fundamentales, y se perfecciona con la experiencia. Y en lo tocante con la fiscalía, debe ser un administrador hábil y un jurista independiente, que garantice su eficaz funcionamiento combatiendo la impunidad, mal que carcome la administración de justicia. En otras palabras, un director de orquesta que no necesariamente debe ser experto violinista o bajista, sino un hombre capaz de tener una visión de conjunto.
El país de los sueños
Infortunadamente estas premisas sirven para un Estado como el que diseñara la Constitución del 91, armónico y equilibrado, fundado sobre la autonomía de cada una de las ramas del poder público, pero controlada por las otras dos. Por eso, a diferencia de la mayoría del Estados modernos y teniendo en cuenta la tendencia autoritaria de nuestra historia, optó por una fiscalía que no estuviera adscrita al ejecutivo sino a la Rama Judicial.
Pero la fiscalía no podía ser una rueda suelta y por ello encargó de a dos poderes de la elección de su titular. El Presidente de la República terna a sus aspirantes y la Corte Suprema los elige, con la claridad de que, dada la prohibición de la reelección del primer mandatario, sus candidatos ejercerían su cargo durante el mandato de su sucesor, resguardándose su independencia.
El poder es para poder
La reelección de Álvaro Uribe Vélez rompió con este esquema de control y equilibrio dando lugar a que los ternados por él en los distintos cargos de la administración de justicia ejerzan durante sus sucesivos mandatos, comprometiendo su autonomía pues, en su afán por ejercer el control total del Estado, ha ternado para estos cargos a amigos y servidores fieles.
La terna para Fiscal General muestra a dos amigos incondicionales que lo han acompañado en su trasunto por el Gobierno: Camilo Ospina, que les abrió el camino a las ejecuciones extrajudiciales, y Virginia Uribe, una abogada cuyo único mérito es haber sido asesora personal de Uribe cuando era Gobernador de Antioquia. El consejero Marco Antonio Velilla sería la excepción. Su brillante hoja de vida habla por él, pero una terna no puede ser de uno, si bien las matemáticas no rigen en este Gobierno.
La encrucijada de la Corte
Dados los importantes procesos que tiene la fiscalía para decidir, encabezados por la parapolítica y la yidispolítica, que involucran a personas de los afectos del presidente Uribe, es explicable el temor de la Corte Suprema. Elegir a un fiscal tan cercano a los afectos del primer mandatario, compromete su independencia y podría llevar al traste el descomunal esfuerzo que la administración de justicia lleva a cabo en contra de la corrupción.
Las soluciones infortunadamente no remedian el problema. Si ambas partes persisten en su actitud, hacia el futuro se vislumbra una salida que dependería del hundimiento del referendo. Sin la posibilidad de reelección del presidente Uribe, la terna tendría viabilidad política; sin embargo, cambiar su postura resquebrajaría su credibilidad y por ende su autoridad y le daría la razón a quienes han visto en este enfrentamiento un trasfondo político. Podría entonces nombrar un fiscal encargado y esperar que el sucesor de Uribe cambie la terna, pero se estaría ante idéntico escenario, un presidente ternando a un fiscal que va actuar durante su administración.
La hecatombe
El peor de los escenarios posibles es que triunfe el referendo reeleccionista y con él se elija por cuatro años más a Álvaro Uribe. La imposibilidad de mantener indefinidamente la interinidad o el encargo a un fiscal diferente al de la terna, obligaría a la Corte a elegir entre los ternados que hoy se niega a considerar, o exponerse a ser denunciados por prevaricato los magistrados renuentes. En ambos casos, la Corporación quedaría menguada en su autoridad e independencia, completándose la encerrona de la justicia con una ficha fiel y segura en la fiscalía.
Con cara pierde la Corte y con sello gana el Gobierno.
mircoles 4 de noviembre de 2009, 09:48 COT
Qué tiene que ver el hecho de que la Corte Suprema de Justicia no haga su trabajo al elegir de la terna para Fiscal enviada por la Presidencia de la República con la releección? Creo que el análisis se equivoca al unir las dos cosas.
Una cosa es estar o no de acuerdo con la reelección y argumentar el desequilibrio entre los poderes. Pero el tema de la terna es simple y llana terquedad de la Corte que se está extralimitando en sus funciones.
Para quién no esté de acuerdo con un tercer período (que en este momento no es constitucionalmente posible), las opciones son muchas. 1) Si la Corte Constitucional da luz verde al referendo reeleccionista, pueden o no votar o votar que no están de acuerdo con la modificación a la Carta. 2) Si aún así el referendo pasa y es aprobado, votar en contra de Uribe en las elecciones de Mayo. Si ganan (es decir, no hay reelección) maravilloso, pero si pierden (es decir, Uribe es reelegido), que respeten la decisión de los demás colombianos en las urnas.
Y para volver al tema de la terna… si el tema de que sea penalista es taaan importante, como debe serlo, sería bueno que la CSJ y el Congreso promoviera otra reforma constitucional para anexar ese requisito a los actualmente existentes.
mircoles 4 de noviembre de 2009, 16:46 COT
Diana:
Aunque creo que el artículo trata en forma clara cómo la reelección afectó la institucionalidad del país, lo retomo para contestar su amable comentario. La reelección hizo posible que el fiscal ternado por el presidente, destinado a ejercer en el período presidencial siguiente, con otro presidente, lo hiciera bajo el mandato del presidente que lo ternó, lo que afecta su independencia, pues difícil no predicar lealtad de quien le debe su nombramiento.
Esta, en el fondo es la razón de la Corte Suprema para negarse a nombrar los ternados por Uribe, pues a más de la lealtad misma, además son muy cercanos. Se estaría eligiendo un fiscal de bolsillo que ejercería su labor dentro del tercer mandato de Uribe, con las implicaciones para las investigaciones que ese ente adelanta contra altos funcionarios del gobierno.
Así que la reelección sí tiene mucho que ver en este asunto. Y respecto al referendo en sí, no es tan simple como usted lo plantea. Imposible enfrentarse a un candidato que tiene todo el poder mediático y presupuestal para ganar los votos. ¿Competir con alguien que tiene a su favor radio, TV, prensa y dos ramas del poder público, con billones de pesos repartiéndolo a diestra y siniestra?
Finalmente, respecto a una posible reforma constitucional, si es necesaria. Quizás la más sabia es la que planteó Alfonso Gómez Méndez: Deberían ser los expertos (La Corte Suprema) los encargados de ternar y el presidente, de acuerdo con las políticas del Estado, elegirlo. Una solución más justa y realista..