Después de la salida de Mario Iguarán, la Fiscalía General de la Nación está tomando rumbos que generan suspicacias. Sin mayores explicaciones, funcionarios convertidos en ejemplo por su lucha valiente y eficaz contra el crimen organizado han sido removidos de sus cargos o forzados a renunciar con traslados que no están acordes con sus funciones y capacidades.

Es cierto que cada quien debe trabajar con gente de su confianza y de ahí que las nuevas administraciones de cualquier institución traigan su propio equipo. Lo singular de este caso es que su actual titular, Guillermo Mendoza Diago, es un fiscal encargado hasta tanto se nombre el sucesor de Iguarán por la Corte Suprema de Justicia, por lo que resulta extraño que haga estos cambios que son tan transitorios como su gestión. No obstante, rumores hablan de que varios de los nombrados corresponden a cuotas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La aclaración la necesita el país.

Pero ahí no paran las cosas. ¿Hay algo màs oscuro de lo que aparece? ¿Se está buscando enrumbar a la Fiscalía por caminos diferentes para favorecer determinados intereses? ¿Hay un plan orquestado para que la Fiscalía cambie su manera de administrar justicia? Aunque no hay respuestas claras a estos y otros interrogantes que se suscitan a diario, lo cierto es que la última decisión de Mendoza Diago genera una honda preocupación por lo que pueda estar gestando en pro de la impunidad.

Declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso que se adelanta contra los ex directores del DAS por las interceptaciones ilegales a personalidades del país no afines al Gobierno por errores protuberantes (debían tramitarse los casos por separado y por distintos procedimientos), que no cometería ni un estudiante de derecho y mucho menos fiscales con vasta experiencia, se ve más como palos en la rueda de la investigación que corrección de fallas procedimentales.

¿Es tal el nivel de incompetencia de la Fiscalía que hasta ahora nadie se había dado cuenta de esta nulidad de procedimiento? ¿O se cometen adrede los vicios para echar por tierra los esfuerzos de la justicia para llevar a las rejas a quienes delinquen en nombre de la democracia? Sabedores de lo que está pasando en el país, de los métodos que se están utilizando no sólo para permanecer en el poder sino para ocultar las maniobras que lo hacen posible, no es de extrañar que la larga mano del régimen que hoy está al frente del Estado, haya alcanzado a la Fiscalía.

La esperanza es que en la puerta del horno se queme el pan y estos intentos manifiestos por torcerle el cuello a la justicia naufraguen como los intentos espurios para instaurar un Estado autoritario en nuestro país. 

El autoritarismo sigue su marcha en pos de copar todos los espacios del país. En su mira continúa la cúpula de la justicia. Luego de infiltrar a la Corte Constitucional con fichas cercanas a sus afectos, permear el Consejo Superior de la Judicatura con cuestionados nombramientos y presentar una terna vergonzosa para Fiscal General de la Nación, el Gobierno ahora pretende quitarles a la Corte Suprema de Justicia la potestad de investigar y juzgar a los congresistas, dada por la Constitución del 91, y al Consejo de Estado el trámite de la pérdida de investidura de los congresistas.

Ante los fracasos reiterados, el régimen autoritario que hoy busca perpetuarse a través de una amañada ley de referendo, ahora trata de crear su propio tribunal, su propia jurisdicción, sus propios jueces, para que, con aroma de legalidad, sus delitos queden impunes. Parafraseando a los tribunales de la verdad que han surgido en el mundo para destapar los ilícitos del poder, aquí pretende crearse un tribunal de la mentira, elegido por los mismos delincuentes que han convertido en festín los bienes de la nación y sus instituciones.

Es tan grosera la idea, tan grotesca y delincuencial, que en las mismas filas gobiernistas se elevan voces de rechazo a tamaño despropósito, no sólo por lo evidente de la maniobra frente a la imposibilidad de maniatar o neutralizar a la Corte en sus investigaciones sobre la parapolítica y demás conductas ilícitas de los parlamentarios, sino también por su inconveniencia, en un momento crítico en el que las denuncias de tráfico de influencias salpican más que nunca al gobierno uribista que hizo posible su primera reelección, a través de conductas ilícitas que hoy la Corte Suprema investiga con probidad y justeza.

