Fernando Lugo y Federico Franco, antes de votar la mañana de este domingo; Fernando Lugo es el nuevo presidente del Paraguay (Foto: Campaña de Fernando Lugo / Flickr, licencia CC-BY-NC-SA)

Este domingo, el retirado obispo católico Fernando Lugo Méndez, de 56 años, ha hecho historia al ganar las elecciones presidenciales de Paraguay, con cerca del 40% de los sufragios. Su victoria constituye el fin de la hegemonía de la derechista Asociación Nacional Republicana, mejor conocida como el partido Colorado, que se mantuvo seis décadas en el poder. Luego de una campaña dura, llena de acusaciones entre los candidatos, dudas sobre la legalidad de la candidatura de Lugo (debido a que el Vaticano no aceptó su renuncia a la Iglesia), temores de fraude y una crisis interna del oficialismo, los paraguayos, en las urnas, han decidido entregarle el mando a quien ha sido considerado el "obispo de los pobres", aquel a quien sus críticos le atacan una presunta cercanía con Hugo Chávez e incluso han acusado de pertenecer a las FARC.

Lugo era el candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), una coalición de diferentes partidos y movimientos sociales, que cubren un amplio rango del espectro político (desde la extrema izquierda hasta la derecha moderada), entre ellos el principal partido opositor, el Liberal Radical Auténtico, al que pertenece su fórmula vicepresidencial Federico Franco. El obispo retirado, quien desarrolló buena parte de su labor eclesiástica en el departamento de San Pedro, adquirió fama nacional, más que por su trabajo de Pastoral Social, por su apoyo y liderazgo en manifestaciones campesinas, que tuvieron su origen en la falta de tierra, el avance de la tecnología en la agricultura y la colonización brasileña de las mejores tierras, amén de las grandes reservas de agua, en un país donde el 60% de la población es pobre.

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Manifestantes tibetanos queman una bandera china en Lhasa (Foto: K for Kenspeckle, turista)

Todos los años se conmemoran las revueltas del 10 de marzo de 1959, cuando miles de tibetanos protestaron contra el gobierno comunista chino, que había invadido esa nación en 1950, luego de décadas de haber sido en la práctica una región independiente, merced a la revolución que acabó con la monarquía y a la invasión japonesa a China. Las de este año, no obstante, acabaron por convertirse en unas de las más violentas, a meses de los Juegos Olímpicos de Pekín y horas después de que EUA sacara a China de su lista de los 10 países que más violan los derechos humanos.

Intereses, "progreso" y disputas

Las protestas del 59 ocasionaron la huida del Dalai Lama, líder espiritual y político del Tíbet, y la creación de un gobierno en el exilio con sede en la ciudad india de Dharamsala. Desde entonces, muchos tibetanos han visto cómo el "progreso" traído por el gobierno de Pekín, acompañado de la migración de la etnia han, la predominante en el gigante asiático, fue seguido por el "apartheid" y la represión del "Gran Salto Adelante". La reciente acusación de "genocidio cultural" se basa en cifras sobre las cuales no hay un consenso, y que pueden ir de unos cuantos miles a más de millón y medio de muertos o exiliados. En 1980, tras una visita del entonces secretario general del Partido Comunista (PCCh) Hu Yaobang, el gobierno afirma haber incrementado la autonomía y permitido mayor libertad religiosa, pero luego de una visita del Dalai Lama a EUA en 1987, nuevas protestas se registraron durante meses, las cuales fueron duramente reprimidas por Pekín, que impuso la ley marcial. Desde entonces, cualquier intento de manifestación nacionalista, cualquier bandera tibetana, cualquier fotografía del Dalai Lama, cualquier cosa que tuviera que ver con la independencia de la región sería tratada con más dureza, al menos a ojos de los exiliados. La injerencia de Pekín ha sido tal que existen dos Panchen Lamas, líderes espirituales responsables, entre otras cosas, de encontrar al sucesor del Dalai, uno impuesto por Pekín y otro, reconocido como legítimo por el gobierno en el exilio, encarcelado por el régimen cuando tenía 6 años (hoy Gedhun Choekyi Nyima tiene 18).

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Albanokosovares celebran en Ginebra, Suiza (Foto: Genc B. Kastrati / Flickr, licencia CC-BY-SA)

El domingo a las 15:48 (09:48 hora de Colombia), la totalidad de los 109 diputados presentes en la asamblea de Kosovo aprobó la independencia de la provincia serbia. No asistieron los 11 diputados de las minorías étnicas, entre ellos los serbios. Así concluyó el largo proceso de desmembración de lo que algún día conocimos como Yugoslavia, una artificial creación de las potencias europeas tras el final de la I Guerra Mundial, conflicto que había sido precedido por dos sangrientas guerras en el llamado polvorín de Europa, la península de los Balcanes.

Los serbios se oponen ferozmente a la independencia de la provincia sureña. Después de todo, allí reside, según ellos, el corazón de la nación, allí fue donde en 1389 sus soldados dieron la vida en nombre del Dios cristiano contra los otomanos musulmanes que los derrotaron. Kosovo ha cambiado de manos varias veces a lo largo de la historia, y durante el siglo XX, cuando se convirtió en una de las provincias autónomas de la república yugoslava serbia, sería el lugar donde la etnia albanesa pudo asentar el exceso de su población, a expensas de los serbios. Durante la dictadura de Tito, a la vez que los serbios volvían a ocupar regiones de Kosovo, especialmente el norte, Kosovo ganaba relativa autonomía de Serbia, la mayor república yugoslava.

