Las cartas ya están echadas | desarrollo urbano
impuesto de guerraPor Sentido Común
viernes 29 de septiembre de 2006 1:03 COT
Los inútiles debates que se han presentado en los últimos meses en torno a temas como la conservación de Villa Adelaida, las demoliciones (suspendidas) de construcciones sin licencia o el descomunal trancón ocasionado por la construcción del centro comercial Santa Fe (en plena autopista norte) evidencian un vacío de la autoridad competente en su función de hacer cumplir oportunamente la normativa urbana.
El Decreto 619 de 2000, mediante el cual Peñalosa sancionó el primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad, dotó a Bogotá de un valioso instrumento de gestión urbana, poco conocido o entendido por la gente del común, a pesar de tratarse de un ejercicio de concertación popular entre absolutamente todos los estamentos de la sociedad civil bogotana.
Lo cierto es que el desconocimiento de la ley no releva de responsabilidad al ciudadano frente a ella, pero lo verdaderamente vergonzoso es que esta ignorancia se de en las esferas gubernamentales. A este respecto, parecería como si Lucho y sus muchachos gobernaran más en función de los titulares de prensa o las encuestas, que siguiendo el libreto trazado por el POT sobre el tipo de ciudad que en el año 2000 los bogotanos decidimos construir durante los siguientes nueve años.
La ejecución de los proyectos prioritarios, la agilización en la reglamentación pendiente de muchas UPZs, así como la aplicación de los instrumentos de gestión, tales como planes parciales y zonales, le otorgarían suficiente gobernabilidad al Alcalde si los empleara con propiedad. De paso, se despejarían las dudas que parecen aflorar frente a cada nuevo hecho urbano que se plantea.
El desmadre producido por la falta de control sobre la actuación de los cinco curadores urbanos no es achacable exclusivamente a Lucho, pues viene de tiempo atrás, desde la promulgación del decreto que les dio vida. Durante su administración se ha visto un mayor rigor en la fiscalización y castigo de algunos actos que desbordan la competencia del curador o manifiestan mala fe en su obrar. Punto a favor de Lucho.
De confuso podríamos tildar el episodio relacionado con la supuesta orden de demolición de los dos últimos pisos de una torre de oficinas recién terminada en la calle 100, impartida por la entrante directora de Planeación Distrital. Todo indica que cabe aplicar aquí aquella máxima popular de que escoba nueva barre bien, pero en este caso solo intentó hacerlo, porque a todas luces lo que hizo falta fue control previo, y como quiera que el edificio se levantó y terminó completamente (está ocupado hace meses), la amenaza de demoler los dos ‘pisitos’ expone a la ilustre directora a un monumental oso. Menos mal no se le ocurrió decir que tocaba tumbar los dos pisos de abajo.
Siguiendo con el tema de las demoliciones, Planeación y el Alcalde mismo se vieron opacados con el autobombo que durante varias semanas se hizo el actual contralor distrital, quien asumió como suya la defensa de los cerros orientales, hasta que prácticamente fuera silenciado por un par de escándalos en los que lo involucraron personajes muy poderosos, dueños de mansiones construidas en zona de protección ecológica y sin licencia, francamente afectados con las medidas demolitorias. Círculo vicioso de poderes.
Mediante un sórdido y desproporcionado acto administrativo, el mismísimo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial desprotegió cerca de 900 hectáreas de la reserva forestal de la ciudad, localizadas en los cerros orientales, para beneplácito de ilustres constructores afiliados a Camacol, a donde pasó automáticamente la viceministra doliente de la iniciativa, en calidad de nueva presidenta del ente gremial (están dichosos). El acto se encuentra suspendido ante una demanda presentada ante los tribunales, y ha sido respondido por la directora de Planeación con una excelente idea, como es la creación de un gran parque lineal, que marque por fin los límites de la ciudad con los cerros y ofrezca a los bogotanos un lugar de recreación sin igual. Queda por verse como se estructura dentro del POT y pasa de ser una propuesta de campaña a una realidad viable y sostenible.
Para cerrar el tema de desarrollo urbano, podríamos decir que la administración Garzón acusa una enorme falta de experiencia en gestión urbana, pecado que podría haber sido subsanado mediante la integración de un equipo profesional idóneo que brindara un valioso servicio no solo a la alcaldía, sino a la ciudad misma. Pero como en otros frentes, Lucho decidió armar equipos íntimos, antes que rodearse de los tecnócratas apropiados. En nuestra próxima entrega veremos como este error craso le ha costado el fracaso de su programa de vivienda, si es que puede decirse que lo tiene.
Espere en la quinta entrega de la serie: Del dicho al hecho, poca vivienda | política habitacional
