Propiedad intelectual sin interés público
Artículo destacadoPor carobotero
martes 20 de mayo de 2008 9:04 COT
(Foto: Francisco Javier Argel [Totoro!] / Flickr, Licencia CC-BY-NC)
En estos días está siendo analizada en Ginebra la estrategia y el plan de acción que facilite el acceso de medicamentos, especialmente para los países en vías de desarrollo, en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta estrategia fue elaborada por un grupo designado por dicha organización como resultado concreto de un informe de especialistas sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual que se presentó en el marco de la OMS en el 2006. En el número más reciente de la revista Semana se comenta cómo hace poco en una de las reuniones de la OMS Colombia adoptó una posición radical sobre “protección” a la propiedad intelectual en este marco.
Indica Semana que “Colombia tomó una posición contraria a la del grueso de naciones en desarrollo, e incluso fue más conservadora que Estados Unidos, y parte de Europa, que están defendiendo a los grandes pulpos de los medicamentos”. En el artículo se resalta que la posición de Colombia en este marco ha sido la de “plantear que la OMS debe abandonar estos temas, por considerarlos del resorte de las organizaciones mundiales del comercio y de la Propiedad Intelectual”. El artículo explica la propuesta de los países en desarrollo sugiriendo que la motivación de Colombia para adoptar esta posición se vincula con la búsqueda a cualquier precio por que el TLC con EEUU sea aprobado y como en consecuencia se convierte en el defensor de su industria.
Como a casi cualquier persona que lea ese artículo también me quedé con un sabor amargo, sin embargo no me sorprende ya que soy consciente que el artículo expone la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano en representación de nuestro país en el área de propiedad intelectual que se aplica en propiedad industrial y que es esencialmente la misma para temas de derecho de autor, como se evidencia en su actuación frente a la propuesta de Chile en la Agenda para el Desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en este campo.
En 2006 Chile presentó en el marco del Comité Provisional sobre Propuestas relativas a un Programa de la OMPI para el Desarrollo (PCDA) una propuesta que incluía dos planteamientos concretos (a) la valoración del dominio público y (b) la importancia de los sistemas complementarios a y en la propiedad intelectual (licenciamientos alternativos y mención concreta a Creative Commons). En este marco Colombia se opuso tanto a la primera como a la segunda en temas que también en este campo vienen cohesionando a los países en desarrollo y ganando simpatizantes entre los países desarrollados.
Como en el caso de los medicamentos, el sustento del rechazo de la delegación colombiana a estas propuestas tiene su fundamento en que se trata de un tema que es propio de los particulares y no de resorte del Estado. En supuesta coherencia con esta posición Colombia fue el único país que rechazó la propuesta de fortalecer el dominio público indicando que se trata de “un conocimiento que no es susceptible de protección a través de la propiedad intelectual, o que siéndolo, ha perdido dicha protección, razón por la cual es de libre acceso y aprovechamiento por parte del público (y) el trabajo de difundir las creaciones que se encuentran en el dominio público, no es una labor que atañe a la OMPI sino a los particulares, ya es de ellos”. De manera similar Colombia se opuso a que se hiciera referencia a sistemas de licencias abiertas, y más concretamente a las licencias Creative Commons, por que el derecho de autor tiene como fin otorgar protección a los autores de obras literarias y artísticas permitiendo el control de los mismos sobre sus creaciones, de manera individual y según sus propios intereses y propósitos, por lo tanto no debe el Estado inclinarse por modelos de gestión de los derechos de autor de una u otra manera.
Si Colombia no ha considerado el marco necesario y amplio de la salud pública en países en desarrollo, mucho menos parece estar pensando en el sistema jurídico de derecho de autor como un todo donde tan importante es el derecho particular de los autores como la posibilidad de garantizar a la sociedad la disponibilidad del material intelectual, cultural y científico que se soporta en derechos tan importantes como el derecho a la información, a la cultura, a la educación, etc. (por cierto, derechos que también son derechos humanos y respecto de los cuales el Estado colombiano también ha adquirido compromisos internacionales). En consecuencia nuestro país no ha analizado las particularidades del dominio público, su importancia en la academia, en la ciencia, en la música tradicional (que en gran parte ni siquiera pasa por el derecho de autor porque no tiene autor conocido o en general no cumple con la categorización de “obra” que le haría merecedora de tal protección), no ha estudiado la utilidad de los nuevos sistemas de licenciamiento abierto en estos sectores como mecanismos de impulso y participación que favorece procesos creativos, facilita transferencia de conocimientos e impulsa innovación. En resumen no ha mirado sino el tema de la industria.
