Cultivos ilícitos y ecosistemas: discusión pendiente

Colombia ha sido (y aún lo es) considerado como uno de los países más ricos en el mundo tanto a nivel biológico como cultural. Sin embargo buena parte del conflicto armado interno que padece el país ha afectado las dinámicas ecosistémicas de varias regiones y sus correspondientes territorios. Precisamente uno de los factores más delicados ha sido el avance de los cultivos de uso ilícito, especialmente de hoja de coca, y algunos mecanismos empleados para su control y erradicación ya sea por fumigación, aspersión o por mecanismos manuales, ejercicios llevados a cabo en importantes y vastas zonas de importancia ecosistémica para el país.

Más allá del anuncio hecho la semana pasada por el Gobierno nacional de la suspensión del convenio de monitoreo a cargo de la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU (quizá por las “incómodas” cifras) ofrecidas por el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI, adscrito a la ONU), el país al parecer estaba recibiendo información de primera mano que en un momento incluso permitió llenar vacíos en la delimitación de áreas protegidas como algunos Parques Nacionales Naturales.

La existencia en Colombia de una especie de desidia para apoyar una investigación científica seria, con criterio y compromiso social, sumado a las razones de orden político y armado, el país ha dejado de lado un esfuerzo valiosísimo por seguir de cerca las dinámicas ecosistémicas en varias regiones de importancia en medio del avance de los cultivos de uso ilícito y el general del conflicto armado colombiano, en donde los actores armados que hacen parte de éste último (sin distingo, guerrillas y paramilitares) han ejercido una fuerte y dolorosa influencia.

Una herramienta valiosa para este tipo de investigaciones e indagaciones son las que ofrecen los Sistemas de Información Georreferenciada -SIG- a partir del análisis multitemporal de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Salvo algunas entidades, institutos, departamentos y grupos de investigación asociados especialmente a instituciones de educación superior, en Colombia las herramientas de este tipo al parecer se encuentran pobremente soportadas contando así con información poco veraz.

Pese a la presencia de estudios como los de la ONU y otros de tipo más puntual, la poca información existente se encuentra dispersa, poco articulada y desarrollada como insumo base para la gestión territorial ecosistémica. Se suma a ello que lo poco que se puede desarrollar no se puede validar y constatar en campo debido a las condiciones que impone el mismo conflicto armado en ciertas zonas. Es así que nos encontramos en un escenario con un panorama de incertidumbre y poca certeza que solo permite suponer e improvisar durante un proceso de gestión integral que permita encontrar alternativas de solución al conflicto.

Llama fuertemente la atención que en diversos reportes (entre ellos los de la misma ONU), las zonas que han sido más afectadas por estos cultivos representen zonas de importancia focal para la diversidad biológica y cultural del país: piedemontes amazónico y pacífico (Nariño y Putumayo) e importantes zonas de la Orinoquia (Arauca, Meta y Vichada) y Amazonia (Guainía, Guaviare y Caquetá) colombianas.

Personalmente me preocupa que la zona con más alta presión ecosistemica podría ser la del piedemonte amazónico especialmente entre los departamentos de Caquetá, Putumayo y Nariño, que ostenta ser una de los regiones con más riqueza biológica del país, pues confluyen elementos florísticos y faunísticos de los Andes y la Amazonia. Solo por ofrecer un ejemplo, posiblemente en esta región habitan 13 especies de primates no humanos, lo cual para este taxón en una sola región es algo excepcional.

Ya es hora que este tema deje de ser debatido bajo un mismo discurso unánime, que trascienda la simple sustitución o erradicación de los cultivos o los preconceptos políticos e ideológicos, cuando a todas luces se ha visto el fracaso de los mecanismos de erradicación y políticas antidrogas empleados no solo por el actual gobierno sino por los que lo sucedieron. La semana pasada tuve la oportunidad de conocer y conversar con la investigadora Amira Armenta y ambos coincidíamos en que ahora es el momento en el cual se debe elevar el nivel de discusión sobre este delicado y espinoso tema por lo cual es urgente intentar responder (por ahora) las siguientes preguntas:

¿Cuál ha sido el avance real de los cultivos de uso ilícito en el país? ¿Cómo ha sido su implementación en diversas zonas del país? ¿Cuál ha sido su impacto ecosistémico a nivel local y regional? ¿Qué áreas protegidas o Parques Nacionales han sido significativamente afectados? ¿Qué tipo de daños a nivel ecosistémico se han presentado? ¿Qué impacto real han tenido las políticas oficiales de lucha anti-drogas sobre zonas de vulnerabilidad ecosistémica? ¿Se podrán garantizar las condiciones de seguridad, capacidad económica y logística, pero ante todo, de voluntad política para hacer investigación in situ sobre este conflicto? ¿Es posible por lo menos adoptar el principio de precaución para la conservación ecosistémica y ambiental? ¿Existen reales alternativas productivas para el campesinado que se encuentra en medio del conflicto de los cultivos ilícitos víctima de todos los frentes armados?

Y así poco a poco, conforme se avance en la discusión se formularán más inquietudes. ¿Será posible plantear otro camino? ¿La sociedad colombiana estará lista para este debate? ¿No tildarán de terroristas o narcotraficantes a los que cuestionen de alguna forma a las políticas oficiales?

Son muchos interrogantes, sin embargo el panorama aún no es el mejor. Por que ya no nos encontramos frente a un problema ecosistémico sino meramente político.

Un saludo.

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