No existe peor cocktail que la mezcla entre la concepción por parte de muchos de un Dios intolerante con sectas religiosas sedientas de poder político. En lo único que dicha mezcla es eficiente es en detener de manera tajante el desarrollo social y cultural de cualquier nación. Es por ello que se vuelve necesario cuestionar qué tan conveniente es la injerencia y participación de los líderes religiosos en las decisiones públicas.

Esta reflexión surge tras la actual discusión del proyecto de ley No. 51 de 2009, “por la cual se establece el día Nacional de la Biblia”, acumulado con el proyecto de ley No. 112 de 2009, con un título igual de escabroso que el primero. En primer lugar, si líderes religiosos ocupan curules del Congreso de la República es con el fin que participen en los debates de control político y legislen con proyectos que en serio beneficien a la comunidad. El hecho de tramitar una iniciativa para establecer el 31 de octubre como “día de la biblia” no sólo es un desperdicio de esfuerzos en materia legislativa, sino que da muestra de la poca capacitación y calificación de muchos de los parlamentarios. En verdad, resulta desastroso que líderes religiosos, literalmente, “calienten” curul, cuando en ésta deberían estar personas preocupadas por la comunidad; el problema es que éstas no tenían las “santas maquinarias” compuestas de miles de incautos feligreses, como sí las tienen y alimentan líderes religiosos con sus retóricas oscurantistas.

Haciendo una breve evaluación de la participación de pastores y en general, representantes de las comunidades religiosas, la misma se ha limitado a: i) truncar la posibilidad de otorgar derechos civiles a comunidades como la LGBT, ii) impulsar el trámite de iniciativas legislativas como el día de la biblia, la penalización de la infidelidad, entre otras pantomimas y, iii) impulsar una retórica religiosa ortodoxa y radical en un país con libertad de culto.

En primer lugar, el hecho de que ellos se enfrenten a la comunidad LGBT exacerba aún más el clima de intolerancia en un país en el cual se ha mantenido uno de los conflictos civiles más largos de la historia reciente. Lo curioso del asunto es que las doctrinas cristianas afincadas y gestadas en un discurso de amor e igualdad se terminan tiñendo de un falso moralismo, bajo el cual logran hacer visualizar a su Dios como el más intolerante de los inquisidores. Lo contradictorio es que muchas veces los senadores cristianos denuncian en las sesiones plenarias del Senado la discriminación a la cual ellos se ven sometidos, así que ¿cómo esperan ellos recibir derechos civiles y acabar con la discriminación, cuando se empeñan truncar la promulgación de derechos civiles y discriminar a otras comunidades?

En segundo lugar, iniciativas como la del día de la Biblia son asuntos que en un país como Colombia pueden llegar a ser excluyentes. Pese a la mayoría católica y protestante de la nación, también existe cerca de un 10% de la población confesa en otras religiones, las cuales, a los ojos del Estado deben protegidas y respetadas. ¡Y ni hablar de la población atea, agnóstica o sin religión! Entre otras, esta iniciativa surge con el fin de enfrentar la celebración mundial del Halloween, fiesta pagana que nació en Escandinavia, en donde se le hacían en la antigüedad festividades al dios de la muerte y la maldad, y que en la actualidad es una fiesta mundial de naturaleza comercial.

Así pues, si desgastan los esfuerzos legislativos para impulsar una iniciativa de este talante, ¿por qué no tramitan un proyecto de ley para que el 25 de diciembre sea el “día de la conciliación interreligiosa” toda vez que resulta una fiesta —originariamente— pagana y también de naturaleza comercial? Como se sabrá, el nacimiento de Cristo en el calendario romano cae el día 6 de enero, sólo que en uno de los tantos concilios con los cuales se constituyó el cristianismo se instituyó el 25 de diciembre por mera consideración política: se necesita incluir una gran secta la cual tenía una celebración establecida en esa fecha para una de sus deidades. Obviamente, los pastores y líderes religiosos, como se encuentran ocupados engrosando las utilidades de sus iglesias y expandiendo su poder político, no se han percatado de este detalle.