Debería sorprender que en el rechazo que las altas cortes han hecho del exabrupto uribista no se encuentre la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero si se recuerda que sus miembros son elegidos por el Congreso de ternas presentadas por el Presidente de la República, se explica porqué el presidente de dicha Sala manifestó que sólo los legisladores pueden hablar sobre el tema y a los jueces sólo les corresponde guardar silencio, aparte de que, según el proyecto, la Sala Disciplinaria es la que va a designar a los miembros del nuevo tribunal, lo que indica, como lo manifiesta el Magistrado Jaime Arrubla, vicepresidente de la Corte Suprema, que “indirectamente el Congreso estaría integrando el tribunal que lo va a juzgar”.

Con “perlas” como la de que tan solo se podría privar de su libertad a los congresistas “una vez hayan sido llamados a juicio”, este proyecto comienza su trámite legislativo bajo la tutela del capo de la politiquería, el mismo que con el descaro que sólo da la soberbia del poder absoluto, de curul en curul, al oído, tomándolos del brazo, o reuniéndose con ellos, consiguió la aprobación de la ley del referendo, el mismo que hoy tiene a su hermano en la cárcel por haberle entregado la fiscalía de Antioquia al narcotráfico. Lo veremos pues de regreso a las andadas en comisiones y plenarias para conseguir los votos necesarios que necesita el patrón para cerrar el círculo de poder que le permitirá, con las tres ramas del poder público en el bolsillo, llevar a la práctica su “Estado de opinión”, un eufemismo para lo que siempre se ha conocido como Estado totalitario.

Airadas reacciones ha producido la polémica marcha contra el líder venezolano en Colombia. En esta ocasión, al igual que el año pasado, esta iniciativa fue promovida en Facebook por el mismo tipo de personas que gasta su tiempo en enlodar una insignificante migraña, sirviéndole ingenuamente a una maquinaria propagandística que busca tapar el verdadero cáncer que sufre Colombia. Si bien es cierto que los improperios de Chávez contra Colombia muchas veces se materializan en problemas de naturaleza comercial que afecta a muchos nacionales, el trasfondo de todo es aún más complejo de lo que los fanáticos de Facebook se imaginan.

El principal problema de Chávez con el asunto de las bases en Colombia es EUA y, así el columnista Saúl Hernández de El Tiempo le dedique artículos a la paranoia del polémico líder, se debe traer a colación que la relación entre esas dos naciones es el petróleo. En el momento en que Chávez le encuentre comprador a este inerte pero fundamental producto y tenga la posibilidad de desviar su comercio, los precios del combustible en EUA tendrían un incremento, generando problemas hasta de abastecimiento. Ahora, ¿qué es capaz de hacer EUA por mantener sus reservas de petróleo intactas? Nada más ni nada menos, por no ir tan lejos, se inventó una guerra en Oriente Medio que tiene dos naciones desquebrajadas, miles de millones de civiles muertos, miles de combatientes norteamericanos ofrendados por una causa incierta, y un cínico “oops!” del primer mandatario estadounidense.

Es más, si estos fanáticos de Facebook escudriñan en internet y buscan información para instruirse en historia contemporánea, así como en muchos casos algunos de ellos escudriñan en grupos de difamación pública contra otros colombianos, verán que EUA usualmente opera de la manera como lo está haciendo ahora para poder entrar a países en donde tiene intereses económicos y políticos específicos. En 2002, en medio de la guerra en Afganistán, se buscó instalar en unas bases turcas unos puntos de despliegue de aviones y cazas, acto que rechazó de manera soberana el parlamento turco por considerarlo lesivo para su soberanía. Y ni hablar de la península de la Indochina, la Guerra de Corea, las intervenciones en África, entre otros eventos que ilustran cómo son las operaciones de movimiento y despliegue de tropas.

Si a los que convocan la marcha del 4 de septiembre en serio les preocupa la soberanía de Colombia, pues ¿por qué no la convocan contra el “soberano acto” de prestarles 7 bases a los norteamericanos? Es verdad que el gobierno explicó hasta la saciedad que se trata de una estrategia para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico, pues 7 años de Seguridad Democrática no han podido acabar con eso. Pero obviamente se debe leer entre líneas, y percatarse de que los estadounidenses no son ningunas “madres de la caridad”. Ellos no sólo aprovecharan esas bases para esa heroica labor, sino que también les sacarán todo el provecho posible acordes con sus intereses particulares.

