La matanza de La Rochela: ¿otra razón de Estado?
Artículo destacadoPor Marsares
lunes 11 de junio de 2007 23:38 COT
Mientras el país contempla a los capos paramilitares y sus socios congresistas desfilar por los estrados judiciales, acogiéndose a una ley benigna que los libra de todo mal y peligro, la justicia internacional prosigue sin descanso investigando sus matanzas. El último fallo condenatorio contra el Estado colombiano lo profirió el 11 de mayo pasado, esta vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la matanza de La Rochela, acaecida el 18 de enero de 1989.
El recorrido por la sentencia es escalofriante. Relata los 18 años de casi total impunidad, enmarcados en los muchos avatares del proceso, el asesinato de testigos, la intimidación a las autoridades judiciales, la complicidad de la Justicia Penal Militar, el intento del Estado por calificar este genocidio como un caso aislado, el desamparo de los sobrevivientes y la omisión en vincular a los procesos judiciales a generales del ejército. Y detrás de todo esto, la creación de los grupos paramilitares como una política de Estado.
La creación del paramilitarismo por el Estado
La historia comienza en 1965, durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Mientras las FARC, el ELN y el EPL dan sus primeros pasos, el Estado también se arma irregularmente. Crea los “grupos de autodefensa”, mediante el Decreto Legislativo 3398 de 1965, convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968, que le permite al Gobierno utilizar hombres y mujeres para contribuir “al restablecimiento de la normalidad”, amparándoles armas de uso privativo de las Fuerzas Militares como de propiedad particular.
Cuando se produjo la matanza de La Rochela, estas normas estaban vigentes y se cumplían a cabalidad. El Relator de las Naciones Unidas, que visitó el país varios meses después, confirmó la existencia de grupos paramilitares “formados y financiados por narcotraficantes. Actúan estrechamente vinculados con elementos de las fuerzas armadas y de la policía. La mayoría de los asesinatos y matanzas perpetrados por los grupos paramilitares ocurren en zonas muy militarizadas”.
Para lograr su cabal desarrollo, las Fuerzas Militares contaban con el “Reglamento de combate de contraguerrillas” y el manual “Combate contra bandoleros o guerrilleros”, aprobados por el Comandante General de las Fuerzas Militares el 9 de abril de 1969 y el 25 de junio de 1982, respectivamente, Curiosamente en sus alegatos de hace unos meses, el Estado colombiano no indicó si aún estas normas se encuentran vigentes.
El reglamento es muy preciso. Refiere cómo debe organizarse “en forma militar a la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate”. También, define la “Junta de autodefensa “como “una organización de tipo militar que se hace con personal civil […], que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que amenacen el área o para operar en coordinación con tropas de acciones de combate”.
Como no puede andar como rueda suelta, allí se precisa que la dicha Junta de Autodefensa “debe tener un control directo de la unidad militar de la zona de combate y para ello el comandante designa un oficial o un suboficial encargado de transmitir las órdenes correspondientes y de entrenar la agrupación”. Han de actuar como “patrullas de reconocimiento móviles […] y en operaciones de control, registro y destrucción, para lo cual se pueden dotar de armas y municiones de uso [privativo] de las fuerzas militares”.
Un aparte de la sentencia muestra lo intrincado y eficaz del matrimonio Estado – paramilitares:
“Además de lo anterior, respecto de la época correspondiente al presente caso, constan testimonios sobre nóminas y pagos a miembros de los grupos paramilitares como informantes o guías adscritos a los servicios de inteligencia militar que operaban en el Magdalena Medio.. De otra parte, un informe del DAS y testimonios señalan la existencia de patrullaje conjunto entre el ejército y los grupos paramilitares de la zona, acompañada de la utilización de bases militares, armas de guerra e incluso helicópteros. Asimismo, un informe del DAS y testimonios hacen alusión al uso del sistema de comunicaciones del ejército por parte de grupos paramilitares. Finalmente, se encuentra al menos una sentencia judicial, un informe del DAS, testimonios y un peritaje que aluden a entrenamiento de estos grupos auspiciado por el Ejército”.
Impunidad manifiesta
Para evitar una condena, el gobierno de Álvaro Uribe hizo un acto público de reconocimiento de responsabilidad, el 28 de septiembre de 2005. No obstante, aparte de las cámaras, los comunicados y los discursos, la mayor parte de las recomendaciones de la Comisión de la Corte Interamericana no fue cumplida, razón por la cual el 28 de febrero de 2006 sometió el caso a la jurisdicción de la Corte.
La sentencia lo dice todo: la matanza de La Rochela
“…permanece sustancialmente en la impunidad”. De las 41 personas que han sido procesadas, 8 de ellas han sido condenadas. De esas 8 personas condenadas solamente una de ellas era agente estatal, quien era miembro del ejército con grado de sargento. Además destaca la inefectividad de tales procesos penales que se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, cabe destacar que durante estos 18 años de investigaciones y procesos sólo han sido condenados 6 miembros del grupo paramilitar ‘Los Masetos’, un directivo del grupo paramilitar ACDEGAM y un militar (quien era sargento). A pesar de que dicho militar fue señalado como colaborador del grupo paramilitar ‘Los Masetos’, solo fue condenado a un año de arresto por encubrir al paramilitar Julián Jaimes”.
Si así fue tratado un militar de baja graduación, resulta explicable que respecto a los altos mandos, la lenidad haya sido absoluta. Pese a contar con los suficientes elementos probatorios para vincularlo al proceso desde mediados de los años noventa, al general Farouk Yanine sólo se le escuchó en versión libre en septiembre de 2005, lo mismo que a otros mandos militares. Lo propio sucedió con la posible responsabilidad de una red de inteligencia de la Armada y la connivencia de los altos manos con el grupo paramilitar ACDEGAM. Ninguno de ellos ha sido vinculado formalmente al proceso.