En fin, lo anterior deja explícito lo importante de establecer la regulación necesaria para limitar la participación en el órgano legislativo de los líderes religiosos. No sólo por ellos tratar de legislar con la biblia superponiéndola sobre la Constitución Política de los colombianos, sino por el peligro potencial de contribuir al rechazo de otras comunidades que no van en línea con sus doctrinas y además, por constituir maquinarias políticas bajo un trasfondo religiosos generando ventajas arbitrarias sobre posibles candidatos a las mencionadas corporaciones. Es más, en época electoral, esto sería una propuesta formidable para un país que se debate entre la “godarria” y el desarrollo cultural y social.

En alguna ocasión, el Instituto de Ciencia Política “Hernán Echavarría Olózaga” dedicó el número 16 de la revista Perspectiva a compilar ensayos y artículos en los cuales se desdibujaba el concepto mismo del socialismo, basándose en los errores de los Estados latinoamericanos que han adoptado el modelo en el continente. De hecho, varios de los ensayistas satanizaban prácticas como la intervención en la economía, el estado garantista y la estatización de los recursos extractivos de esas economías. De la misma manera, argumentaban que la política pública encaminada no beneficiaba del todo al fin último del socialismo que es la población vulnerable.

No obstante, independientemente de si se está de acuerdo o no con las conclusiones de la mencionada publicación, es prudente mencionar que deja las bases para indagar sobre cuál es el fin y, de hecho, la población objetivo del nuevo socialismo. Observando también la columna de Rodolfo Arango en El Espectador titulada La definición de la izquierda, se puede observar que los simpatizantes y militantes de los partidos de esta corriente política buscan arduamente una definición, desligándola de las concepciones de socialismo que imperaron en el siglo XX. Y claro está, en medio de la era “antiterrorista” es necesario hacer rigurosamente ese divorcio, pues gran parte de las corrientes socialistas del siglo pasado concebían su actuar político de la mano con un brazo militar clandestino, hoy descalificado en su totalidad.

Sin embargo, en medio del afán de acabar la relación de la izquierda actual con “todas las formas de lucha”, se olvidan de reflexionar en cuál es la población objetivo y el fin mismo del socialismo. Arango hace alusión a una definición del Dr. Carlos Gaviria en donde dice que “ser de izquierda es ponerse del lado de los débiles”. La verdad, siendo el socialismo el régimen cuya principal filosofía es el imperio de la colectividad, resulta bastante contradictorio y excluyente esa premisa. Los débiles y los pobres no son el todo de las sociedades, ni el todo de la colectividad. La sociedad también la componen agentes con situación de poder y grupos poblacionales en “medio de la escalera”, quienes gestan y engranan importantes procesos para lograr y mantener el desarrollo político, económico y social de todos los ciudadanos. Es pues como resulta prudente corregir la máxima sartriana del Dr. Carlos Gaviria, enunciando que “ser de izquierda es ponerse del lado de la sociedad, de la colectividad”.

Es decir, aterrizando lo anterior, lo que busca o debería buscar el socialismo del siglo XXI es el bienestar individual a partir del bienestar colectivo, sin excluir a ningún agente por muy “burgués” que fuere. Desde una perspectiva ejecutiva, la política pública encaminada por las naciones que adoptaran el socialismo bajo la concepción aquí enunciada, debe tener como objetivo proveer los bienes y servicios públicos necesarios a toda la sociedad, desde un enfoque universal, para sanear las necesidades y así, permitir con eso el desarrollo individual. Ejemplo de ello es la provisión de salud, educación y seguridad.

El proponer políticas universales de salud y educación, y de la mejor calidad posible, no es un discurso populista ni “mamerto”, sino que también tiene componentes que buscan beneficiar el desarrollo de los individuos. O alguien puede responder, ¿quién podría surgir de manera honesta y correcta en un país donde prima la ignorancia? ¿quién podría sentirse sano y seguro biológicamente en un país en donde a la gente aún le da tuberculosis, o están latentes enfermedades como la leishmaniasis, fiebre escarlatina, etc.? ¿quién podría constituir emporios empresariales o generar industria, sin tener la mano de obra óptimamente calificada para lograr tal cometido?