Finalmente, me parece curiosa la crítica que muchos le hacen al gobierno de Chávez por supuestamente prohibir la mencionada marcha en su país. Se lanzan a decir que allá no hay democracia mientras que aquí la gente es libre de hacerlo. Me pregunto, en medio de la dictadura civil que vive Colombia, ¿qué pasaría donde se hiciera una marcha en contra de Álvaro Uribe por su vanidad de quedarse en el poder empleando toda la capacidad burocrática estatal para ello? Nada, no la prohibirían pues Colombia está disfrazada de democracia. Aunque sí saldría en los medios un José Obdulio Gaviria, un Londoño Hoyos, un Plinio Apuleyo, entre otros adalides y defensores del “colombiano de bien”, señalando que esa marcha "la organizan las FARC". En ese caso, la participación en ésta no conduciría a las cárceles del Estado como en el caso venezolano, sino a la merced de ciertos artefactos que ciertos personajes no usan propiamente para deforestar, gracias a la imprudencia malintencionada de los mencionados personajes… ¡Súper democrático, ¿no?!

Mientras los mercaderes hacen su agosto en el Congreso de la República, la administración de justicia apuntala el edificio tratando de poner en cintura las plagas que amenazan con llevarlo a la ruina.

En una decisión trascendental, la Corte Suprema de Justicia cambia su jurisprudencia respecto al fuero de los congresistas. Si cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, su fuero (ser investigados y juzgados por la Corte) permanece aún si renuncian a su condición de parlamentarios.

La razón es simple. La calidad de la investidura está unida al delito. En razón de ella se cometió el ilícito y por tanto su juez natural es la Corte Suprema de Justicia. No hay razón para que esto cambie si en el futuro la condición de parlamentario se pierde. El delito cometido continúa calificado por dicha investidura que dio ocasión a su existencia.

La tesis que en el pasado no encontró eco en la Corte Suprema no sólo tiene fortaleza jurídica sino consecuencias políticas que anulan la maniobra del gobierno de poner a salvo a quienes delinquieron en su favor, proponiendo una terna para Fiscal General de la Nación de incondicionales suyos que, como sucedió en el pasado con un personaje de nefastos recuerdos, llevaría los procesos de los parlamentarios renunciados a resultados favorables a sus intereses.

Si la fiscalía ya no tiene la potestad de investigar a ex parlamentarios que delinquieron cuando tenían tal condición y con ocasión de ella, los que hoy votan con ánimo prevaricador la ley que le abre paso al referendo reeleccionista deberán comparecer ante el alto tribunal, renuncien o no.

Sin escapatoria posible, sin el cobijo de un fiscal amigo de sus tesis delictivas, los parlamentarios reeleccionistas enfrentarán una justicia cuya firmeza no ha podido quebrar el ejecutivo. Si a esto se agrega que un posible aliado parlamentario, el Consejo Superior de la Judicatura, permeado por la política, acaba de manifestar que la investigación preliminar contra 86 parlamentarios adelantada por la Corte es por haber votado un proyecto viciado y no por el sentido de su voto, no les queda sino comprobar en carne propia el designio que su jefe, el presidente Uribe, les fijó desde el comienzo: voten antes de que se vayan para la cárcel.

La Corte ha jugado sus cartas jurídicas con propiedad, encabezando la justicia, a estas alturas única guardiana de la heredad. Ahora puede elegir con tranquilidad a Camilo Ospina como nuevo Fiscal General de la Nación en la terna de uno que le presentó el ejecutivo, pues Ospina se encargará de investigar a los demás delincuentes del país. De los de marca mayor que cohabitan en el Congreso se encargará la Corte Suprema de Justicia.

Quedan unos cuantos delincuentes a salvo entre los vericuetos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la propia Fiscalía, pero ya es mucha ganancia que al menos uno de los dos poderes infectados por la corrupción pueda depurarse y en la Colombia de la Seguridad Democrática este solo hecho abre el camino a la esperanza.

Hay "luz en la poterna y guardián en la heredad", por fortuna.

¿Se puede reformar una institución delincuencial, como lo proponen sus defensores y algunos de sus críticos? No, aunque primen las buenas intenciones, porque no se trata de criminales a destajo u organismos paralelos criados en su seno, sino de una concepción del mundo que permanece anclada en la ley de la selva, de una moral permeable a cualquier tipo de ambición, de un convencimiento entre sus integrantes de que la democracia es un estorbo, y de una evaluación maniquea de la sociedad que acoge el perverso dogma el que no está conmigo está contra mí.