La ley de Justicia y Paz
Adopta una actitud prudente pues apenas está en curso su aplicación. Empero aparte de llamar la atención sobre la obligación del Estado de proporcionar una justicia eficaz y los medios para llevarla a cabo, advierte que la pena impuesta al delincuente debe ser proporcional al bien jurídico afectado y a la culpabilidad con la que actuó el autor, por lo que se debe establecer en función de la diversa naturaleza y gravedad de los hechos.
La primera verificación sobre el cumplimiento de la sentencia se dará dentro de un año. Tiempo escaso para un país refundado sobre el paramilitarismo, con elecciones maniatadas a un poder mafioso que se niega a entregar sus feudos y una clase política ocupada en pasar de agache mientras el paraguas uribista les garantiza su supervivencia.
Actualización junio 17 de 2007 – 08:06 COT
La Fiscalía General de la Nación, en acatamiento a lo dispuesto en el fallo de la CIDH, reabrirá la investigación por la matanza, vinculando al proceso a los militares de alta graduación señalados como partícipes en ella.
martes 12 de junio de 2007, 08:26 COT
Me gusta la forma como atas cabos entre el presente y el pasado del paramilitarimsmo y la importancia que le das a un tema que me gustaría saber qué tanto eco ha tenido en los medios de comunicación.
Iba a hacerte esta pregunta…
¿La sentencia de la corte a qué los obliga cuando llegue el momento de verificar su cumplimento?
cuando encontré la respuesta en los excelentes enlaces que te sirven para documentar el articulo:
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a pagar al Estado colombiano 7,8 millones de dólares por el apoyo de oficiales a los paramilitares que asesinaron a 12 funcionarios de la justicia en enero de 1982.”
martes 12 de junio de 2007, 10:58 COT
Marsares, gracias por el artículo.
A estas alturas del partido es evidente que la reiterada perorata gubernamental, tan frecuente durante los años ochentas y noventas, según la cual los nexos entre paramilitares y Fuerzas Armadas correspondían a “casos aislados”, no era otra cosa que una estrategia de ocultamiento.
Lo que llama la atención en este momento (contexto de parapolítica) es que dichos vínculos no se hayan destapado más ampliamente. Han surgido señalamientos contra congresistas y políticos, ganaderos, comerciantes, agroindustriales, multinacionales, etcétera. Mancuso ha señalado a algunos militares y los Angeles Times denunció al general Montoya y a otros militares. Pero dados los alcances del matrimonio puede decirse que la estrategia de ocultamiento sigue activa y es eficaz.
Saludos.
martes 12 de junio de 2007, 18:12 COT
Alvaro:
Es la primera vxz que el Estado colombiano es condenado como responsable de una matanza de servidores suyos. También es una reafirmación de que la creación del paramilitarismo fue una perversa política de Estado. En un fallo anterior, que también lo condenó por la matanza de los 19 comerciantes (la que estaban investigando las víctimas de La Rochela) se había pronunciado sobre el particular. Así pues, las cortes internacionales, cuyos fallos son de obligatorio cumplimiento por los Estados, continúan en su empeño de hacer justicia. Ahora le corresponde a la Corte Penal Internacional juzgar los crímines de lesa humanidad, imprecriptibles por cierto, que tanto paramilitares, Fuerzas Armadas y guerrilla han cometido contra la población civil. Respecto a si esta condena ha tenido eco en los medios, te respondo negativamente. Aparte de escuetas noticias de prensa, el caso pasó desapercibido. El escándalo de la intervención en política lo absorbió todo, como antes el sainete de Granda, las idas a Washington, la moción de censura a Juan Manuel Santos, las chuzadas de teléfonos y así ad infinitumn. De ahí la razón de ser de este artículo. Una constancia de que este fenómeno no es un caso aislado y de que Colombia no puede olvidarlo.
Camilo:
Una de las peleas de los abogados que defendían los intereses del Estado ante la Corte Interamericana sobre el caso de La Rochela, se basó en querer demostrar que éste se trataba de un caso aislado. No obstante, la comisión y luego el fallo advierten que se enmarca dentro de un contexto que señala con claridad el paramilitarismo como política estatal. Pero como dices, falta mucho por descubrir y, curiosamente, gran parte de la verdad reposa en los capos paramilitares, porque el resto de la clase política que los prohijó y protegió, hace mutis en el foro. Pasarán muchos años para que la verdad completa salga a la luz. Mientras, el maridaje continuará. No lo dudes.
viernes 15 de junio de 2007, 07:42 COT
Y se va a enturbiar más en los medios la posibilidad de que éste tema sea, si acaso asomado, a un tratamiento serio.
Sinembargo el videito con el pelao Esteban me parece bien cómico…jajajajajajaja que vagabundería…la Nación destruida por el narcotrafico, la politiqueria, la corrupción y su adalid de mierda & bandola team…
viernes 15 de junio de 2007, 20:24 COT
No se por que este episodio llego a la CIDH mientras otros de mas contundencia en cuanto a la relacion Estado-paramilitarismo no. El fallo de la CIDH en este caso es extremadamente flojo, porque tiene una cantidad de paginas sobre los antecedentes pre-Rochela, es decir una historia muy general y de largo plazo, y ademas tiene una historia mas puntualizada sobre los esfuerzos del Estado para no responder por La Rochela…y cuanto tiene sobre la matanza misma? Nada, no tiene nada. El fallo, lamentablemente, es un alegato politico y nada mas. Y digo lamentable, porque es importante destapar toda la historia de los nexos entre Estado y terrorismo de derecha, pero no destapamos nada cuando hacemos de unos episodios de dudosa conexidad causas celebres.