La historia

Si bien los separatistas albanos fueron reprimidos con dureza por el régimen comunista, igual que hizo con los demás nacionalismos en la siempre conflictiva región balcánica, el deseo de la independencia se mantuvo vivo. Antes de su muerte en 1980, Tito accedió a concederle más autonomía a la ahora provincia, con asiento en el parlamento, asamblea propia y el poder en manos de los comunistas albanokosovares, amén de un convenio con Albania para proveer materiales educativos en ese idioma. Pero las tensiones aumentarían con la partida del dictador, las purgas en el partido comunista kosovar y la participación de la Iglesia Ortodoxa Serbia (la misma que bendijo al ejército serbio que cometería masacres contra civiles en las guerras de Bosnia y Kosovo en los noventa), que buscaba presionar a Belgrado para que actuara en favor de los serbokosovares.

A mediados de los 80, Slobodan Milóšević, quien era uno de los importantes cuadros del Partido Comunista Yugoslavo, fue uno de los que rechazó el llamado Memorando de la Academia Serbia de Artes y Ciencias, polémico documento en que se afirmaba que los albanokosovares estaban perpetrando un genocidio contra los serbios. Para entonces, los actos violentos perpetrados por separatistas se habían intensificado tras las revueltas estudiantiles de 1981. Tras una nueva purga en el partido comunista local y medidas de emergencia, en 1990 el ahora presidente Milóšević revocaría el estatuto de autonomía de Kosovo, iniciando un proceso de "desalbanización" en todos los niveles, así como la "serbización" de la región. Esto, además de la represión estatal, ocasionó un crisis económica que condujo a casi la tercera parte de los albanokosovares adultos a emigrar para conseguir empleo.

Bandera de la República de Kosovo

El fin del partido comunista kosovar haría que la carga de la identidad pasara a la Liga Democrática de Kosovo, presidida por Ibrahim Rugova, quien decidió hacer resistencia civil pacífica contra los serbios, mediante la creación de instituciones paralelas y el boicot de las elecciones y el servicio militar yugoslavo. En 1991, con asamblea kosovar en la sombra, se organizó un referendo que dio como resultado la independencia de Kosovo, reconocida únicamente por Albania y declarada ilegal por Serbia, que, tras la disolución de la antigua Yugoslavia, continuaría e incrementaría, ahora como República Federal de Yugoslavia, la represión contra la mayoría albanokosovar, de religión musulmana.

La frustración tras los pobres resultados de la resistencia pacífica de Rugova radicalizó a algunos albanokosovares, que se adherirían al hasta entonces oscuro Ejército de Liberación de Kosovo (ELK o UÇK por sus siglas en albano), que perpetraría algunos atentados simultáneos contra ciudadanos y autoridades serbias en la región el 22 de abril de 1996. Al año siguiente, una crisis de poder en Albania hizo que municiones y armamento de ese país cayeran en las manos del débil ELK, que también recibiría apoyo de los albanokosovares residentes en el exterior, así como del tráfico de heroína. El ELK, declarado terrorista por Yugoslavia y por EUA, continuaría sus ataques, a la vez que las autoridades de Belgrado buscaban negociar, infructuosamente, con Rugova. A medida que se intensificaba la violencia, EUA y la comunidad internacional, que nunca se endureció con el ELK, exigiría a los serbios detener los ataques en Kosovo. De hecho, algunas versiones de prensa de la época indican que inteligencia estadounidense se reunía con miembros del ELK.

El 15 de enero de 1999, en combates entre el ejército yugoslavo y el ELK, 45 civiles albaneses morirían, en circunstancias que aún hoy son motivo de disputa, en la sureña población de Račak. De inmediato, las potencias occidentales calificaron lo ocurrido como "masacre" y el "incidente de Račak" sería uno de los crímenes por los cuales Milóšević sería juzgado por crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Tras un ultimátum a Yugoslavia y fracasadas negociaciones entre serbios y albanokosovares, a instancias de EUA, el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Rusia, las tropas de la OTAN intervendrían y bombardearían objetivos yugoslavos (tanto civiles como militares; incluido el "erróneo" bombardeo de la embajada china en Belgrado) entre marzo y junio de 1999.

Tras la guerra OTAN-Yugoslavia, las fuerzas de la OTAN (KFOR, Kosovo Force) ingresarían en la región, para tareas de recuperación y de asistencia humanitaria. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobaría la resolución 1244 del 10 de junio de 1999, que ponía a Kosovo bajo administración de las Naciones Unidas, con fuerzas de paz del mismo organismo (UNMIK), aunque garantizando "la soberanía e integridad territorial" de la entonces Yugoslavia, hoy Serbia, y estipulando el desmantelamiento del ELK. Tras el conflicto y durante estos años, más de 800.000 refugiados volvieron a Kosovo, pero más de 200.000 serbios emigraron.

La resolución también preveía una autorización especial a la ONU para iniciar un proceso con el fin de determinar el estatus político de Kosovo, iniciado en 2005 a instancias del ex presidente de Finlandia Martti Ahtisaari, quien redactó un borrador en el que se concedía, sin usar en momento alguno la palabra "independencia", una gran autonomía a Kosovo. Obviamente, la mayoría albanokosovar (el 90% de una población de 2 millones de personas) deseaba la independencia, mientras que Serbia insistía en mantener a Kosovo dentro de su territorio, así fuera en la práctica un protectorado de la ONU. El documento fue reescrito varias veces por petición de Rusia, y al final no se llegó a consenso alguno.

