De legítimas defensas y sus santos patronos

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“…golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así estos no se encuentren dentro de su territorio, es un acto de legítima defensa”

Juan Manuel Santos
Ministro de Defensa de Colombia

Juan Manuel Santos en el evento Colombia: Hostage Rescue & What Lies Ahead, realizado el 23 de julio de 2008 en Washington (Foto: Center for American Progress vía Flickr, licencia CC-BY-SA)

Aunque la premisa es simple y se basa en una institución muy antigua —si me atacan tengo derecho a defenderme—, su desarrollo es complejo. No basta, como pretende el ministro Santos, de consuno con el Presidente Uribe^[1], que exista un enemigo armado que ponga en peligro la supervivencia del Estado y se encuentre refugiado en el exterior para perseguirlo y aniquilarlo.

No es materia de discusión el derecho que le asiste al Estado de perseguir dentro de sus fronteras a todo aquel que cometa un delito y, si es el caso, reducirlo por medio de la fuerza, ciñéndose a la ley. Pero tal derecho se vuelve excepcional cuando los delincuentes se refugian en el exterior.

Uno de los pilares del orden jurídico internacional es la soberanía de los Estados. En virtud de ella, a cada Estado debe respetársele su territorio, sus instituciones y, por supuesto, sus habitantes. Pero admite excepciones pues no es una patente de corso para delinquir a expensas de los demás.

Hay situaciones extremas que pueden dar lugar a dichas excepciones como la de convertirse el Estado en amenaza para los demás. En este caso, los afectados pueden intervenir en él pero a través de un organismo multilateral, como la ONU, por ejemplo, en el que debe estudiarse el caso y tomar la decisión que corresponda.

Variadas son las herramientas para que el Estado problemático se acoja a las normas internacionales. Desde declaraciones de censura, condenas en los tribunales internacionales, pasando por bloqueos económicos o expulsión de organismos supranacionales, hasta la intervención armada a través de fuerzas internacionales.

La debilidad o la tolerancia también pueden ser castigadas. Si un Estado no quiere o no puede juzgar a quienes dentro de su territorio cometen delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidios, la Corte Penal Internacional (CPI) adquiere plena jurisdicción para intervenir en lugar del Estado cómplice o timorato.

Crímenes contra los derechos fundamentales también pueden motivar la intervención internacional. Lenidad, complicidad, omisión, negligencia, etc. Esta vez, las cortes internacionales, como la Interamericana de Derechos Humanos por ejemplo, pueden condenar a los Estados no sólo a reparar las víctimas sino también a investigar y juzgar a los responsables.

También se puede dar la cooperación entre estados limítrofes permitiendo, a guisa de ejemplo, la “persecución en caliente”, es decir, que fuerzas armadas del otro país puedan penetrar a territorio del vecino para impedir que los delincuentes escapen. Este es el caso del acuerdo que se acaba de firmar entre Brasil y Colombia, permitiéndose el sobrevuelo de naves de ambos países, pasando 50 kilómetros el límite de la frontera.

Como bien se ve, hay pluralidad de opciones que pueden escogerse para perseguir a los delincuentes en donde quiera que se hallen, sin olvidar que existe una policía internacional que responde a órdenes de captura, que se pueden firmar convenios de extradición, etc, pero todo esto ciñéndose a unas reglas pactadas de antemano.

Saltarse estas reglas erosiona el derecho internacional y conspira contra la convivencia de los pueblos. Así como la justicia por propia mano no es permitida para los individuos, tampoco lo es para los Estados. A estas normas de convivencia se llegó luego de las incontables guerras del pasado, en especial la propiciada por los países del Eje que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial.

Si para nuestro caso, los presidentes Correa o Chávez, o sus subalternos cobijan a las FARC y no se puede conseguir su cooperación para capturarlos, el gobierno colombiano ha debido acudir a las instancias internacionales. En su momento Uribe amenazó al mandatario venezolano con acudir a la Corte Penal Internacional, pero al final prefirió los canales diplomáticos que era lo que debería haberse hecho con Ecuador. Claro que no es lo mismo enfrentar a Venezuela que a Ecuador.

De todas formas, la impunidad de los gobernantes ya no es tan larga y ancha como en el pasado. La orden de captura emitida por la CPI contra Omar Al Bashir, presidente de Sudán, y la ayuda pedida al Consejo de Seguridad de la ONU para hacerla efectiva, muestra que sí es posible enjuiciar a un Jefe de Estado.

Existen además precedentes en este sentido como los de Slobodan Milošević (antigua Yugoslavia) y Charles Taylor (Sierra Leona), sometidos a Tribunales Internacionales de la ONU. Esto debe ser materia de reflexión para quienes desde el poder creen que pueden delinquir a su amaño, sin freno alguno.

La justicia tarda… pero llega.

[1] En un consejo comunal de gobierno en Urrao (Antioquia): “Que no sueñen que van a mantenerse en la impunidad, porque están en el extranjero, esos bandidos del ELN o de las FARC. Caerán. Bajo mi responsabilidad los seguimos buscando en cualquier parte (…) Que esos bandidos vayan encontrando escondidijos extraterrestres, porque en este planeta los encontramos”.

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