Corte Suprema devuelve la terna para Fiscal General
Estancias > PolíticaPor Marsares
jueves 17 de septiembre de 2009 18:27 COT
En un hecho sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia, luego de dos meses de deliberaciones infructuosas, le devolvió al Presidente de la República la terna que había enviado para elegir al sucesor de Mario Iguarán.
Como se recordará, el Presidente Uribe, cumpliendo su deber constitucional, envió una terna compuesta por su ex embajador en la OEA Camilo Ospina, el ex Consejero de Estado Juan Ángel Palacio, y María Virginia Uribe, quien se ha desempeñado como abogada en la contratación administrativa.
En audiencia pública, la Corte escuchó a los tres aspirantes y se puso en evidencia su desconocimiento del derecho penal, con errores protuberantes y vergonzosos. Si se tiene en cuenta que el desarrollo de su labor se encuentra enmarcado dentro de esta disciplina del derecho penal, aunque la Constitución no lo exige, es obvio que el Fiscal General al menos debe tener alguna experiencia, conocimiento u orientación en este aspecto.
Agregado a esto, con el correr de los días se supo de cuestionamientos serios a Palacio por supuesta participación en tráfico de influencias en el Consejo de Estado, mientras a Ospina se le criticó su excesiva cercanía al primer mandatario, lo que le restaría autonomía, inconveniencia mayúscula cuando la Fiscalía investiga a muchos aliados de Uribe, al tiempo que de Virginia Uribe se señalaba sus flaquezas jurídicas.
La Constitución manda que se escoja de una terna, de tres aspirantes en igualdad de condiciones y calidades, pero no una en el que sólo hay uno demasiado comprometido con el jefe de estado, otro cuya transparencia es cuestionada y una que funge como un simple relleno. Esta terna era un irrespeto al país y obligar a la Corte a elegir a uno de ellos era poner en manos cuestionadas una institución esencial para nuestra democracia.
¿Prevaricaron los magistrados? Si se interpreta literalmente la norma, podría pensarse que sí, ya que se negaron a cumplir con el mandato constitucional. Pero si la interpretación se fundamenta en el bien común que es el principio esencial de la Carta, se concluye que la conducta del alto tribunal se encuentra ajustada a ella, ya que elegir a un fiscal que no es idóneo para el cargo compromete la estabilidad jurídica y política del país.
Pero si en derecho la actuación de los magistrados provocará un hondo debate con impredecibles consecuencias, políticamente la tormenta que desata esta decisión responsable y seria de la Corte será aún mayor. Con el pretexto de que éste es un ataque de la Corte al presidente Uribe, con la manipulación de la opinión pública se da carta blanca para que sus contradictores adelanten una reforma judicial que la reduzca a su mínima expresión, como se pretende con el Tribunal especial que le quite la facultad de investigar a los congresistas.
El equilibrio que consagró la Constitución del 91, al prever que la elección de las cabezas de estas instituciones cumplirían sus funciones en el período del siguiente mandatario, por lo que el que se encontrara en ejercicio no tendría interés alguno en nombrar personas cercanas a su administración, se perdió con la reelección de Álvaro Uribe, quien postula y goza de la gratitud del nombrado en la siguiente reelección, comprometiendo la independencia del funcionario y prohijando la corrupción consiguiente.
Días tormentosos le esperan a esta maltrecha democracia colombiana, aunque resulta esperanzador que sus instituciones judiciales, a despecho de las otras dos ramas del poder público, aún funcionan, con defectos, errores y lunares, pero funcionan. Y eso es mucho decir en estos tiempos.