Las nuevas revelaciones de la revista Semana colocan de nuevo al DAS en el ojo del huracán: continúan las interceptaciones telefónicas ilegales, esta vez por medio de equipos que le fueron ocultados a la Fiscalía en sus indagaciones por las anteriores “chuzadas” y que ahora, para eludir a la justicia, se ha permitido su utilización a ex agentes del DAS para que, en coordinación con agentes activos, continúen espiando a todo aquel que disienta del gobierno, o por lo menos, se constituya en una amenaza potencial.

Pero no son sólo afirmaciones abstractas. A la par con la denuncia, el medio periodístico da a conocer algunas de las grabaciones efectuadas apenas hace algunos días, poniéndose de relieve varias hechas al magistrado auxiliar Velásquez, quien coordina las investigaciones de la parapolítica. Esto les demuestra a los colombianos que estamos en manos de una camarilla que se ha colocado por encima de la ley, acudiendo a todas las trampas que su privilegiada posición les permite.

Además, tienen eficaces escuderos que fungen como fusibles y les permiten seguir delinquiendo en la sombra: una caterva de funcionarios de segundo orden que se someten a la reprobación pública mientras sus jefes construyen nuevos caminos para continuar espiando a amigos y enemigos, única manera paranoica que encuentran de afianzarse en el poder. Así, con información privilegiada de primera mano, saben a qué atenerse, dónde golpear, a quién comprar, qué chantaje emplear o qué calumnia inventar para adelantarse a sus críticos, tener a buen recaudo a sus aliados y deshacerse de sus enemigos.

A estas alturas su soberbia es tal que no les importan los métodos ni su conocimiento por la opinión pública. Un fiel reflejo de su descaro en encuentra en la conversación que el ex ministro Árias sostenía con Bernardo Moreno desde su Blackberry con frases como ésta: “Me va tocar caer a estrategias bajas por Uribe” en plena discusión del referendo, sentado cómodamente en una de las curules del congreso. Todo es permitido en la particular ética de este grupo que se aferra al poder sin parar mientes en los métodos, no importa si arrasan con las instituciones, deslegitiman el Estado o abren la puerta al autoritarismo.

Pero no sólo se espía, se ponen zancadillas, se calumnia o se compran los favores con remodelaciones, pagos en efectivo o lengüetazos de poder. Igual, cuando sus contradictores no pueden ser frenados, se les elimina físicamente. La matanza sistemática de los awá, ahora la realizada contra la familia de la mujer que denunció al ejército como el autor de la muerte de su esposo, genera sospechas, incluso ahora que se sindica del hecho a otro indígena. Lo propio puede decirse de las víctimas de la violencia que reclaman, de los defensores de derechos humanos que las respaldan, incluso de los propios asesinos cuando quieren confesar, hechos que enseñan a un tenebroso grupo gubernamental que se apoderó de Colombia, tan feroz y sanguinario como la guerrilla que combate, ambos, extremos indeseables de una violencia desmedida que pretende sepultar la frágil democracia colombiana en un círculo vicioso de horror y de muerte.

Hoy, quienes prohíjan la comisión del delito con el voto antes de que se los lleven para la cárcel, pretenden perpetuarse en el poder cometiendo los mismos delitos del pasado que les permitieron torcer la Constitución en su propio beneficio. La diferencia es que hoy la máscara democrática comienza a desteñirse entre sus propios aliados. Aún se les teme, pero la audiencia de ahora no es tan obsecuente como hace cuatro años. Las ambiciones comienzan a destaparse y las verdades ocultas comienzan a salir a la luz.

El referendo reeleccionista se hundirá, no porque carezcan de los votos necesarios para aprobarlo delictivamente en el Congreso, sino porque la Corte Constitucional, ante las abrumadoras trampas que lo hicieron posible, impedirá su consolidación. Pero esto no será óbice para que, a través de otro nombre, otra careta, otro vestuario, otro comodín, este grupo de atracadores siga enquistado en el poder.

Por fortuna, el peor enemigo que tienen son ellos mismos, y sus delitos, errores y soberbia terminarán por derrotarlos. Después de ellos la tarea será ardua. Volver a poner la casa en pie y blindarla con una democracia que privilegie el bien común, un Estado que regrese a las manos de los honestos y un país libre de corruptos, narcotraficantes y violentos de todas las especies y extremos, única forma de construir la libertad.

Mucho camino por recorrer, pero debemos seguir caminando. 

