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[Especial 2009] La universidad hoy en Colombia: un panorama claroscuro

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viernes 1 de enero de 2010 22:08 COT

Por Martha L. Uribe

Escultura ubicada frente al edificio de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Foto: Rubashkyn, licencia Creative Commons BY-SA

Cuando estamos a punto de completar el primer decenio del siglo XXI, la educación superior en Colombia, en manos de 282 instituciones, de las cuales 79 son universidades y 203 son técnicas profesionales y tecnológicas, constituye sin duda un sector vivo y dinámico que se renueva, reorganiza y transforma aceleradamente, urgido por las presiones que impone un orden mundial cada vez más competitivo y por las necesidades del país acosado por la aguda crisis social, política y económica que compromete nuestro destino presente y futuro.

Los números algo dicen. Las estadísticas oficiales muestran un aumento sostenido en la matrícula universitaria en el país en el último decenio, pero llegar a la universidad y graduarse sigue siendo un privilegio de un sector muy reducido de la población por cuenta de factores como la pobreza, la escasez de oportunidades en muchas regiones del país, el aislamiento geográfico, la exclusión relacionada con la condición étnica y el idioma, y la falta de voluntad política, no obstante las repetidas promesas electoreras que pregonan la importancia de la educación y que luego son olvidadas o se cumplen tímidamente.

Según datos disponibles del Ministerio de Educación, hemos pasado en la matrícula universitaria de 30.551 estudiantes matriculados en el 2000 a 874.539 en el segundo semestre de 2008; si se consideran todos los niveles —técnico, tecnológico y universitario— la matrícula en el 2009 asciende a 1.570.447. Estos avances, sin embargo, tienen que enfrentar otros problemas como el de la altísima deserción, especialmente en los dos primeros semestres de universidad. Un estudio reciente de la Universidad de los Andes sobre deserción indica que por cada dos estudiantes matriculados, solo uno llega a graduarse, lo que se relaciona con fallas en la formación previa a la universidad, manifestadas en bajos puntajes del examen del Icfes, problemas económicos de los hogares y edad del estudiante cuando es mayor que sus compañeros.

Otro obstáculo para el acceso resulta de la concentración territorial de las universidades, que deja vastas zonas del país con dificultades, dado que las 47 universidades privadas y 32 públicas actuales se concentran básicamente en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander. Una alternativa a estas limitaciones ha sido la educación a distancia que abre hoy posibilidades para cerca de 250.000 estudiantes, ofrecida por un poco más de 50 universidades a través de 371 programas técnicos, tecnológicos, de pregrado y posgrado.

La creación de los Ceres (Centros Regionales de Educación Superior) ha posibilitado que 162 de estas instituciones, ubicadas en 535 municipios, muestren en el 2009 una matrícula de 28.165 estudiantes —en el 2002 era de 2.946—. El programa dirigido a promover la educación técnica muestra también sus resultados: de los 215.285 jóvenes matriculados en este nivel en el 2002, se pasa en el 2009 a 507.382.

No podemos dejar de mencionar en este balance la situación de los profesionales egresados de las universidades, afectados por las dificultades en la consecución de empleo, el incremento del desempleo profesional, las reducidas oportunidades laborales y los salarios precarios. Los esfuerzos, planes y concertaciones que la universidad se esfuerza por hacer con el sector productivo del país pensando en el logro de objetivos de desarrollo, productividad y competitividad, se enfrentan con el difícil panorama de una informalidad creciente. Para miles de colombianos y colombianas dedicados al rebusque, lograr un empleo, así se tenga una profesión, parece también un privilegio.

Nuestra educación superior también se enfrenta a las presiones y exigencias de un entorno educativo global que jalona cambios profundos en el avance de la ciencia y el conocimiento, en las mentalidades, en los modos de educar y relacionarse, que hacen ver como limitada e incluso obsoleta la formación centrada en conocer de una sola disciplina o lograr competencias para un empleo, frente a la urgente necesidad de formar éticamente a ciudadanos y ciudadanas en tanto actores sociales críticos, comprometidos, creativos y responsables consigo y con la sociedad. Este panorama obliga a las universidades a ser más conscientes de sí mismas, de las demandas nacionales y globales para replantear sus visiones y objetivos, su visión del mundo, del país y de lo que quieren para el presente y el futuro.

Los sorprendentes avances en las tecnologías de información y comunicación exigen que el trabajo académico cuente con tecnología de avanzada que facilite compartir información, datos, proyectos conjuntos, para lo cual se constituyen potentes redes de las cuales empezamos a hacer parte. Avanza en el país Renata (Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada) para el desarrollo científico, tecnológico y académico, que permite actualmente el trabajo colaborativo entre 76 instituciones. Acceso, conexión e intercambio de información son sus milagros.

