En las mieles de la democradura

Aquellos quienes se encontraban inconformes e hicieron todo el esfuerzo posible para evitar la reelección de Álvaro Uribe Vélez, no encaminaban sus esfuerzos para hacerle un favor a la insurgencia como alguna vez el macartismo imperante en Colombia señaló –“obdulismo” para ser un tanto más criollos–, sino por el contrario, aducían que el Estado, tal como fue diseñado en la Constitución Política de 1991, no daba cabida a que un primer mandatario se perpetuara puesto que lograba erosionar la institucionalidad y la supremacía de la imparcialidad de las entidades estatales.

Efectivamente, se han venido presentando problemas en la elección de los magistrados de las altas cortes, los cuales, sólo lograrían tan importante puesto en aquellos cuerpos judiciales, siempre y cuando estén acordes con el actual tejemaneje del gobierno. Si el magistrado era imparcial, sagaz contra la parapolítica, o simplemente, daba señales de eventualmente tornarse desafiante en aras de imponer las leyes del Estado de Derecho, simplemente se objetaba desde el ejecutivo. ¿Por qué? Como decía un ilustre rosarista: “para darle mayor gobernabilidad al presidente Uribe”.

Pues bien, en el año 1991, se determinó que los gobiernos no serían reelegidos y además, para fortalecer la institucionalidad y la vocación democrática, se diseñó un sistema de pesos y contrapesos, con el cual los altos funcionarios de las altas cortes y el Banco de la República no serían nombrados por el gobierno en curso, sino que éstos, ya hubiesen sido nombrados por gobiernos anteriores; es claro que el fin de esto, es que el ejecutivo no tuviera una poderosa incidencia y la democracia colombiana contara con importante imparcialidad en las otras ramas del poder público y aquella autoridad económica. No obstante, irresponsable, maquiavélica, cortoplacista, miope y torpemente, se tramitó una reelección sin antes reformar dicho sistema. Es más, a las puertas de una posible “hecatombe”, el sistema de pesos y contrapesos vigente hará que en un tercer periodo, el ejecutivo tenga la posibilidad de incidir y manipular todas las ramas del poder público.

El día de ayer, se hundió la iniciativa del Senador Camilo Sánchez, la cual busca reformar el sistema de pesos y contrapesos para la Junta Directiva del Banco de la República; sin embargo, como el político señala:

"La Juntita del Banquito de la Republiquita (…) a esta mínima expresión es a lo que está destinado a convertirse el Banco de la República y su Junta de historiadores, debido a que el Gobierno, su bancada y la mano invisible de los poderosos del Emisor hundieron la reforma de “pesos y contrapesos” y el proyecto que mantenía la independencia obligando a cumplir la sentencia 481 de 1999 (…)"

Definitivamente, como exponía el Senador Gustavo Petro: “los uribistas quieren cada vez más que el presidente Uribe se parezca al presidente Chávez”. ¿A qué están condenando a Colombia los uribistas? A una eterna y perenne Política de Seguridad Democrática a costa de la institucionalidad, la estabilidad de las finanzas públicas, y por supuesto, a la independencia de la autoridad económica más importante del país, junto a los excesos de una temible democradura. Y las FARC, como decía algún columnista, “¡tienen todo, menos afán!”

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