Pupitrazo, autoritarismo y leyes absurdas en el “ambiente”

Después de la feria del pupitrazo gracias al reinante furibismo en el Congreso y el afán de algunos parlamentarios para tomarse unas “merecidas” vacaciones, finalmente se aprobó buena parte de los controvertidos proyectos de ley que el gobierno promovió y que tuvieron gran resistencia por parte de varios movimientos políticos, sociales y académicos del país. El Plan Nacional de Desarrollo –PND- (en especial la Ley de Transferencias), el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la controvertida Ley de Tierras o Estatuto de Desarrollo Rural, se cuentan en la baraja de estatutos aprobados. Aunque este último aún tiene un escollo más que superar, puesse esperan las demandas de organizaciones campesinas que aducen que dicho estatuto sirve para que los “negociadores de la tierra” se llenen los bolsillos a costa de las tierras de miles de campesinos y desplazados.Pero como van las cosas, dicho escollo muy posiblemente será superado.

Parece que tanto ruego, masivas movilizaciones y súplicas y una seria oposición en algunos casos, no fueron tenidas en cuenta por un gobierno y cierta parte de la institucionalidad estatal, cada vez más autoritaria, unilateral y correspondiente a un interés particular que no atiende el disenso y que se encuentra ligado a oscuros sectores.

Hablando del Plan Nacional de Desarrollo (PND), es curioso ver cómo fue tratada la Política Ambiental para el período 2006-2010, y que como anteriormente mencionaba fue aprobado en el Congreso. Veamos por qué.

Para el anterior período (2002-2006), el gobierno nacional no tuvo en cuenta muchos de los conceptos del Consejo Nacional de Planeación (CNP), en especial en materia ambiental. Este componente fue relegado a un pequeño apartado de un capítulo general del Plan de Desarrollo, lo cual se demostró en el precario tratamiento del sector ambiental en Colombia por parte del gobierno, cuya mayor expresión se vio en la supresión del Ministerio de Ambiente y en sí de un recorte general a nivel financiero y jurídico hacia la gestión ambiental en el país (debilitamiento de todo el Sistema Nacional Ambiental -SINA-). Aparte de eso se aprobaron regresivas leyes y estatutos como por ejemplo la Ley Forestal.

Hace unos días, leyendo un documento de Manuel Rodríguez Becerra, ex ministro de Ambiente y consejero representante del sector ambiental para el CNP, él afirmaba que para la formulación del PND en este período (2006-2010), el gobierno había aceptado la también formulación e inclusión de un capítulo en el tema ambiental, promovido por el CNP. Según Rodríguez Becerra, es algo significativo pues se le dio un capítulo completo al tema ambiental y se siguieron algunas sugerencias que hizo el mismo CNP. “Si se garantiza el pleno cumplimiento del Plan de Desarrollo en su capítulo ambiental, la administración Uribe Vélez habrá mejorado sustancialmente su gestión ambiental en su segundo período”, puntualiza Rodríguez Becerra en el escrito.

Pero tanto para el ex ministro como para mí, cada vez más la falta de voluntad política demuestra que lo que se hace con las manos se borra con el pie. En la práctica ni en sueños se asoma que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se acabe para dar paso a una cartera específica y verdadera que se ocupe de la parte ambiental. A esto se suma que se siguen promoviendo adefesios legislativos que pretenden legitimar procesos que recrudecerán no sólo la crisis social y política sino ambiental del país. O si no pregunte no más por cómo fueron tratados la biodiversidad y el ambiente en el TLC, eso sin tener en cuenta que lo que se aprobó acá no tiene nada que ver con lo que se aprobaría en Estados Unidos.

Pese a que el gobierno recogió las recomendaciones que hizo el CNP, el primero sigue teniendo una visión desarrollista como telón de fondo en la gestión ambiental, pues antes de considerar al ambiente, los ecosistemas y sus componentes (bióticos y físicos) como un patrimonio base para la construcción de otro modelo de sociedad, éstos se siguen viendo como “recursos” dentro de una dinámica de mercado globalizado, que se ve confirmada con las cada vez más frecuentes declaraciones del ministro Juan Lozano, haciendo alusión a que Colombia es un país a la vanguardia del “desarrollo sostenible”. Sí, del desarrollo sostenible de la acumulación del capital y del establecimiento de megaproyectos e iniciativas supranacionales que busca que los que aprovechen el patrimonio colectivo sean unos cuantos ejecutivos y empresarios o para-empresarios.

Vale la pena leer detenidamente el documento del PND en su capítulo ambiental para ver, por ejemplo, cómo se considera como prioridad el impulso de una controvertida Ley del Agua, medida a la que se opone a un creciente sector de la sociedad que defiende el agua como bien público y derecho fundamental. Mientras tanto el gobierno ofrece el Macizo Colombiano al mejor postor. ¿Coherencia y voluntad política? Pues por ahora no se asoman.

Al actual gobierno y sus allegados, quizá siempre les ha importado la parte ambiental. Pero posiblemente como otra herramienta de dominio y control político, social y económico que perpetúe la inequidad social y la degradación ambiental del país.

Saludos.

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