De nuevo la Corte Constitucional queda en el ojo del huracán. Luego del polémico fallo sobre el aborto, esta semana le correspondió decidir sobre la ley de justicia y paz.

Como varios parlamentarios lo habían advertido por los vicios de forma en su tramitación, algunos artículos de la Ley demandada eran susceptibles de ser declarados inconstitucionales.

Pero la Corte fue más lejos aún. Tuvo en cuenta la importancia de los derechos de las víctimas a una reparación verdadera, señalando la obligación que tienen los demovilizados de reparar a sus víctimas no solo con los bienes obtenidos ilícitamente sino también con los lícitos.

También que sólo hay una oportunidad para confesar todos sus delitos. Si no lo hace y el Estado logra demostrar que sí es responsable, desaparecen los beneficios y será condenado con todo el rigor de la ley. Y tumbó la ampliación del delito de sedición para que cobijara a los paramilitares, dándoles estatus político.

En resumen, las objeciones hechos por los organismos internacionales de derechos humanos, por las víctimas del conflicto y por las ONG nacionales, pueden darse por satisfechas. La ley de Justicia y Paz ahora sí puede merecer ese nombre.

Sin embargo, dado que las sentencias rigen hacia el futuro, el fallo solo cobija a a los que se desmovilicen de aquí en adelante. Los 30.000 y tantos paramilitares que se acogieron a ella se rigen por la ley original por serle más favorable.

Así pues, para la Corte constituye uno más de los triunfos morales que tanto nos ganamos los colombianos. El triunfo real continúa en manos del Gobierno nacional. Su proceso de paz con los principales paramilitares, quedó intacto para ellos.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional despenalizando parcialmente el aborto ha causado variadas reacciones en el país. Desde las organizaciones feministas, como La Casa de la mujer, que han brindado su apoyo, hasta la Iglesia Católica que ha amenazado con excomulgar a quienes participen en el procedimiento.

¿Tanta controversia se justifica? Por supuesto que no. El país seguirá siendo el mismo. Los abortos por violación, malformación del feto o por estar en riesgo la vida de la madre, son muy escasos entre los cerca de 300.000 que se practican anualmente.

¿Y las demás? Seguramente no se quedarán cruzadas de brazos y continuarán desafiando la ley. Se multiplicarán los casos de "violación", surgirán multitud de "malformaciones" que hagan viable la interrupción quirúrgica y las situaciones en que se encuentre en peligro la vida de la madre, seguramente aumentarán.

Es decir, el delito seguirá gobernando el tema, bien porque inventen situaciones para ser acogidos por la ley, o bien porque seguirá practicándose clandestinamente, con las consecuencias de salud pública conocidas..

Lo único que queda después del espectáculo es que el problema sigue vigente y que la Corte desaprovechó una gran oportunidad de una verdadera despenalización. Para bien o para mal, todos esperábamos el nacimiento de la criatura; pero, lamentablemente, su decisión no fue sino un simple aborto jurisdiccional.

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