La declaración y la tortuosa búsqueda del reconocimiento internacional

Celebración en Pristina (Foto: A Taste of Kosova / Flickr, licencia CC-BY-ND)

Tras el fracaso de las negociaciones, el gobierno interino de Kosovo, luego de asegurarse el apoyo de EUA y de buena parte de la Unión Europea, decidió declarar la independencia unilateral (y como veremos, limitada). Por consejo de la UE, se decidió que la declaración se haría una vez se realizaran las elecciones presidenciales serbias, en las que fue reelegido el pro-europeo Boris Tadić, del socialista Partido Demócrata Serbio, quien ha rechazado la declaración calificándola de "arbitraria e ilegal", reiterando que nunca Serbia reconocerá la independencia de Kosovo, mientras que el primer ministro Vojislav Kostunica se fue lanza en ristre contra el presidente de EUA George W. Bush, quien para él es "responsable de esta violencia, al igual que sus partidarios europeos" y "quedarán en la historia de Serbia en letras negras", amén de calificar a Kosovo de "estado falso". Serbia ha recalcado que no usará la violencia sino los medios diplomáticos y jurídicos (con la ayuda de Rusia, seguramente) para mantener su soberanía sobre Kosovo.

Por su parte, el primer ministro de Kosovo, Hashim Thaçi, ex guerrillero del ELK, ha dicho que "todos los kosovares, sin distinción de etnia, serán ciudadanos iguales. Estamos construyendo un país en el que todos disfrutarán de los mismos derechos", en referencia a los serbokosovares, que esperan el lunes la visita de varios parlamentarios serbios en señal de apoyo. Thaçi quiere evitar un éxodo como el ocurrido en Croacia, que de darse justificaría protestas de Serbia. Y aunque el presidente de Kosovo, Jakup Krasniq, haya dicho en medio de la euforia que son "un Estado independiente, libre y soberano", la verdad es que el nuevo país depende muchísimo de la ayuda europea, encarnada en la misión EULEX, sustituta de la UNMIK, con el euro como moneda oficial, a pesar de no pertenecer a la Unión Europea, y ayuda de 500 millones de euros durante dos años para fortalecer el sistema judicial, a fin de conjurar la corrupción y el crimen organizado. Kosovo tampoco podrá unirse a otro país (dados sus lazos étnicos con Albania), ni disponer de ejército propio (funciones que seguirá asumiendo la KFOR, de 17.000 efectivos).

Rusia, aliado histórico de Serbia, convocó el domingo a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, donde no se alcanzó consenso alguno. Otra reunión se encuentra prevista para el lunes, con participación de Tadić. La ayuda rusa dificultará la esperanza de Bruselas de ofrecerle a Belgrado el ingreso a la Unión Europea. Ya hubo incidentes en Kosovska Mitrovica, con la explosión de una granada que no causó víctimas, y las violentas protestas frente a las embajadas estadounidense y eslovena (país que preside de turno la UE). La propia Europa se encuentra dividida. Por ejemplo, aunque España había advertido que no reconocería a Kosovo, protestó ante Moscú por unas declaraciones de Vladimir Putin en las que comparaba a la provincia serbia con la situación de los vascos (Madrid, no obstante, tiene 620 hombres en la KFOR).

Desde luego, y a pesar del júbilo y de los agradecimientos de los kosovares a estadounidenses, franceses y británicos, la "independencia" no es gratuita. Aunque Kosovo es una región montañosa y pobre, con un 45% de desempleo, dependencia de las remesas y una población joven, posee importantes reservas mineras, en especial de carbón, cuyas concesiones serían entregadas a empresas de dichos países. Y peor aún, el apoyo, dividido, de la UE y de EUA a Kosovo, en contra de Serbia, empeora las ya difíciles relaciones de Washington con Moscú, quien tiene el poder para vetar la solicitud de Pristina de ingresar a las Naciones Unidas, con la ayuda de China y posiblemente de otros países asiáticos.

Aunque Thaçi había anunciado que 100 países iban a reconocer al nuevo Estado, muchas naciones europeas y de otros continentes prefieren esperar un tiempo prudencial, o a que se tomen las decisiones del Consejo de Europa o del de Seguridad de la ONU. El temor de muchos estados es que, como señaló Rusia, la independencia kosovar siente un precedente y estimule a movimientos separatistas, desde Osetia del Sur, en Georgia, hasta Quebec, en Canadá. En Serbia, muchos no le perdonan a Kostunica haber dejado ir a Montenegro y permitido lo de Kosovo.

Los viejos fantasmas, los mismos de hace un siglo, reaparecen, como señala El Periódico de Catalunya: "los europeos se alinean con EUA para bloquear la ambición rusa de llegar al Adriático, sin reparar en que convierten a Serbia en el chivo expiatorio, promueven las tendencias paneslavas, convocan al fantasma de la Gran Albania y fracturan a la UE". Kosovo se reafirma entonces como una manzana de la discordia en una región donde hace un siglo la situación era tan tensa como hoy. Por lo visto, hay cosas que nunca parecen cambiar.

Carmen Aristegui, durante una conferencia en el Zócalo de Ciudad de México en octubre de 2007, en el marco de la Feria del Libro (Foto: chableproductions / Flickr, licencia CC-BY)

Fuera de México, Carmen Aristegui es conocida por su programa de entrevistas que sale al aire los fines de semana en CNN en Español. Dentro de la nación azteca, la veterana periodista, nacida en la capital, es una respetada y laureada personalidad mediática, ganadora de importantes reconocimientos en su país y del Premio Ondas por el programa matutino Hoy por hoy, de La W Radio México (la otrora legendaria XEW), que presentó por última vez este viernes. Aristegui llevaba 5 años en el programa, al que había llevado a la cima del implacable rating, por un lado, y del prestigio entre los oyentes, por el otro.