Esas fueron las palabras del ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Dr. Juan Carlos Echeverri, cuando se refería a la gestión de Samuel Moreno, hoy alcalde de Bogotá. En primer lugar, es prudente mencionar cuál es el candidato a la alcaldía del distrito por parte del oficialismo, puesto que le abrieron a este “gato” un par de líneas en El Tiempo con las cuales complementaron la noticia del descenso de la popularidad de Samuel.

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Algo que es curioso ver es la cantidad de canales de televisión que difunden de manera constante los cultos cristianos. Afortunadamente, Colombia es un país en donde sus habitantes tienen la libertad de elegir el culto o la confesión religiosa que se ajuste a sus necesidades espirituales. Por esa razón, la existencia de ABN y CBN, entre otros canales, es una “bendición del señor” ya que muestra, de manera efectiva, la desconcentración del monopolio religioso que tenía la iglesia católica en el país.

Sin embargo, el punto negativo de todo esto es la proliferación excesiva de falsos profetas, quienes interpretan las escrituras sagradas a su conveniencia, induciendo a los incautos y hasta a ignorantes feligreses a que se deshagan de su patrimonio y lo donen al culto, persuadidos por el poderoso miedo a deidades omnipresentes, miedo inherente que resulta el combustible necesario para mantener viva la llama de la fe. Muchas veces, estos falsos profetas extraen versículos de la biblia con los cuales sustentan el por qué los feligreses deben deshacerse de su patrimonio y de su ingreso mensual o esporádico para donarlo a las iglesias; así pues, sin “querer queriendo”, terminan dibujando una especie de deidad con una visera, unas gafas pequeñas cuyo marco se sostiene en la punta de la nariz, dándoles manivela a las viejas calculadoras mientras hace cuentas de toda la riqueza que recibe.

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Pancarta con el rostro dibujado de Manuel Zelaya dentro de una señal de prohibición, durante una manifestación a favor del gobierno de facto hondureño el 30 de junio de 2009 en San Pedro Sula (Foto: giggey vía Flickr, licencia CC-BY-NC)

Depende. En un mundo que se pretende ver en blanco y negro, son las circunstancias mismas en las que se produce el golpe de estado las que determinan su legitimidad. La historia nos da variados ejemplos, pero tenemos algunos cercanos, empezando por el de Costa Rica, que funge hoy como mediadora en el conflicto hondureño, no sólo por su sólida democracia sino también por su autoridad moral, proveniente de la sociedad incluyente y próspera que ha creado y fortalecido a lo largo de 70 años; de su carácter de neutralidad permanente, soporte de su política exterior, proclamada en 1983; y de su abolición del ejército el 1 de diciembre de 1948, entregando simbólicamente el Cuartel Bellavista para ser convertido en centro cultural, según palabras de José Figueres, en su calidad de Presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República.

Pero esta Segunda República, que causa asombro en un mundo donde la fuerza prima sobre la razón, nació de un levantamiento armado del propio José Figueres que derrocó el gobierno de Rafael Ángel Calderón, elegido en las urnas, por pretender desconocer la victoria del candidato opositor, Otilio Ulate. Un año y medio después, en noviembre de 1949, José Figueres le entregó el poder a Ulate, y cuatro años más tarde el propio Figueres fue elegido presidente de la República. A partir de allí Costa Rica tomó un nuevo rumbo, construyendo una sólida democracia que le permitió permanecer ajena a la oleada militarista que asoló el continente, cuyo autoritarismo ahora pretende regresar apoyado en leyes que los gobernantes han torcido en su propio beneficio.

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Mucho se ha escrito y analizado acerca de la composición del actual Congreso. En primer lugar, un gran grupo de parlamentarios (mayoritariamente de la bancada oficialista) han sido investigados, retenidos y condenados por recibir favores de grupos al margen de la ley, sobre todo de paramilitares. En segundo lugar, debido a las actuales reglas, una vez despojado el parlamentario infractor o, en su defecto, habiéndose aceptado su renuncia, la curul pasa al ciudadano que le sigue en la lista de la colectividad según el número de votos. En ciertas ocasiones, no sólo se tuvo la renuncia de un congresista para una misma curul, sino hasta dos y tres renuncias, llevando a ciudadanos con votaciones ínfimas para ocupar los escaños. Actualmente se tiene en los recintos del Capitolio Nacional y el Edificio Nuevo del Congreso legislando a parlamentarios con escasa representatividad; con decir que existe un Representante a la Cámara que con su votación no hubiese ni siquiera alcanzado a pertenecer a la JAL de Teusaquillo.