De la misma manera se debe pensar con la provisión de seguridad. El hecho de formular políticas de seguridad en un gobierno socialista no lo hace acercarse a la “derecha”. La seguridad, el orden público y el hecho que recaiga el monopolio de las armas en el Estado, son factores importantes para la cohesión social. Resumiendo, el socialismo es una doctrina que busca, a través de la política pública concebida como universal, sanear las necesidades colectivas, en el marco del goce efectivo de los derechos sociales, económicos y culturales de todos los ciudadanos, generando así las bases para el desarrollo individual. Así pues, concepciones de desarrollo tipo “copa rebosada” no entran en esta definición, toda vez que en ellas se encamina la política pública para beneficiar un pequeño sector asumiendo que esto desencadena el bienestar de otros sectores. Tampoco entra la clásica definición de socialismo, en donde se despoja de toda riqueza, independientemente si hubo procesos legales y justos para la generación de ésta, de un sector para, supuestamente, traspasarlo a los “más pobres”. Debe reiterarse que la población objetivo del socialismo actual es toda la colectividad.

Finalmente, políticas como la intervención económica, la estatización de recursos, entre otras, por muy polémicas que parezcan ser, son loables siempre y cuando el directo beneficiado sea la colectividad. En caso en el que sólo se favorezca un pequeño sector o un pequeño grupo de agentes estatales o paraestatales, dichas políticas evidentemente son erradas. La pregunta es, ¿y cómo hacer para determinar si en realidad se beneficia la colectividad? Es ahí donde es necesaria la democracia, el control popular y la veeduría ciudadana. De lo contrario, cualquier intento benévolo de socialismo puede convertirse en dictadura civil, como lo que se ha venido observando a lo largo del continente.

La terna para Fiscal General de la Nación, en la que se reemplazó al controvertido Juan Ángel Palacio por el Consejero de Estado Marco Antonio Velilla, fue de nuevo declarada “inviable” por la Corte Suprema, ratificando su posición de que el titular del ente acusador debe ser un abogado penalista, dados los procesos que debe enfrentar en el ejercicio de su cargo, que no puede delegar en sus asesores.

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Según la W Radio, una emisora de amplia difusión y credibilidad en nuestro medio, la Corte Suprema de Justicia tuvo una reunión en las instalaciones del diario El Tiempo, para reclamar por los escritos de José Obdulio Gaviria, Fernando Londoño, María Isabel Rueda y Mauricio Vargas y pedir el retiro de sus columnas.

Gravísima denuncia pues no sólo mostraba una inaceptable mordaza al periodismo sino el quiebre de la justicia al propiciar ella misma un desconocimiento de la libre expresión, pilar fundamental de nuestra democracia, vilipendiada, atacada y acorralada por los dueños del poder y, por ende, de las verdades absolutas.

Si los guardianes de la ley, encargados por la sociedad para interpretarla y aplicar con el fin de preservar la armonía, dirimiendo los litigios y castigando a sus infractores, desconocían ellos mismos las normas que nos rigen, se completaba el derrumbe del país, dando lugar a consecuencias impredecibles.

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Con el escándalo del Agro Ingreso Seguro creciendo día a día, pues al lado de reinas de belleza y parapolìticos, también hay narcotraficantes que fueron beneficiados, y luego de haber salido públicamente a defender a su ex ministro Árias, arguyendo que hay que incentivar a los poquitos hombres del campo para que se queden, al presidente Álvaro Uribe no le quedó otra salida que salir a regañar a su ministro y pedir a los acaudalados beneficiarios la devolución de los subsidios entregados.

Varias cosas quedan claras. El Agro Ingreso Seguro no fue un programa que se inventó Andrés Felipe Árias, sin darle cuenta a nadie. En el gobierno del presidente Uribe, un plan de tal magnitud tiene que haber sido concertado con él, máxime cuando al final, en una extraña coincidencia, la mayor parte de los beneficiados fueron seguidores suyos desde la primera campaña electoral para la presidencia.

La segunda, es la demagogia presidencial. Regañar al recién llegado Ministro de Agricultura Andrés Fernández, rasgarse las vestiduras hablando de trampas al gobierno cometidas por los beneficiarios al fraccionar los contratos y solicitar la recuperación de los dineros no tiene mayores efectos prácticos, salvo la devolución del dinero por Valerie Domínguez.

La razón es sencilla. Los terratenientes cumplieron con la ley y por ello recibieron los generosos subsidios. Instarlos a devolverlos, sin razón legal alguna, provocaría un alud de demandas, pues alegarían que cumplieron todos los requisitos y que no hay razón alguna para regresar el dinero, máxime si fueron empleados debidamente. Cuantiosas indemnizaciones se ven venir, por lo que la ganancia sería por punta y punta.