El argumento central de Colombia para adoptar esta línea es que el Estado debe limitar su intervención en las relaciones comerciales de los particulares, lo que debe es promover la libre competencia económica consagrada en la Constitución Nacional, un argumento que escuché a los funcionarios del Estado en las tres oportunidades en las que estuve presente dentro de las presentaciones del Documento Conpes sobre Propiedad Intelectual que refleja precisamente esa misma tendencia. El Estado colombiano parece adherirse a una posición en la que la propiedad intelectual tiene su fundamento y razón de ser en la industria relegando su marco de influencia en áreas públicas como la educación y la cultura a un segundo plano. De hecho las suspicacias de los periodistas de Semana en relación con los intereses que hay detrás de la posición colombiana ya la tuvieron otros periodistas en el ámbito del derecho de autor que sospechan de los intereses que se están protegiendo.
Que estamos frente a una estrategia y posición oficial no hay duda. mientras que en el mundo las universidades más importantes adoptan esquemas de acceso abierto, mientras se define incluso en la arena legislativa de países desarrollados que es deseable que el conocimiento financiado con dineros públicos sea accesible y disfrutable por todos, cuando incluso quienes desde la filantropía privada optan por esquemas abiertos porque ha fracasado el sistema de propiedad intelectual, cuando hasta el sector financiero ha decidido aplicar mecanismos abiertos en los desarrollos que financian, en Colombia Colciencias decide que el conocimiento que se produce con su apoyo financiero no es de los colombianos en general sino del investigador en particular. Por loable que sea la intención de Colciencias, con esta decisión reitera la posición oficial del Estado colombiano que favorece el interés particular sobre el público, aunque admito que en este caso tiene una consecuencia positiva: deslegitima críticas desde el sector público a proyectos de software libre financiados con fondos públicos porque no sería válido afirmar que el Estado puede “regalar” sus intereses económicos a favor de unos particulares y no puede hacerlo a favor de la sociedad, como ocurre con el software libre.
Menciona Semana que las críticas fueron rechazadas por la vicecanciller Adriana Mejía, quien les dijo que la posición fue pactada con los ministerios que participan en el tema. "Colombia considera que es importante trabajar por el acceso a los medicamentos de los más pobres, pero es claro que se deben respetar los acuerdos mundiales y las instancias para discutir unos asuntos tan técnicos y delicados", afirmó, y añadió que es absurdo pensar que el país estaba defendiendo posiciones de otros… me parece a mí que el tema no está cerrado pues precisamente el problema es que es una posición oficial en la que el Estado está comprometiendo todos sus recursos y nuestro futuro en una posición radical que en todo caso tiene algunas fracturas como la que mostró la Corte Suprema de Justicia hace tan solo un mes.
martes 20 de mayo de 2008, 12:40 COT
creo que es un artículo muy bueno, ojalá la gente se animara a leerlo, sobretodo con temas tan delicados.
verónica
http://unriodesal.blogspot.com/
martes 20 de mayo de 2008, 22:53 COT
Carolina
Qué cinismo el de los funcionarios a los que haces referencia. Si así es con lo que comentas, es obvio esperar algo similar (o incluso peor) con la biodiversidad y el patrimonio ecológico del país. Como lo que comenté hace un año largo acá en esta casa sobre el TLC y la biodiversidad.
Excelente entrada, como siempre en tus escritos.
Un saludo!
miércoles 21 de mayo de 2008, 03:42 COT
Gracias Verónica y Germán, el problema o la preocupación principal en relación con este tema es que sin rubor nos digan que el comercio y la economía van por un lado y la cultura, la educación, el interés público por otro… que no pueden dialogar y que uno es de mejor familia que el otro.