Ahora bien, muchos de estos congresistas elegidos con la ayuda de las armas del paramilitarismo y demás grupos al margen de la ley, lograron legislar gran parte del periodo, aprobando leyes como la 1151 de 2007, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010”, o el Acto Legislativo 04 de 2007, con el cual se modifica el Sistema General de Participaciones, entre otras iniciativas de gran envergadura. De otra parte, muchos de estos congresistas, elegidos no propiamente por la voluntad popular, ayudaron a truncar las mociones de censura contra varios ministros del despacho, debates que se celebraron por actuaciones por fuera de la ley y la ética pública de estos funcionarios, y también ayudaron a opacar las voces de la oposición en debates de control político necesario para denunciar las irregularidades de la actual administración.

Estos congresistas, elegidos no propiamente de la manera más limpia, engranaban la denominada “aplanadora oficialista” que se reunía en palacio para apoyar el gobierno, dándole al Congreso de Colombia un tinte similar al del Reichstag alemán de 1934. No obstante, aunque tarde, el Consejo de Estado acaba de declarar anuladas las elecciones en casi 600 mesas de votación (unos 33.000 sufragios) y el reconteo de votos, debido a que se comprobó un sinfín de fraudes electorales. Sin embargo, vale aclarar que esto fue producto de la demanda instaurada por el ex procurador Edgardo Maya, en la que exponía que alrededor de 6.500 mesas se encontraban en el ojo del huracán. Es decir, si hubiesen comprobado la ilegalidad en el proceso de todas esas mesas, se podría decir que por lo menos unos 20 congresistas estarían comprometidos, casualmente los que hacen falta para tener equitativo el Senado entre oficialistas y opositores.

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Es importante percatarse de la señal que envió el ex alcalde de Bogotá Lucho Garzón con su decisión de renunciar al PDA. Como él señalaba, parte de las razones, y a mi criterio la más importante, es la imposibilidad por parte del partido en establecer convergencias que derroten el proyecto reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez para el año 2010.

De hecho, en el II Congreso Nacional del PDA, los que el ex burgomaestre señalaba como los “anti-todo” establecieron, a puerta cerrada y con sus avasalladoras mayorías al interior del partido, que no se establecerían acuerdos por fuera de la colectividad si no había una coincidencia total con la agenda programática. No obstante, es importante señalar que pese a lo “romántico” del sueño polista, es totalmente utópico en la actual coyuntura. El partido, aún así se encuentre relativamente ausente de los procesos que han salpicado a la política nacional, está en desventaja frente al poder mediático y propagandístico del oficialismo.

Es evidente que el Joseph Goebbels que tienen guardado en el sótano de la Casa de Nariño haciendo toda la ofensiva en materia publicitaria para el actual gobierno, ha hecho que la opinión pública “despotrique” del actual Personero del Distrito por sus nexos con DMG, pero no diga nada acerca de la importante injerencia que la polémica firma hizo en la recolección de firmas del Referendo Reeleccionista. Ha hecho que la opinión pública ponga en tela de juicio la honorabilidad de dos parlamentarios del PDA que “sonaron” en el asunto de la Farc-política, pero mantiene incólume la imagen del uribismo pese a que más de 60 parlamentarios de la coalición se encuentren encarcelados, judicializados o investigados por nexos directos con los paramilitares. Incluso, ha hecho que se vuelva más importante el asunto del pico y placa de Samuel que los escándalos de la Yidispolítica, la Zona Franca de Occidente, los “falsos positivos”, la pésima política económica que precipitó la crisis, etc.

Así pues, Lucho está en lo cierto, sobre todo, al enunciar la necesidad de hacer una coalición democrática que derrote los intentos de dictadura civil emanados del uribismo. Es más, resulta posible contrarrestar la pérdida paulatina de institucionalidad de los últimos 7 años, si se unen los sectores democráticos de todas las corrientes políticas e ideológicas. A fin de cuentas, no importa se es de derecha o de izquierda, lo que importa es defender a toda costa la democracia. Finalmente, es importante enunciar la necesidad que el PDA se expanda un poco y acepte la invitación de uno de sus más sobresalientes militantes, para que así el ideal de convertirse en el partido de las masas no sólo quede escrito en su ideario de unidad, sino que se convierta en una realidad de cara a las elecciones de 2010.