La calentura no está en las sábanas y eso lo sabe el presidente Uribe, pero con su habilidad de siempre, ordena que se cambie el tendido de cama para aliviar al enfermo y todos tan contentos pues el presidente habló fuerte y claro. Ya se encontrarán otras maneras de premiar las lealtades electorales. Ya no habrá notarías, ni subsidios agrarios, pero otros incentivos se inventarán, como la multitud de arreglos a los palacios municipales del país que sirvieron para que más “platica” llegara a las regiones y los díscolos parlamentarios tomaran en serio el referendo reeleccionista.

Y mientras sus ministros, los directores de las cárceles, los detectives, las secretarias, hasta los barrenderos son los que tienen la culpa y aparecen en los noticieros como los responsables de la corrupción oficial, quemándose para que el corto circuito no alcance el segundo piso, el verdadero gestor, como lo dijo hace poco una importante revista, anda muerto de la risa.

“Álvaro, los que nos vamos a quemar por ti, te saludamos”. El circo colombiano sigue su marcha. 

La absolución de Luis Fernando Velasco por la Corte Suprema de Justicia plantea serios interrogantes sobre la política criminal que ha hecho de las recompensas un instrumento necesario para combatir con mayor eficacia el delito.

Aparte de las recompensas monetarias que han dado lugar a horrendos crímenes y las institucionales quee promueven ascensos y gabelas a las tropas que tengan mejores resultados en su lucha contra la subversión, fundamento de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), las recompensas punitivas en los procesos penales están dando pie para la impunidad, la retaliación y la injusticia.

¿Hay que creerles a los delincuentes? Como cualquier conocedor del derecho penal lo sabe, no hay que rechazar de plano sus afirmaciones, pero sí tomarlas con pinzas para su cotejo con otras pruebas, con las circunstancias de comisión del delito y el testimonio mismo que debe guardar coherencia, claridad, buen juicio, objetividad, todo lo cual permitirá llegar a una conclusión que se aproxime a la verdad.

Es cierto que la promesa de una rebaja de pena puede estimular al delincuente a contar la verdad, destapando razones, señalando a otros responsables o admitiendo la culpabilidad propia, confesión que le ahorra tiempo y recursos a la administración de justicia y combate la impunidad.

Pero también lo es que por su afán de beneficiarse, el delincuente manipule al juez con señalamientos falsos, o lo que es peor, por retaliación, ganancias económicas o ideología se deshace de enemigos propios o ajenos, como el caso de Tasmania contra el Magistrado Velásquez lo demuestra.

Por ello preocupa el caso de Velasco que pese a tener un final feliz, comprometió gravemente su tranquilidad y la de su familia, más el rechazo social y la angustia de la privación de su libertad, al darle excesiva credibilidad al testimonio de Rocío Arias, desconociendo de paso uno de los derechos fundamentales, la presunción de inocencia.

Otra arista es el monto mismo de la recompensa punitiva. Aunque el estudio y y el trabajo, la aceptación de los cargos o la buena conducta son indicativos de que el reo es buen candidato a reincorporarse con éxito en la sociedad, un beneficio excesivo no sólo le demuestra al delincuente que vale la pena transgredir la ley sino que le envía un pésimo mensaje a la sociedad de laxitud que, al final de cuentas, se constituye en una impunidad disfrazada.

Todo en su justa medida, pues la idea no es una civilización edificada sobre la venganza o la tolerancia sin límites, sino sobre el respeto a las víctimas y el castigo y resocialización adecuados de los victimarios.

Al margen: ¿Por qué la Corte Suprema no puede interrogar informalmente a los paramilitares extraditados y sì puede hacerlo la Procuraduría?  

El programa Agro Ingreso Seguro, que ha despertado polémica en el país por haber favorecido con subsidios cuantiosos y no reembolsables a familias adineradas de la Costa Atlántica, aparte del dilema moral, plantea una política económica, electoral y legal de amplias repercusiones hacia el inmediato futuro y aún más lejos si se tiene en cuenta que la reelección, al menos de la Seguridad democrática, es una realidad cada vez más cercana.