Además de ser la única que se atrevió a darle espacio en sus micrófonos al polémico ex alcalde de la Ciudad de México, y perdedor de la contienda presidencial en 2006, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando los demás medios hicieron una especie de "pacto mediático" para silenciar a alias El peje, Aristegui se atrevió a cuestionar la llamada Ley Televisa, nombre que la mordacidad popular le dio a la Ley Federal de Radio y Televisión (algunos se atreven a afirmar que fue redactada en las oficinas de la empresa de los Azcárraga), la cual, básicamente, desregulaba el espectro radioeléctrico permitiendo que Televisa y TV Azteca, los medios más grandes del país, pudieran adquirir, sin costo, un mayor número de frecuencias, ahogando así las voces independientes. A pesar de las demandas de inconstitucionalidad, del inconveniente momento político (previo a los comicios presidenciales), de las críticas y de las declaraciones de algunos legisladores, quienes admitieron haber sido presionados para pasarla, amén de la falta de debate, la controvertida norma fue aprobada por ambas cámaras del Congreso.

Aristegui también siguió con interés casos como el de la periodista Lydia Cacho, quien denunció a pedófilos con protectores de alto nivel, como el empresario Kamel Nacif Borge; el de la indígena Ernestina Ascensio Rosario (caso Zongolica, por la aldea veracruzana de donde es oriunda), presuntamente violada por militares que al final fueron absueltos; o el del cardenal primado Norberto Rivera, quien fuera denunciado en Estados Unidos, acusado de haber protegido al presbítero pederasta Nicolás Aguilar (los jueces californianos se abstuvieron de procesarlo por hallarse fuera de la jurisdicción). Difícilmente esos casos hubieran captado la atención de otros medios, mucho menos con un gobierno derechista y católico.

Pero además de la llamada Ley Televisa, a la que se opuso a pesar de que la estación para la que trabajaba pertenece a ese grupo, en sociedad con los españoles de Prisa, fue la reforma electoral la que le empezó a quitar "poder" a la periodista en su sitio de trabajo. Uno de los apartes prohibía a los partidos políticos comprar espacios en radio y televisión, lo que parecía bien a los ojos de Aristegui, opinión contraria a la de buena parte del gremio periodístico, especialmente de aquellos trabajando para los Azcárraga o los Salinas. Según la publicación opositora Proceso, a finales de 2006 Aristegui estuvo a punto de salir de W Radio, pero fue protegida por el mandamás del grupo ibérico, Juan Luis Cebrián, quien amenazó a los mexicanos con estas tiernas palabras: "si tocan a Aristegui, tocan a Prisa".

Sin embargo, el pecado que Aristegui cometió al informar sobre las manifestaciones a favor de AMLO cuando el candidato izquierdista alegó fraude electoral acabaría costándole el puesto. No veo plausible una excusa más "mercantil", como afirma el columnista de Milenio (medio "cercano" a Televisa) Álvaro Cueva, quien habla de una "tendencia global a privilegiar lo corporativo sobre lo individual"; es decir, mantener a una figura como Aristegui les iba a salir "caro" a Televisa y a Prisa, según él. Cómo no. Las movidas al interior de La W Radio México dicen otra cosa. Según La Jornada, uno de los cuñados del presidente Felipe Calderón fue designado representante de Prisa y nombró a uno de sus protegidos director de La W. Sólo era cuestión de tiempo… o de dejar vencer el contrato, como sucedió.

El viernes, Aristegui dijo en su despedida que el "modelo editorial que hemos practicado estos años en W Radio es incompatible con el modelo de dirección editorial que la empresa ha determinado". Su prestigio no le hará difícil encontrar "chamba" en otro lado, aunque es probable que su audiencia y su influencia decaigan, lo que se constituiría en un triunfo para sus detractores en el poder, a pesar del apoyo que este domingo le brindó un nutrido grupo de manifestantes, que "clausuró" simbólicamente La W. Javier Corral Jurado, un ex senador que fue opositor férreo de la ley Televisa, resumió la conjura en estos términos: a Aristegui "le están cobrando un espíritu crítico y su actitud libertaria", pues contrario a su contraparte colombiana (con "Julito, no me cuelgue" Sánchez Cristo a la cabeza), en La W Radio México se abordaban temas olvidados por la agenda mediática tradicional y se les brindaba espacio a personajes proscritos en otras frecuencias.

Si eso le pasa a una periodista del prestigio de Aristegui, no me quiero imaginar el infierno que vivirán comunicadores con menor renombre en México, y eso que vivimos en Colombia, país donde la "autocensura de los cocteles", la motosierra, el AK-47, los secuestradores de "izquierda" y las vociferaciones de Palacio les cierran la boca a quienes denuncian o les quieren dar una voz a los menos favorecidos. En todas partes se cuecen habas, dicen por ahí.

El ambiente político japonés se caldeó la semana anterior por cuenta de algunas discrepancias personales en el gobierno ante una importantísima cuestión de seguridad nacional, más allá de la toma obligatoria de huellas a los extranjeros -entre ellos los residentes- que ingresen al archipiélago desde el pasado 20 de noviembre, o el eterno temor de un ataque con misiles por parte de, digamos, Corea del Norte. Ante la pregunta de un parlamentario opositor acerca de la "cuestión de los ovnis", la respuesta oficial del gobierno nipón fue: "no podemos confirmar ni desmentir la existencia" de los llamados objetos voladores no identificados. No habría pasado nada de no ser porque dos altos funcionarios, el portavoz y jefe del gabinete y el ministro de defensa declararon, a título personal, que creían en la existencia de los ovnis.