Se registran avances en el proceso de acreditación de los programas académicos de las instituciones de educación superior en el país. Los enfoques básicos de este proceso son el mejoramiento continuo y la autorregulación, aunque el proceso es al mismo tiempo un mecanismo de control por parte del estado. Los datos disponibles de los últimos 10 años (1998-2008) muestran que han sido evaluados 911 programas y acreditados 774, de los cuales 400 son de universidades públicas y 374 de instituciones privadas.

En abril del presente año se aprobó la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que consagra la fe en el conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo económico y social y que marca la pauta para el fomento de la investigación en el país mediante estrategias como el fomento de la innovación en el aparato productivo, con la creación del Fondo Francisco José de Caldas y la transformación de Colciencias en Departamento Administrativo. Con esta política el gobierno pretende el fortalecimiento del recurso humano para la investigación, es decir, más doctores; la difusión del conocimiento mediante los medios de comunicación; impulsar el desarrollo de sectores estratégicos como energía, recursos naturales, biotecnología, salud, materiales y electrónica, tecnologías de información y comunicaciones, logística y diseño, fortalecimiento de las regiones para participen en las estrategias de desarrollo mediante la investigación, construcción de ciudadanía e inclusión social.

Uno de los problemas más preocupantes es la situación de la universidad pública en el país. Las puertas de las universidades privadas siguen estando cerradas para miles de jóvenes colombianos por cuenta de sus costos y la universidad pública está siendo ahogada por la disminución de los aportes para su funcionamiento, por cuenta de las incoherencias de una política gubernamental que parece borrar con el codo lo que hace con la mano: aprobar normas para el mejoramiento de la educación superior pero sin que tengan el debido respaldo en el presupuesto. En nuestra coyuntura actual, la guerra y la corrupción llevan la delantera cuando de reparto de recursos se trata.

La lista de las nuevas obligaciones de las universidades sin el respaldo económico debido es larga: más doctores, reconocimiento de méritos académicos, promoción de grupos de investigación, aumento en las cotizaciones para pensiones, descuentos en las matrículas a los estudiantes por cumplir con su deber ciudadano de votar, procesos de acreditación, crecimiento en plataformas informáticas y compra de equipos. La respuesta del gobierno, hasta ahora, no se hace cargo de las dimensiones del problema, como lo demuestra el estudio realizado por una comisión de las universidades Nacional de Colombia, de Antioquia, Valle, Tecnológica de Pereira, Cauca, Caldas y Pedagógica Nacional. Un dato global: actualmente la universidad pública recibe 1,6 billones de pesos, mientras que en el 2000 las transferencias eran de 1,73 billones.

Aún así, las universidades siguen haciendo esfuerzos por aumentar la cobertura y por ofrecer nuevos programas académicos. Actualmente, el 53% de la matrícula total universitaria, corresponde a las 32 universidades públicas, mientras que la matrícula en las instituciones privadas ha venido descendiendo.

En investigación, la universidad pública impulsa aproximadamente el 50% de los grupos de investigación, ocupa los primeros lugares en grupos de calidad superior según el Observatorio de Ciencia y Tecnología. Al negarles a las universidades públicas los aportes necesarios para funcionamiento, se las está presionando para que aumenten aún más la venta de servicios y respondan con recursos propios que se dedican a la investigación y la proyección social, lo que afecta seriamente su misión educadora. A menos que se impulse una verdadera política de fortalecimiento de la universidad pública en Colombia, la brecha entre estudiantes que terminan la secundaria y los que pueden realmente disfrutar el derecho a la educación superior será cada vez mayor.

La historia de la educación superior y las universidades nos revela cómo en cada época histórica la universidad ha tenido que redefinir sus grandes preguntas con respecto a la educación: ¿a quiénes educa? ¿cómo educar? ¿para qué?. También ha tenido que redefinir sus relaciones con la sociedad y con los intereses que la animan. Así, la universidad colombiana hoy se ve exigida a desarrollar su misión en una sociedad colombiana escandalosamente desigual y excluyente, en medio de un conflicto y guerra que compromete su destino actual y futuro, acosada por la corrupción, las múltiples violencias, los valores provenientes de sectores políticos, económicos y sociales ávidos de poder, dinero y prestigio a cualquier costo y por cualquier medio. La esperanza es que la educación en todos sus niveles contribuya a fortalecer los enormes esfuerzos de quienes en la sociedad colombiana trabajan cada día por la construcción de un país justo, respetuoso de los derechos humanos de hombres y mujeres, con cabida para todos.

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