En un país donde la desigualdad social, el desplazamiento y la inequidad se constituyen en la norma, regalarles dinero a los más ricos de por sí concita rechazo, máxime con la creciente desnutrición y mortalidad infantil, el aumento de la indigencia y la explosión de la informalidad, eufemismo para nombrar el rebusque.

Sin embargo, el programa gubernamental va más allá. Hace mucho, pero no tanto como para olvidarlo, Álvaro Gómez Hurtado, como una de las banderas de su programa presidencial, defendió el “desarrollismo”, que luego se convertiría en neoliberalismo, basado en hacer más ricos a los ricos para que crearan más empleos, favoreciéndose al final a los pobres.

En el pasado reciente, Bush en Estados Unidos lo llevó a la práctica con denuedo, dándole gabelas tributarias y toda clase de estímulos económicos al gran capital, sin que repercutiera en mejorar la salud de de la economía. Por el contrario, su manejo irresponsable, con el derroche a la cabeza, llevó a un estado crítico al país.

Al contrario de este modelo, sociedades tan prósperas como las nórdicas, y entre nosotros la chilena o la costarricense, han creado una poderosa clase media que no sólo ha jalonado la economía, creando riqueza, sino que, a su vez, han formado una sociedad incluyente, con instituciones fuertes que han puesto sólidas bases a la democracia.

El presidente Uribe, sin embargo, prefiere el modelo de Bush, convertido a estas alturas en su mentor. Con estímulos económicos, empezando por los tributarios que desangran las finanzas estatales en más de 7 billones de pesos al año, se dedicó a favorecer al gran capital, dejando al garete a los pequeños y medianos empresarios y a los campesinos que asisten impotentes a la consolidación de su desplazamiento con la aparición de la agroindustria, representada por los empresarios de los biocombustibles y por los palmicultores que, sin empacho alguno y con el apoyo del gobierno, se apoderan de sus tierras.

Ahora, para seguir con el ciclo, se inventó el programa Agro Ingreso Seguro, mediante el cual se les regalan cuantiosos recursos a familias adineradas para fomentar la agroindustria. Aparte de que este tipo de proyectos no contribuye a solucionar el desempleo por la escasa mano de obra que emplea, el que sus destinatarios sean reinas de belleza, hijos de políticos y personas allegadas a los encargados de repartir los subsidios deja un mal sabor.

Y aquí se presenta un escenario que deja de lado la ineptitud y la compinchería para mostrar la corrupción en su forma más descarnada. Los favorecidos con los miles de millones de pesos resultaron ser contribuyentes económicos de las campañas presidenciales, del referendo reeleccionista y, por supuesto, debieron aportar muchos votos dada la considerable influencia de que gozan en sus regiones. Incluso, el hijo de un político acusado de nexos con paramilitares está en los favorecidos. El premio a la fidelidad es el nombre del juego.

Al requerírsele por esta feria de recursos estatales, el ex ministro Árias, autor del proyecto, se mostró tranquilo pues los favorecidos cumplieron a cabalidad con los requisitos legales. Lo peor del cuento es que tiene razón y es entonces cuando nos enfrentamos a otro escenario aún más grotesco, consecuencia del autoritarismo que sin freno ni medida se apoderó del país.

Aprovechándose de sus mayorías en el Congreso de la República, el presidente Uribe impulsa leyes a imagen y semejanza de sus intereses, como en el caso de Agro Ingreso Seguro, en el que se pagó el favor al pie de la letra de la ley. No importa que estas normas apoyen la concentración de la riqueza, desvertebren la institucionalidad o legalicen las prebendas. El diseño de un país con una cúpula empresarial en la que se concentre toda la riqueza y todo el poder, garante de la estabilidad y el orden, donde el disenso es un crimen y la democracia un estorbo, es la meta a cumplir.

Desarrollismo, neoliberalismo, Seguridad democrática, Estado de opinión, autoritarismo, son todas ramas de un mismo tronco llamado Álvaro Uribe Vélez. 