La pregunta

Ryūji Yamane, de 59 años, inició el verano pasado su segundo periodo como miembro de la Cámara de los Consejeros (Senado) por el opositor Partido Demócrata del Japón (PDJ). En marzo de 2005 había mostrado interés por el tema y le preguntó al entonces Ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones, Tarō Asō, por el asunto de los ovnis. El pasado 10 de diciembre hizo lo mismo, pero por escrito y directamente al gobierno central, valiéndose del artículo 74 de la Ley de la Dieta, promulgada al mismo tiempo con la constitución pacifista de 1947. Según el procedimiento legal, el gobierno tiene siete días para emitir un pronunciamiento (aun si se halla incapacitado o impedido para dar alguna respuesta, como en este caso). Dicho pronunciamiento se le encarga al ministerio o la agencia relacionada con el asunto, que luego la transmite para ser revisada y aprobada por el gabinete en pleno. Por tratarse de un asunto relativo con el "espacio", fue el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) el responsable de la respuesta.

En el escrito, que consta de 6 puntos, Yamane, ante la "gran cantidad" de reportes sobre avistamientos de ovnis en Japón y en otros países, decidió pedirle al gobierno aclararle cómo identificaba los ovnis, si había investigación o recolección de datos de inteligencia al respecto, su punto de vista en caso de registrarse avistamientos en el país, si las Fuerzas Aéreas de Autodefensa han detectado o interceptado estos objetos, si ha habido intercambio de información en el asunto con su aliado Estados Unidos y si existían mecanismos para recoger, organizar, analizar y confirmar información proveniente de organizaciones no gubernamentales o de los ciudadanos del común.

La respuesta y los puntos de vista "personales"

En la respuesta oficial, emitida el martes 18 de diciembre, además de no desmentir ni confirmar la existencia de los ovnis, el gobierno afirmó no haber hecho investigación o recopilación de inteligencia alguna sobre el particular, ni considerado tomar medidas especiales en caso de que uno de esos objetos se acerque al archipiélago.

Sin embargo, el portavoz y jefe de gabinete Nobutaka Machimura (el número dos del gobierno nipón) dijo el mismo martes a los medios que creía firmemente en la existencia de los ovnis (entendidos desde luego como naves extraterrestres, no tanto en su sentido literal). Yamane había calificado de "asunto de defensa" y de "interés nacional", mostrando su desazón porque el gobierno ni siquiera se tomaba la molestia de recopilar información. La respuesta de Machimura, en una rueda de prensa semanal, causó risa entre los periodistas, la misma que se apoderaría de los reporteros encargados de cubrir el ministerio de Defensa, cuando el jueves 20 Shigeru Ishiba, titular de esa cartera, se mostró de acuerdo con Machimura (quien dijo no encontrarles otra explicación a las líneas de Nazca, en Perú), en contraste con la actitud del primer ministro Yasuo Fukuda, quien se limitó a repetir lo escrito en el comunicado oficial.

Izquierda: Shigeru Ishiba, ministro de Defensa de Japón (Foto: Cherie A. Thurlby / Depto. de Defensa de EUA, dominio público). Derecha: Estatua de Godzilla en el parque Hibuya de Tokio (Foto: Kici, licencia CC-BY-SA)

Ishiba fue incluso más allá. Además de afirmar que no existían fundamentos para concluir que "no existen los ovnis", y que en su opinión "es posible" que los haya, mostró su preocupación por las implicaciones jurídicas que su ministerio tendría que enfrentar en caso de que una nave alienígena arribara al archipiélago, dada la prohibición impuesta por el artículo 9 de la Constitución de "dar el primer disparo". Poniendo como ejemplo la famosa saga del monstruo Godzilla, destacó que en sus películas las Fuerzas de Autodefensa son desplegadas, pero que casi nadie se preguntaba por la base legal que eso tendría, aparte de no haber escenas en las que aparezcan el primer ministro o el ministro de defensa tomando decisiones. En el caso de los ovnis, no obstante, ellos "no entrarían en la categoría de nación extranjera" aun si hubiera un ataque por parte de alguna nave, y de cualquier modo sería difícil discernir si efectivamente se trata de una incursión en suelo nipón. Divagando, añadió que "si ellos bajaran y dijeran: ‘terrícolas, seamos amigos’, no sería un ataque urgente ni injusto contra nuestro país" y de todos modos sería posible que ni siquiera pudieran entender lo que dicen. El tono, entre burlón y serio, del funcionario arrancó las risas del auditorio que lo escuchó con especial atención en los seis minutos que dedicó al asunto al final de una rueda de prensa.

El viernes intervinieron en el asunto el ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología Kisaburō Tokai y el parlamentario oficialista Toshihiro Nikai. El primero afirmó desear que los ovnis existieran para que los niños se interesaran más en la ciencia, mientras que Nikai, ex ministro de economía, no ocultó su molestia por el tamaño que estaba tomando la discusión. Él y parlamentarios de su partido, el Liberal Democrático (PLD) así como del opositor PDJ, pidieron a los ministros dejar de darle importancia al asunto. Yamane, quien antes de las declaraciones de Ishiba, había criticado a los medios por relacionar el tema con el ocultismo y destacado "la calma y la objetividad" de Machimura, también decidió enfriar el asunto.

Afuera, el temita se volvió otra de esas historias del estilo "esos japoneses sí son raros, ¿no?". Wired.com tituló Japón carece de estrategia respecto de los ovnis, y su comentarista Sharon Weinberger, citando la nota de la BBC al respecto, se indigna ante el hecho de que la segunda economía del mundo no sepa qué hacer y no pueda actuar si los ovnis atacan barcos estadounidenses, por ejemplo. Otros, los convencidos de las reiteradas visitas de nuestros hermanos del espacio, no dudaron en destacar que se trataba del ministro de Defensa de un país, no de "alguien salido de una clínica de reposo" diciendo que lo es y que, aunque pareciera una excusa para el rearme, Japón "no usaría esa clase de técnica para encubrir algo A MENOS que haya algún fundamento para ello". En el blog del columnista de tecnología John C. Dvorak, un comentarista se atrevió a decir que a Godzilla lo protegería la organización ambientalista PETA. Ni hablar de los usuarios de 20minutos.es. Adentro, Jun Okumura no tardaría de burlarse del parlamentario Nakai, quien dijo que "había cosas más importantes en política", como si salvar al mundo no lo fuera. En una columna del Mainichi Shimbun, Kenji Tamaki dijo que tal vez debería sentir un poco de lástima por Ishiba, preguntándose si tuvo una adecuada educación en la escuela.