Gustavo Petro y Carlos Gaviria en el II Congreso del Polo Democrático Alternativo, en febrero de 2009 (Foto: Omar Vera vía Flickr, licencia CC-BY-NC-SA)

Mientras los ganadores se felicitan, miran a los lados en busca de aliados y marcan territorio, los perdedores restañan sus heridas, adhiriéndose a regañadientes, resguardándose en el mutismo o simplemente despreciando los resultados. Pero aparte de este desorden dentro del hormiguero, la escasez de la votación es un llamado de alerta. Como en otros lugares, la opción gobiernista no sólo gana por su propia fuerza demagógica, por su descomunal exposición mediática y por la repartición de los inmensos recursos del Estado, sino por la propia debilidad de sus contrincantes. Aunque hay con quién, la feria de rivalidades impide construir una oposición seria que se le presente a Colombia como una alternativa real para manejar el país.

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Álvaro Uribe Vélez en Buenos Aires, diciembre de 2007 (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil, licencia CC-BY)

Nada que hacer. El presidente Uribe sigue dando cátedra política, suscitando admiración, rechazo o temor, según como se mire o el lugar donde se esté. No importa el problema que se le atraviese, el primer mandatario siempre tiene una respuesta que valoriza sus intereses, o por lo menos los deja intactos, resguardándose de todo mal y peligro.

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En un hecho sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia, luego de dos meses de deliberaciones infructuosas, le devolvió al Presidente de la República la terna que había enviado para elegir al sucesor de Mario Iguarán.

Como se recordará, el Presidente Uribe, cumpliendo su deber constitucional, envió una terna compuesta por su ex embajador en la OEA Camilo Ospina, el ex Consejero de Estado Juan Ángel Palacio, y María Virginia Uribe, quien se ha desempeñado como abogada en la contratación administrativa.

En audiencia pública, la Corte escuchó a los tres aspirantes y se puso en evidencia su desconocimiento del derecho penal, con errores protuberantes y vergonzosos. Si se tiene en cuenta que el desarrollo de su labor se encuentra enmarcado dentro de esta disciplina del derecho penal, aunque la Constitución no lo exige, es obvio que el Fiscal General al menos debe tener alguna experiencia, conocimiento u orientación en este aspecto.

Agregado a esto, con el correr de los días se supo de cuestionamientos serios a Palacio por supuesta participación en tráfico de influencias en el Consejo de Estado, mientras a Ospina se le criticó su excesiva cercanía al primer mandatario, lo que le restaría autonomía, inconveniencia mayúscula cuando la Fiscalía investiga a muchos aliados de Uribe, al tiempo que de Virginia Uribe se señalaba sus flaquezas jurídicas.

La Constitución manda que se escoja de una terna, de tres aspirantes en igualdad de condiciones y calidades, pero no una en el que sólo hay uno demasiado comprometido con el jefe de estado, otro cuya transparencia es cuestionada y una que funge como un simple relleno. Esta terna era un irrespeto al país y obligar a la Corte a elegir a uno de ellos era poner en manos cuestionadas una institución esencial para nuestra democracia.

¿Prevaricaron los magistrados? Si se interpreta literalmente la norma, podría pensarse que sí, ya que se negaron a cumplir con el mandato constitucional. Pero si la interpretación se fundamenta en el bien común que es el principio esencial de la Carta, se concluye que la conducta del alto tribunal se encuentra ajustada a ella, ya que elegir a un fiscal que no es idóneo para el cargo compromete la estabilidad jurídica y política del país.

Pero si en derecho la actuación de los magistrados provocará un hondo debate con impredecibles consecuencias, políticamente la tormenta que desata esta decisión responsable y seria de la Corte será aún mayor. Con el pretexto de que éste es un ataque de la Corte al presidente Uribe, con la manipulación de la opinión pública se da carta blanca para que sus contradictores adelanten una reforma judicial que la reduzca a su mínima expresión, como se pretende con el Tribunal especial que le quite la facultad de investigar a los congresistas.

El equilibrio que consagró la Constitución del 91, al prever que la elección de las cabezas de estas instituciones cumplirían sus funciones en el período del siguiente mandatario, por lo que el que se encontrara en ejercicio no tendría interés alguno en nombrar personas cercanas a su administración, se perdió con la reelección de Álvaro Uribe, quien postula y goza de la gratitud del nombrado en la siguiente reelección, comprometiendo la independencia del funcionario y prohijando la corrupción consiguiente.

Días tormentosos le esperan a esta maltrecha democracia colombiana, aunque resulta esperanzador que sus instituciones judiciales, a despecho de las otras dos ramas del poder público, aún funcionan, con defectos, errores y lunares, pero funcionan. Y eso es mucho decir en estos tiempos.