Lejos de debatir si las naves extraterrestres existen o no, la agenda política nipona, a pesar de la aparente importancia de contar con una estretegia clara de defensa hacia los ovnis, está bien embolatada. Ante la expiración de la ley antiterrorista, que permitía la colaboración nipona en Afganistán (e indirectamente en Iraq, según algunos), los dos grandes partidos han estado debatiendo un reemplazo propuesto por el PLD, bloqueado adrede en la Cámara de Consejeros controlada por el PDJ, buscando forzar al primer ministro Fukuda a disolver la cámara baja y convocar a elecciones; las sesiones de la Dieta han sido extendidas hasta el 15 de enero. El tema de los registros pensionales desaparecidos ha vuelto como un fantasma, mientras que la presión de Australia y Chile, entre otros países, obligó a los nipones a suspender la caza de ballenas jorobadas en el Pacífico Sur. Todo eso sin contar la "histórica" visita del primer ministro Fukuda a China, programada para el 27 de diciembre. ¿Habrá opacado la discusión sobre los ovnis la exitosa prueba de destrucción de misiles de la semana pasada?

"No me pongan Mahoma" (Foto: Mr Jamaji / Flickr, licencia CC-NC-SA)

Aunque Sudán es un país con una grave crisis humanitaria, con el mayor número de desplazados internos del mundo ("honor" que cierto apasionado país tropical está por arrebatarle), y una situación de violencia sin solución a la vista, sólo cuando un incidente más bien "curioso" despierta la indignación de los más acérrimos extremistas y tergiversadores del Corán y las condenas de muchos musulmanes alrededor del mundo -contra las autoridades sudanesas, claro está-, el mundo vuelve sus ojos hacia allá. La novela terminó el lunes, pero sus repercusiones seguramente seguirán por algún tiempo más.

El incidente del osito Mahoma

En julio pasado, Gillian Gibbons, de 54 años, renunció al puesto de vicerrectora en una escuela primaria de Liverpool para embarcarse en la aventura de irse a enseñar a la exclusiva Unity High School, en Jartum, la capital sudanesa. En septiembre, una niña llevó al salón de clase un harapiento oso de felpa. A Gibbons se le ocurrió que un grupo de niños se llevara a su casa, durante el fin de semana, al muñeco con un cuaderno (con la foto del oso y una leyenda diciendo "Me llamo Mahoma"), donde anotarían el registro de sus "actividades", quizás para estimular la imaginación de los pequeños y, además, mejorar las habilidades de escritura en inglés. Gibbons había propuesto "bautizar" al oso Feris, pero ante el rechazo de sus alumnos, decidió someter el nombre a una votación. De los 23 estudiantes, 20 escogieron el nombre Mahoma, el mismo del profeta del Islam y que es muy común en los países musulmanes. Al parecer la elección fue por uno de los estudiantes más populares de la clase que se llama así, Mahoma.

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Moneda de 1 quetzal, con la leyenda "Paz Firme y Duradera" (Foto: Javier Aroche/Flickr, licencia CC-BY)

El ambiente previo a los comicios generales de Guatemala de este 9 de septiembre recuerda mucho las elecciones presidenciales colombianas de 1990. Para el pasado 14 de agosto, hace un par de semanas, Mirador Electoral, una coalición de varias organizaciones que vigilan el proceso, informaba de la muerte violenta de 38 políticos de casi todos los partidos. Guatemala no es ajena a este tenso ambiente. Hace cuatro años se registraron 29 muertes violentas relacionadas con los comicios. Pero el presidente Óscar Berger, quien llegó al poder en 2003 de mano de las élites agrícolas y bancarias, niega la escalada de violencia a pesar del asesinato del alcalde de Santa Ana Hiusta, Werner Velásquez, quien a pesar de militar en la oposición, apoyaba en los comicios al candidato oficialista que aspiraba a sucederlo.

En las encuestas, el centroizquierdista Álvaro Colom, de la Unidad Nacional por la Esperanza (UNE, partido que ha puesto la mayoría de las víctimas), lidera las preferencias del electorado, seguido del derechista general retirado Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (PP), y del oficialista Alejandro Giammatei, de la centroderechista Gran Alianza Nacional (GANA). La premio Nobel de Paz y líder indígena Rigoberta Menchú, que nunca tuvo opción, ha perdido simpatizantes, a pesar de que el 40% de la población guatemalteca es de etnia maya, la cual no se siente representada por el programa de Menchú, acusada también de vínculos pasados con los guerrilleros marxistas. Colom, por su parte, busca reivindicarse de la derrota hace cuatro años a manos de Berger. Ninguno de los candidatos alcanzaría la mayoría absoluta, por lo cual los dos primeros (probablemente Colom y Pérez) irían a segunda vuelta el 4 de noviembre.

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Carteles electorales de 2005. A la izquierda, Jun’ichirō Koizumi, entonces primer ministro; a la derecha, Ichirō Ozawa, líder de la oposición (Foto: Iwate Buddy/Flickr, licencia CC-BY-NC-SA)

Tras la debacle sufrida por el oficialista Partido Liberal Democrático (PLD) en las elecciones de la Cámara Alta, realizadas el pasado 29 de julio, Japón vive un verano lleno de incertidumbre política, tanto por la terca decisión del primer ministro Shinzō Abe de seguir en su puesto, a pesar de las voces que piden su dimisión y de su popularidad en el punto más bajo de su administración, como por la incógnita que despierta el opositor Partido Demócrata del Japón (PDJ), que pasó a dominar la cámara alta tras su victoria de hace dos semanas, acerca de si está preparado para gobernar.

En un hotel de Tokio, el mismo 29 de julio, pesos pesados del PLD, entre ellos el ex primer ministro Yoshirō Mori, debatían el futuro del partido y la posible renuncia de Abe. La información del Mainichi Shimbun y del Asahi Shimbun da cuenta de la reunión de Mori con Hidenao Nakagawa, secretario general del partido, y Mikio Aoki, entonces líder del PLD en la Cámara Alta, mientras los votantes iban a las urnas. Conscientes de que el PLD no iba a alcanzar el umbral de 40 escaños necesarios para sostener a Abe en el poder, Nakagawa y Aoki ofrecieron sacrificarse, pero los tres reconocieron que iba a ser difícil que Abe siguiera en el cargo. Enterado mediante Nakagawa de lo sucedido, Abe llamó al ex premier Mori y le dijo que iba a seguir en el puesto sin importar lo que sucediese, decisión que anunciaría al país antes de las 22:00, mientras la televisión empezaba a informar acerca de la debacle del PLD. Mori respetó la decisión de su ahijado político.

Aunque la Cámara Baja (de Representantes) es la que a fin de cuentas elige al primer ministro, quien heredó de su predecesor Jun’ichirō Koizumi una aplastante mayoría en los comicios de septiembre de 2005, la Cámara Alta (de los Consejeros), con el cambio de poder, puede vetar y hacerle la vida imposible al PLD a la hora de legislar. El triunfo del PDJ es más producto de un castigo a Shinzō Abe –por el escándalo de las pensiones, la corrupción y la incontinencia verbal de su gabinete y la insistencia en temas polarizantes y a la vez intrascendentes para la mayoría de los nipones– que de sus propias virtudes, aunque no se puede desconocer la campaña clientelista y politiquera de su líder, el ex PLD Ichirō Ozawa, quien se ausentó de la celebración tras el cansancio que le dejara su periplo proselitista.

Los eventos inmediatos a las elecciones demuestran el lento desmoronamiento del gobierno Abe: renuncia de Nakagawa, renuncia de Norihiko Akagi, ministro de Agricultura, por corrupción [su antecesor se suicidó por lo mismo], la prensa pidiendo la renuncia y el llamado a elecciones de Cámara Baja (igual que el 47% de los encuestados por el Asahi), aprobación de la resolución H. RES. 121, no vinculante, en la Cámara de Representantes de EUA, instando a Japón a reconocer y disculparse por el caso de las “mujeres de solaz”, o esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial (Abe y su camarilla de ultraderecha han negado sistemáticamente este crimen de guerra), anuncio de remezón ministerial para el 27 de agosto, caída de popularidad a su punto más bajo (22% según el Mainichi) y la revelación de un sondeo, también del Mainichi, en el cual el 70% de los encuestados se mostraron satisfechos de la derrota del PLD.

La presión es ahora para el PDJ, que debe demostrar que está capacitado para gobernar (un sondeo del Yomiuri Shimbun afirma que un 46% de los encuestados creen incapaz de "convertirse en el partido gobernante", frente a un 36% que creía que sí). Pocos presentían que el tema de la alianza con EUA sería el primero en la agenda tras los comicios. A comienzos de la semana pasada, Ozawa rechazó un posible encuentro con el embajador de EUA Thomas Schieffer, tras el anuncio del PDJ de impedir en la Dieta la renovación de la ley que permite a las Fuerzas Marinas de Autodefensa aprovisionar a la fuerza multinacional del Océano Índico, así como el regreso de las tropas que apoyan la reconstrucción de Afganistán.

El encuentro, no obstante, se llevó a cabo el miércoles, con Ozawa dejándole claro al diplomático estadounidense que no iba a apoyar la extensión de la ley, que vence el 1 de noviembre, a pesar de la insistencia de Schieffer en que el asunto era de vital importancia para la propia seguridad de Japón. Ozawa dijo que la invasión de Afganistán por parte de EUA no tuvo “el consenso de la comunidad internacional” y que no iba a abastecer de combustible en el Índico a las tropas británicas y pakistaníes destinadas a la presencia multinacional en ese país. Japón tiene dos buques destructores y un barco petrolero entre el atolón Diego García y las costas de Pakistán. Schieffer se mostró dispuesto a compartir incluso información confidencial con Ozawa para que reconsiderara su decisión. El PLD también “negocia” con el PDJ, ofreciéndole información de las actividades de las Fuerzas de Autodefensa e incluso “revisar” la ley.

Mientras el encuentro de Ozawa con Schieffer se desarrollaba en Tokio, la ministra de defensa Yuriko Koike le enrostraba al viejo zorro del PDJ en Washington su “hipocresía”, pues Ozawa apoyó la participación japonesa en la Guerra del Golfo del 91, e insistía en mantener en buen estado la alianza con EUA, máxime con la expansión militar de China. La facción más derechista del PDJ, encabezada por Seiji Maehara, busca la extensión de la ley, quizás temiendo que EUA tome represalias por la retirada, dada la dependencia nipona hacia ese país con la amenaza latente de Corea del Norte. Respecto de Iraq, el PDJ también se opuso al apoyo nipón a la invasión en su momento y, según el Financial Times, podría impulsar en la Dieta una retirada de la impopular misión, tal vez a cambio de continuar el apoyo de la Marina en el Índico, buscando mostrar así firmeza hacia EUA pero al mismo tiempo manteniendo la alianza, así sea con un bajo perfil. El PDJ sabe que debe saber jugar sus cartas en la política exterior, aun con una débil disidencia a su interior.

Fortalecido y celebrando la victoria, el PDJ logró colocar en la presidencia de la Cámara Alta a Satsuki Eda, ex director de la Agencia de Ciencia y Tecnología del Japón y activista universitario en los años 60 contra el tratado de seguridad nipoestadounidense, impulsado por el entonces primer ministro Nobusuke Kishi, abuelo de Abe. Eda es el primer presidente de una cámara parlamentaria que no pertenece al PLD desde 1955. La nueva vicepresidenta, del PLD, es Akiko Santō. Sin embargo, al haberse conformado hace 9 años a partir de una serie de partidos de variadas ideologías políticas, los demócratas deben sobreponerse a sus contradicciones internas mientras presionan a la coalición oficialista y a Abe a renunciar y convocar elecciones de la Cámara Baja. El nieto de Kishi, por su parte, se mantiene en sus trece, enceguecido por su idea del bello Japón, en parte gracias a la ausencia de reemplazo en el partido.

El ambiente político no podía ser peor: el ministro de Justicia Jinen Nagase es ahora quien enfrenta acusaciones de corrupción, sectores del PLD insisten en la dimisión del primer ministro, el budista Nuevo Kōmeitō, que forma la coalición con el PLD, comienza a considerar el abandonar la alianza tras los resultados electorales y el Nuevo Partido del Pueblo (el de Fujimori) busca con el PDJ congelar la privatización del servicio postal, que fue la consecuencia de la barrida del PLD en las elecciones de 2005. Como apunta el analista Tobias Harris, el futuro de Abe puede depender en gran medida de su mentor, el ex premier Mori, quien en una reunión de viejos zorros de la Cámara de Representantes, en lugar de refutar las críticas de Ozawa hacia Abe, no vaciló en señalar su falta de experiencia.

Mientras el primer ministro disfruta de unas tensas vacaciones antes de una gira por el sur de Asia, el PDJ prepara su artillería para la legislatura que comienza en algunas semanas. Los analistas vaticinan que Abe dimitirá antes de terminar el año o, si aguanta, a comienzos de 2008, aunque existe la leve probabilidad que ni siquiera complete los 12 meses en el cargo el 26 de septiembre. El anunciado remezón para el 27 de agosto podría servir más para dar pistas de quién podría suceder a Abe mientras su eventual sucesor convoca a elecciones de la Cámara de Representantes. Pero por ahora, reinan la incertidumbre y el nerviosismo previos a la humillación final para un primer ministro cada vez más solo y carente de apoyo popular.

Cartel de la campaña del PLD con el rostro del primer ministro Shinzō Abe en Osaka (Foto: m-louis/Flickr, licencia CC-BY-SA)

Aunque las elecciones para la cámara alta de la Dieta nipona suelen ser inocuas, los comicios de este domingo se han convertido, por una serie de factores, en un referendo para el primer ministro Shinzō Abe, que lleva menos de un año en el cargo, tras suceder al carismático Jun’ichirō Koizumi, que estuvo un lustro allí. Si bien es improbable que Abe renuncie, los analistas (incluso los más prudentes) predicen una debacle para la coalición conformada por el –eternamente— oficialista Partido Liberal Democrático (PLD), de centroderecha, y el budista Nuevo Kōmeitō (NK).

En este especial, les contaremos cómo han sido los 10 meses de la administración del primer ministro Abe, cómo sus políticas han despertado polémica y cómo su popularidad se ha desplomado en medio de los escándalos y las metidas de pata de su gabinete. También les explicaremos las plataformas y los programas propuestos por los principales seis partidos y les presentaremos a dos candidatas, en orillas ideológicas opuestas, que, independientemente de sus posibilidades de alcanzar una curul, han atraído la atención de los medios. Finalmente, les presentaremos un panorama del ambiente electoral y de lo que podría (o no) pasar con Abe y con su partido, el PLD.

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Sin saber si, en caso de ser elegido senador en Japón, el ex presidente peruano Alberto Fujimori pueda desempeñar sus funciones legislativas a pesar de su detención domiciliaria en Santiago de Chile, el ex mandatario apela a su imagen dentro del país de sus ancestros tras resolver exitosamente la crisis de los rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima hace diez años.

El lunes, el partido derechista Kokumin Shintō, o Nuevo Partido del Pueblo (NPP), presentó oficialmente a Alberto Ken’ya Fujimori como candidato de la 10a. circunscripción de Tokio bajo el sistema de representación proporcional (por el cual el votante puede elegir bien sea un candidato o la lista del partido que lo respalda), tras haber aceptado el pasado 27 de junio la propuesta. Shizuka Kamei, presidente del partido, ha expresado su "confianza" en la victoria de Fujimori y en que, a fin de evitar un "problema internacional" entre Japón y Chile, este último país accederá a permitirle desplazarse al país de sus ancestros.

Horas antes de que la campaña para las elecciones a la Cámara de los Consejeros japonesa comenzara de forma oficial, el juez chileno Orlando Álvarez rechazó en primera instancia el pedido de extradición de Fujimori a Perú, por cargos de corrupción y violaciones de derechos humanos durante su mandato de diez años (1990 – 2000), debido a tecnicismos sobre la tipificación del delito de "asociación ilícita" (parecido a nuestro "concierto para delinquir") y la supuesta falta de pruebas de la participación de Fujimori en los actos que se le imputan, a pesar de la recomendación, no vinculante en todo caso, de la fiscal chilena Mónica Maldonado y del procesamiento judicial de decenas de miembros de las Fuerzas Militares implicados en crímenes cometidos durante la década de gobierno del Chino.

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